Guerra interna en Jucil, la asociación mayoritaria de guardias civiles, con acusaciones de gastos irregulares

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria entre los agentes del instituto armado, entra en un periodo convulso. Una veintena de dirigentes provinciales de esta organización ―surgida de la plataforma Jusapol que aglutinó en 2017 a policías y guardias civiles para reclamar la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra en pleno desafío independentista y enfrentada al Gobierno― ha enviado a sus asociados una “...

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria entre los agentes del instituto armado, entra en un periodo convulso. Una veintena de dirigentes provinciales de esta organización ―surgida de la plataforma Jusapol que aglutinó en 2017 a policías y guardias civiles para reclamar la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra en pleno desafío independentista y enfrentada al Gobierno― ha enviado a sus asociados una “carta abierta” en la que denuncian supuestas “irregularidades, mala praxis y gestión opaca” de su comité ejecutivo nacional y ponen bajo sospecha los gastos de su secretario general, Ernesto Vilariño, al que piden su dimisión también por politizar la actuación de Jucil. La misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, anuncia que en los próximos días se presentará una demanda “para que la Justicia depure las posibles responsabilidades que pudieran existir en la gestión y administración irregular de los fondos de la asociación”.

El movimiento no ha cogido desprevenido a los dirigentes de la asociación. Su secretario general envió el pasado sábado un correo electrónico a los dirigentes provinciales en el que anunciaba que el comité ejecutivo que encabeza había acordado encargar a una empresa externa una auditoria de las cuentas para despejar cualquier duda que tuvieran los asociados sobre las cuentas. En ese documento, Vilariño pedía a estos que “toda inquietud o iniciativa se mantenga internamente y en los cauces acordados” para evitar que las discrepancias salieran a la luz y perjudiquen a la asociación en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, órgano de negociación con el Ministerio del Interior, que se celebran a finales de este año. Jucil ganó en octubre de 2020, la primera vez que concurría, los anteriores comicios con 15.070 votos ―principalmente en las escalas de cabos y guardias― y, con ellos, se hizo con seis de los 16 puestos reservados a la representación de los agentes en este órgano.

Este lunes, tras difundirse la carta de los críticos, el comité ejecutivo ha lanzado un comunicado en el que, además de negar las acusaciones, tilda de “deslealtad” la difusión de la carta y critica que no se identifique a los firmantes, además de acusar a sus promotores de buscar “desprestigiar la trayectoria de la asociación”. Un portavoz de Jucil ha mostrado en conversación telefónica con este diario sus dudas de que detrás de la misiva haya una veintena de dirigentes y ha atribuido la iniciativa a un grupo mucho más reducido “con intereses creados”.

El estallido de la crisis se viene gestando desde hace tiempo, pero se agudizó tras la dimisión a finales de noviembre del que fuera secretario de comunicación y rostro de la asociación ante los medios de comunicación, Agustín Leal, supuestamente por presiones de sus compañeros de la ejecutiva. En el texto en el que oficializaba su renuncia, el ya exportavoz denunciaba que “la oscura mano de la política intenta controlar Jucil” y señalaba a exmiembros de Ciudadanos. Ahora, los autores de la carta a los asociados salen en su defensa: “No se merecía este desprecio”. A la salida de Leal le siguió la también dimisión del coordinador general de la asociación en Canarias y los ceses de algunos dirigentes provinciales “críticos con la gestión, llevando a nuestra asociación a un camino desconocido en caso de no enderezar su rumbo”, añaden en la misiva.

La supuesta influencia en la actual dirección de Jucil por parte de antiguos dirigentes de Ciudadanos es también esgrimida por los críticos en la carta. En ella citan expresamente al exdiputado Miguel Gutiérrez ―que durante un tiempo llegó a ejercer de asesor de la asociación― y Pablo Yáñez, exdirigente de la formación en Castilla y León que se vio salpicado en un supuesto pucherazo en las primarias del partido en esta comunidad, según destaca la misiva. Ciudadanos fue uno de los partidos que apoyaron abiertamente las reivindicaciones de Jusapol en sus inicios y que, mientras ha tenido representación parlamentaria, ha apoyado las protestas policiales en las que ha participado Jucil con la presencia de sus líderes y cargos públicos. Los firmantes de la misiva quieren saber qué contrato se firmó con Gutiérrez y por qué el exdiputado asistió a dos reuniones que el secretario general de la asociación tuvo con el anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, “y las cuestiones abordadas en sendos encuentros”.

Las críticas a la supuesta politización de la actual ejecutiva de la carta no se quedan ahí y también cuestionan la contratación de un bufete que los autores de la misma vinculan con el PSOE por la presencia en el mismo de un exconcejal socialista del Ayuntamiento de Santander. La misión de este despacho de abogados es supuestamente “planear y presentar a espaldas de nuestros hermanos de Jusapol y Jupol [el sindicato mayoritario en la Policía Nacional y también surgido de la plataforma] una demanda en Bruselas solicitando la equiparación salarial”. En su opinión, todo ello “vulnera el código ético de la asociación y pone en entredicho su sentido apolítico”.

“La situación que vivimos actualmente es insostenible, requiere de una profunda regeneración y de medidas urgentes que garanticen la reputación y el buen nombre de nuestra organización”, recoge el texto, donde sus autores aseguran que las quejas que supuestamente han presentado ante el comité ejecutivo de Jucil solicitando información contable han sido desoídas “argumentando que es desproporcionada la documentación” que solicitaban. También aseguran haber reclamado una asamblea extraordinaria. “Mantenemos y nos reafirmamos en que el Comité Ejecutivo Nacional está deslegitimado para continuar su labor”, añaden, para concluir: “No podemos permitir que las irregularidades y la mala gestión empañen los valores que nos guían”.

Una situación similar a la que vive ahora Jucil se registro en mayo de 2021 en Jupol el sindicato de la Policía Nacional surgido también de Jusapol. Entonces, cinco de los seis miembros de su comité ejecutivo decidieron convocar una asamblea extraordinaria con el fin de reprobar y cesar al entonces secretario general, José María García. Lo acusaban de realizar una gestión personalista, escorar al sindicato a posiciones extremistas y cargar gastos personales ―entre ellos entradas de cine, ropa, perfumes y fármacos― a las cuentas del Jupol. Él lo negó y recibió el apoyo inicial de una parte de los comités regionales y provinciales. Pese a ello, finalmente fue destituido.

Cuando dos años después, en mayo de 2023, de celebraron las elecciones al Consejo de la Policía (el órgano paritario de negociación entre los representantes de los policías nacionales y el Ministerio del Interior), el sindicato sufrió un fuerte varapalo al perder la mitad de los ocho representantes que había obtenido cuatro años antes. Pese a ello, sigue siendo la organización mayoritaria por número de votos, aunque empatada a representantes con el Sindicato Unificado de Policía (SUP).