El Gobierno inhabilita definitivamente a la principal empresa corrupta del ‘caso hidrocarburos’

La investigación no halla indicios de trato de favor por el Ministerio para la Transición Ecológica, quien tardó dos años en autorizar a Villafuel tras denegar la primera solicitud por falta de solvencia financiera

Víctor Aldama, en diciembre, a su llegada al Tribunal Supremo.Andrea Comas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inhabilitará de manera definitiva a Villafuel, operador al por mayor de productos petrolíferos y principal firma acusada en la trama de corrupción masiva del caso hidrocarburos, investigada por la Audiencia Nacional. Los empresarios Víctor Aldama y Claudio Rivas lideraban supuestamente la red corrupta a la que se atribuye un fraude fiscal...

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inhabilitará de manera definitiva a Villafuel, operador al por mayor de productos petrolíferos y principal firma acusada en la trama de corrupción masiva del caso hidrocarburos, investigada por la Audiencia Nacional. Los empresarios Víctor Aldama y Claudio Rivas lideraban supuestamente la red corrupta a la que se atribuye un fraude fiscal de 182 millones de euros. Aldama también es, según la Guardia Civil, “el nexo corruptor” en el Ministerio de Transportes que logró negocios multimillonarios a cuenta de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia y pagó supuestamente comisiones ilegales al exministro José Luis Ábalos y su principal asesor ministerial Koldo García.

La decisión ministerial sobre la inhabilitación definitiva de Villafuel es inminente y se producirá tres meses después de que el Ministerio para la Transición Ecológica abriese un expediente tras conocer la detención el pasado 7 de octubre de Víctor Aldama y Claudio Rivas como principales responsables del entramado empresarial corrupto.

El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el 15 de octubre pasado a Villafuel información sobre la actividad de la empresa y el cumplimiento de los requisitos obligatorios para operar en el mercado, pero no recibió respuesta. Este silencio, con los dos máximos responsables de Villafuel en la cárcel, motivó la apertura de un expediente urgente para la inhabilitación temporal de la empresa, que quedó así fuera del mercado. El ministerio publicará ahora en el Boletín Oficial del Estado la orden de inhabilitación definitiva de una empresa que empezó su andadura en el mercado hace cuatro años.

El 8 de enero de 2021, Villafuel presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud de inicio de actividad como operador al por mayor de productos petrolíferos. El proceso administrativo consiste en una declaración responsable que los técnicos del departamento analizan para comprobar que la empresa cumple con los requisitos legalmente establecidos. Si no hay reparos, el ministerio remite la comunicación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para dar de alta al nuevo operador. 11 meses después de la solicitud de Villafuel —noviembre de 2021—, Transición Ecológica comunicó a la empresa la inadmisión de su solicitud al no cumplir con el requisito de solvencia financiera: necesitaba acreditar unos fondos propios superiores a tres millones de euros y no pudo.

Villafuel presentó un recurso de reposición contra la decisión, pero el ministerio lo rechazó, por lo que la empresa volvió a presentar una nueva solicitud tras plantear antes una serie de consultas a los técnicos del Ministerio por videoconferencia. El 15 de junio de 2022, la firma de Rivas y Aldama presentó nuevos documentos para acreditar su solvencia financiera mediante certificados de una auditora externa. Transición Ecológica dio su visto bueno definitivo a primeros de septiembre de 2022. Villafuel comenzó a operar el 15 de septiembre de 2022 y las alarmas por la actividad de esta firma sonaron por primera vez el 17 de mayo de 2023. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos avisó de un nivel de ventas de Villafuel muy por encima del plan declarado al cursar la solicitud. Este hecho motivó que el ministerio impusiera una actualización del plan de ventas que Villafuel debía cumplir.

Un año después, el Ministerio de Hacienda detectó el fraude fiscal multimillonario y tras recabar todas las pruebas por la Fiscalía Anticorrupción, los principales cabecillas de la trama, Aldama y Rivas, fueron detenidos por la Guardia Civil y encarcelados por decisión judicial. El juez instructor, Santiago Pedraz, decidió un mes y medio después dejar en libertad a Aldama a petición de su abogado y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Lo hizo el mismo día que el empresario había declarado ante el juez del caso Koldo acusando sin pruebas de diversas corruptelas a varios ministros, altos cargos y dirigentes del PSOE.

La investigación del caso Hidrocarburos se cruzó con la desarticulación de otra trama corrupta que colonizó el Ministerio de Transportes en 2020 para hacer negocio con la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia. El líder de esa red, según la investigación judicial, era Víctor Aldama, quien intermedió para lograr vender mascarillas por más de 50 millones de euros a los ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades de Baleares y Canarias. La investigación judicial del denominado caso Koldo destapó las corruptelas de Aldama, que pagó supuestamente comisiones ilegales a Koldo García y a su jefe, José Luis Ábalos, a cambio de que estos favorecieran sus negocios.

Las intervenciones de las comunicaciones de los principales responsables de la trama permitieron destapar las gestiones de Koldo García para abrir puertas de otros ministerios a Víctor Aldama y sus socios en el negocio de los hidrocarburos. Entre esas gestiones, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción destacaron una reunión que Koldo García facilitó a la trama con el jefe de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto, celebrada a comienzos de enero para tratar supuestamente de la autorización para operar en el mercado mayorista de productor petrolíferos. La investigación vinculó esas gestiones con la compra de un chalé para disfrute de Ábalos —de agosto a noviembre de 2021— a cambio supuestamente de que les dieran la autorización para la que habían estado reunidos con el jefe de gabinete de la ministra de Industria. Pero resulta que la ventanilla a la que acudieron para conseguir su objetivo no era la correcta. Los responsables de la trama tuvieron que presentar la documentación en el Ministerio de Transición Ecológica. Este departamento analizó la solicitud, puso todo tipo de reparos entre enero y noviembre de 2021, exigió documentación que nunca aportó Villafuel y denegó finalmente la solicitud. Villafuel recurrió en reposición y perdió. Volvió a iniciar los trámites en el verano de 2022 y logró la autorización a finales de año. No hay en toda la causa, por lo conocido hasta ahora, ni un solo indicio de que los altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica hablaran o se reunieran con Koldo García, asesor de Ábalos, o con los miembros de la trama de hidrocarburos para favorecer su negocio con Villafuel.

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