Pacto político para excluir a Vox en la renovación de la Junta Electoral Central

Vox no continuará con representante en la Junta Electoral Central (JEC), el órgano que vigila la buena organización de los procesos electorales. Ese es el acuerdo que han alcanzado los principales partidos del Congreso, PSOE, PP y con la anuencia también de Sumar, para repartirse los cinco puestos de catedráticos expertos en Derecho, Sociología y Política que le corresponde asignar al Parlamento en esa Junta, que se examinarán este lunes en las Cortes y que lleva con el mandato prorrogado desde hace casi año y medio. ...

Vox no continuará con representante en la Junta Electoral Central (JEC), el órgano que vigila la buena organización de los procesos electorales. Ese es el acuerdo que han alcanzado los principales partidos del Congreso, PSOE, PP y con la anuencia también de Sumar, para repartirse los cinco puestos de catedráticos expertos en Derecho, Sociología y Política que le corresponde asignar al Parlamento en esa Junta, que se examinarán este lunes en las Cortes y que lleva con el mandato prorrogado desde hace casi año y medio. Vox entró en la JEC por primera vez tras las elecciones de 2019 pese al veto que intentaron entonces las grandes formaciones.

La Junta Electoral Central es un órgano básico de la democracia fijado por la Constitución para velar por el buen funcionamiento, la transparencia y la objetividad de los procesos electorales. Este organismo está formado por ocho magistrados de diferentes salas del Tribunal Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología propuestos por los partidos en función de su representación en las Cortes. La ley especifica que su renovación periódica debe realizarse en los 90 días siguientes a las elecciones, un plazo que en este caso habría concluido formalmente en noviembre de 2023, tras las elecciones de julio de ese año, pero que no se ha llevado a efecto pese a los distintos contactos y negociaciones entre representantes de la cúpula del Gobierno del PSOE y el PP.

Ese atasco se ha resuelto en los últimos días, según distintas fuentes de los partidos implicados en su solución, pese al contexto de enfrentamiento casi total entre los responsables de las dos grandes formaciones que han gobernado España en esta etapa democrática. PSOE, PP y Sumar han llegado al acuerdo de distribuirse esos cinco puestos de la siguiente manera: dos para los candidatos propuestos por los socialistas, otros dos para los impulsados por los populares y el último para el que propugna la formación que lidera Yolanda Díaz. En el reparto anterior el PSOE había decidido dos y el PP, Podemos y Vox uno cada uno.

Ahora Vox, que dispone de 33 escaños en el Congreso, había intentado mantener en el cargo al aspirante que ya designó en 2020, en la anterior renovación, que es José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, catedrático de la Facultad de Derecho de la Complutense que accedió a esa consideración justo unos meses antes de ser nominado para ese puesto en plena pandemia y que en realidad es un experto en filosofía y bioética, así como miembro del Comité Nacional de Bioética desde 2013. Fue colaborador de Margarita Mariscal de Gante, la ministra de Justicia de la época de José María Aznar en el Gobierno.

PSOE, PP y Podemos ya intentaron en la renovación de 2020 dejar fuera de ese órgano a Vox, pero al final optaron por no aplicar ese veto ante los propios avisos de los letrados de la Cámara sobre posibles recursos de la formación ultra. El artículo 9.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General especifica que, cuando se cumpla el mandato de los 90 días sin acuerdo para renovar a los miembros no judiciales de la Junta Electoral, la Mesa del Congreso “procede a su designación, en consideración a la representación existente en la misma”.

Vox esgrimió entonces que era el tercer grupo en tamaño del Congreso y mantuvo su representación por primera vez en la Junta Electoral, lo que provocó la salida de un candidato propuesto por Ciudadanos. Tras los comicios de julio de 2023, el PP fue el partido con más escaños y reclama aumentar su representación en la JEC, pero Vox siguió siendo el tercero (33 escaños), por delante de Sumar (27), y ya fue excluido con un pacto similar tanto de la Mesa del Congreso como de las comisiones. Las relaciones actuales entre PP y Vox atraviesan uno de sus peores momentos de rivalidad. En Sumar, sin embargo, esgrimen para solventar cualquier posible recurso de Vox que han alcanzado un acuerdo con ERC (7), EH Bildu (6) y BNG (1) para que apoyen su propuesta y con todas esas formaciones llegan a 41 diputados, que estarían por encima de los que dispone ahora el partido ultra.

Vox, en cualquier caso, no renuncia ahora a esta pelea y la disputará y denunciará hasta el último minuto, pero en la tarde de este lunes los cinco candidatos pactados entre PSOE, PP y Sumar, Francisco Javier García Roca, María Luz Martínez Alarcón, María da Alba Nogueira López, Javier Tajadura Tejada y Carlos José Vidal Prado, pasarán más que probablemente el examen parlamentario sobre sus aptitudes en la Comisión de Nombramientos del Congreso. Este martes la Mesa de la Cámara, con cinco representantes de la mayoría progresista (PSOE y Sumar) y cuatro de los populares, los ratificarán. Quedará fuera el patrocinado por Vox. Desde el ámbito de la formación ultra se lamentan de esa exclusión y reprochan al PP que haya permitido su salida en favor de una candidata de Sumar, María da Alba Nogueira, que sitúan en las cercanías de Yolanda Díaz y que fue vocal en la Junta Electoral de Galicia entre 2011 y 2013.

Cuando la Mesa refrende la renovación y los nuevos nombramientos se decidirá entonces la primera reunión de la nueva Junta Electoral Central, que resolverá casi mecánicamente el recambio de su actual presidente, el magistrado Miguel Colmenero, por el de mayor antigüedad en la carrera judicial entre los ocho aspirantes que entran por sorteo directamente del Tribunal Supremo y que son: Carmen Lamela, Javier Hernández García y Miguel Magro Servet (los tres de la sala de lo Penal); Pilar Teso y Eduardo Calvo (de la Contencioso Administrativo); Ángel Antonio Blasco Pellicer y Concepción Rosario Ureste (de la Sala de lo Social) y Fernando Martín Castán (de la Sala de lo Militar). La magistrada que estaba encamina a ostentar esa responsabilidad si se hubieran cumplido los plazos fijados en la ley habría sido Pilar Perelló, que en este margen de tiempo ha sido nombrada presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años con el mandato anterior prorrogado.