El nuevo interventor general de Andalucía dejó sin justificar 116 millones de la empresa que dirigía

El interventor general de la Junta de Andalucía (PP), Miguel Ángel Figueroa, nombrado el pasado 8 de enero, no justificó un agujero económico de 116 millones cuando dirigió la agencia Idea entre 2022 y 2024. Esta empresa pública se creó para dinamizar el mercado con ayudas a empresas, pero fue muy cuestionada en el caso de los ERE fraudulentos. Figueroa ha recibido varios reproches de la propia Intervención que ahora lidera. El máximo responsable del órgano que fiscaliza el presupuesto del Ejecutivo autonómico, de 48...

El interventor general de la Junta de Andalucía (PP), Miguel Ángel Figueroa, nombrado el pasado 8 de enero, no justificó un agujero económico de 116 millones cuando dirigió la agencia Idea entre 2022 y 2024. Esta empresa pública se creó para dinamizar el mercado con ayudas a empresas, pero fue muy cuestionada en el caso de los ERE fraudulentos. Figueroa ha recibido varios reproches de la propia Intervención que ahora lidera. El máximo responsable del órgano que fiscaliza el presupuesto del Ejecutivo autonómico, de 48.871 millones, eludió aclarar ante la Intervención por qué en la contabilidad de la agencia Idea aparecían 116 millones en el pasivo sin que Idea sepa a qué corresponden, lo que motivó una seria censura de sus actuales subordinados. La Consejería andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha intentado tapar dicho agujero mediante un decreto ley con el que la Intervención General mostró su desacuerdo.

Ante esta ausencia de justificación económica que ha provocado que Idea no presente sus cuentas desde 2020, los interventores reprendieron a Figueroa en un duro informe de control financiero finalizado dos años después: “Es importante resaltar que, al margen de las cuestiones estrictamente contables, en el caso de que la Agencia no consiguiese identificar y depurar los saldos acreedores frente a la Junta por actuaciones de intermediación, por importe de 116.622 miles de euros [sic], ello supondría que Idea ha empleado fondos públicos por dicho importe sin que se tenga constancia del destino de los mismos”. Es decir, nadie en esta gran empresa pública andaluza sabía justificar por qué tenía 116 millones en su saldo acreedor con la Junta. Tampoco Figueroa.

Los altos funcionarios que a finales de 2022 auditaron las cuentas anuales de Idea correspondientes al ejercicio de 2020, emitieron una opinión desfavorable por esos 116 millones y afearon a Figueroa que evitara regularizarlos. “Si bien las salvedades detectadas corresponden en su mayoría a ejercicios anteriores y no son responsabilidad de la actual Dirección de la Agencia, sí lo es la depuración y regularización de las cuentas anuales de 2020 antes de su definitiva aprobación y de cara a su próxima integración en la Agencia TRADE”, censuraron los interventores, hoy bajo las órdenes de Figueroa, en dicho informe, de 237 páginas. El contundente expediente fue remitido por la Intervención General a Idea, la Consejería de Hacienda y la Cámara de Cuentas andaluza.

La presentación de cuentas a final de año es un trámite esencial para las empresas, sobre todo para las públicas, ya que da una imagen fiel de sus cuentas anuales: incluyen la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo que refleja la tesorería, el balance que fija el patrimonio tras contabilizar activos y pasivos, y la memoria.

Al preguntarle por qué no presentó Idea sus cuentas durante cinco años, Figueroa echa balones fuera: “Pregúntaselo al que estaba al frente, yo solo estuve dos años”, responde sin precisar más. La Intervención General de la Junta está en el ojo del huracán informativo desde que la predecesora de Figueroa, María Antonia González, cesara en su cargo el pasado 8 de enero y tres semanas después el nuevo interventor general destituyera a cuatro de los ocho jefes de división, un hecho inédito en la historia del órgano fiscalizador y que la oposición política tildó de “purga”. Dos semanas después trascendió la reunión en la que la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, había advertido en diciembre a la cúpula de la Intervención General: “Hace falta un nuevo interventor general con mano dura que os meta en cintura”, espetó la número dos de la Consejería a la cúpula del cuerpo de élite de funcionarios, según varios testimonios coincidentes presentes en la reunión. Un mes después, Figueroa aterrizó en el cargo.

Martínez afirma que el agujero económico viene de muy atrás. En primer lugar, dijo que correspondía a “un convenio neutro entre la Consejería de Empleo e Idea” y luego declaró que se debe a “intermediaciones entre consejerías, fundamentalmente Empleo”. “Entonces se pagaba todo lo que decían los socialistas (...) Desde 2019 estamos intentando saber a qué corresponden esos millones”, alega.

Desde el grave reproche emitido en 2022, Idea no ha seguido las recomendaciones de la Intervención, ya que las cuentas siguen sin presentarse cinco años después. No se han aprobado las de 2020, 2021, 2022 ni 2023, como se deduce de los informes de fiscalización de la Cuenta General de la Junta andaluza realizados por la Cámara de Cuentas. Ante la censura reiterada de los interventores, según establece el reglamento de la Intervención, el siguiente paso debe ser un informe de actuación que ahora emitiría Figueroa sobre su anterior actuación, por lo que estaría ante un evidente conflicto de interés. Hay incluso un precedente que señala el camino: en 2014 el interventor general emitió un informe de actuación por fondos no reintegrados a Idea tras conceder avales a las empresas.

El informe de actuación, que alerta de la no adopción de las recomendaciones de la Intervención, es una alerta roja que eleva el interventor general de la Junta a la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, cuando todos los avisos de la Intervención han caído en saco roto y hay un claro incumplimiento contable de un órgano que debe resolverse desde estamentos administrativos superiores. “La contabilidad de Idea siempre ha sido un desastre y sus responsables decían que ese pufo era tan antiguo que no sabían en qué se había gastado porque venía de la etapa socialista. No sabían o no se pudo depurar, siempre con balones fuera y tampoco daban soluciones parciales”, explican fuentes del caso.

La diputada andaluza de Vox Alejandra Jiménez criticó hace tres semanas en el Pleno del Parlamento que Idea [Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía] no haya presentado sus cuentas desde 2020, pero la consejera guardó silencio y no aclaró el interrogante. “La Consejería de Economía se ha convertido en un camarote de los hermanos Marx. La norma es un pufo para cubrir expedientes y las chapuzas les saltan a la cara, consejera. Figueroa y su antigua agencia Idea lleva sin aprobar ni presentar sus cuentas desde 2020, como denuncia la Cámara de Cuentas. Los papeles aún están en las cajas. ¿No estarán sin presentar las cuentas de Idea porque haya pasivos que no se puedan justificar? Aclárelo, consejera”, le espetó la parlamentaria a España.

Como Idea no aprobó sus cuentas en 2020, esos balances no figuraron en la Cuenta General de la Junta andaluza, que compila a finales de año todos los ingresos y gastos, algo reglado por ley. “Es una salvajada que Idea no presente sus cuentas”, resume perplejo un ex alto cargo de la agencia. Pese a esta anomalía, el reproche de la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización sobre el ejercicio 2022 fue leve: “La Cuenta General rendida no incluye los estados financieros, aunque sí parcialmente los presupuestarios, de la Agencia Idea, al encontrarse aún pendientes de aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2022, tanto individuales como consolidadas”, reza dicho expediente. El responsable de formular las cuentas de Idea es su director general (Figueroa entre 2022 y 2024) y el Consejo Rector (que preside Martínez con cuatro vocales) las aprueba.

Al margen de su abultado presupuesto anual, Idea se ha nutrido durante años de transferencias de financiación desde diferentes Consejerías que a finales de año no lograban ejecutar su presupuesto. La poderosa agencia era como un cajón de sastre que asumía millones para dedicarlos a avales, préstamos o subvenciones a empresas y así dinamizar el mercado. Sin embargo, parte del dinero recibido debía devolverlo Idea a las Consejerías y esos 116 millones nunca volvieron, para imputarse al pasivo de la agencia. Hace tres años que Idea va menguando y su presupuesto ha caído de 264 millones en 2022 a 246 en 2023, 121 en 2024 y solo 31 millones este año porque la Junta la está liquidando para integrarla en la macroagencia TRADE (Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico) antes de desaparecer.

Tras la censura de los interventores a finales de 2022, la Junta ha intentado tapar la brecha en sus cuentas mediante una disposición adicional de un decreto ley, con la negativa de la cúpula de la Intervención General, funcionarios auditores que verifican el cumplimiento de la ley en cada gasto del Presupuesto andaluz. Con dicha disposición, la Consejería de Hacienda pretendía autorizar a Idea a dar de baja los saldos pendientes con la única referencia del número de la cuenta a regularizar, sin mencionar el montante de los 116 millones y sin explicar por qué se eliminaban de un plumazo, para así evitar llamar la atención de la oposición, según fuentes del caso.