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Interior reforzará la UCO con 15 guardias civiles en plena investigación sobre Ábalos y Cerdán

Los agentes elegidos recibirán un incentivo económico durante los seis meses que permanecerán en la unidad

El Ministerio del Interior ha publicado en la intranet de la Guardia Civil un anuncio para reforzar a partir del próximo 1 de septiembre y durante seis meses la Unidad Central Operativa (UCO), el buque insignia del instituto armado contra el crimen organizado y la corrupción y que, entre otros casos, participa en las pesquisas en las que están imputados los exdirigentes del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En concreto, la intención es que se incorporen 15 agentes voluntarios de las escalas de guardia, cabos y cabos primeros, según la documentación interna a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Según el anuncio colgado en la intranet, los aspirantes deben tener conocimientos de las aplicaciones ofimáticas más habituales, “singularmente Microsoft Excel”, y se valorará su conocimiento de idiomas, “principalmente inglés y francés”. Además, también se tendrá en cuenta si tienen “cualificación específica de Policía Judicial” o han ocupado puestos en unidades de esta especialidad. Durante los seis meses que durará la denominada “comisión de servicio”, los agentes cobrarán dietas, pero tendrán que renunciar “voluntariamente” a las vacaciones de verano que ya tuviesen concedidas. Los interesados deben enviar sus curriculums para participar en el proceso selectivo, que comenzará el próximo 4 de julio.

Fuentes de la Guardia Civil señalan que no es la primera vez que Interior refuerza la plantilla de la UCO mediante comisiones de servicios, bien para cubrir vacantes o como refuerzo puntual. Ya el año pasado hubo un anuncio similar, añaden. En la actualidad, esta unidad ―que creada a finales de los años ochenta por el Gobierno socialista de Felipe González con un reducido número de agentes― cuenta con más de 700 efectivos y se ha hecho célebre por resolver sucesos como los asesinatos de Diana Quer, el niño Gabriel o los dos agentes de Barbate, pero sobre todo por participar en investigaciones con un importante calado político.

Así, además de la investigación que cerca a Ábalos y Cerdán ―integrantes de esta unidad han realizado este viernes el volcado de los correos electrónicos de ambos en el Ministerio de Transportes y la sede federal del PSOE de la calle Ferraz, respectivamente―, agentes de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción intervienen en otras pesquisas mediáticas. Entre ellas, el caso Begoña Gomez, en el que está imputada la esposa del presidente del Gobierno; la causa en la que se investiga la supuesta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz y la que tiene en el foco al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz. Antes habían participado en otras investigaciones sonadas, como los casos Púnica, Lezo, Erial o Taula, que salpicaron a conocidos dirigentes del PP; la Operación Pretoria, que afectó a la antigua Convergència; o el de los ERE, que sacudió al PSOE en Andalucía.

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