Aldama acusa al PSOE de querer intimidarle con la cárcel tras difundir una denuncia falsa sobre ministros

La respuesta del empresario y comisionista Víctor de Aldama a la petición que este martes hizo el PSOE como acusación popular en el caso Hidrocarburos para que reingrese en prisión ha tardado solo unas horas en llegar en la Audiencia Nacional. En el escrito de alegaciones en el que se opone a la solicitud de los socialistas, Aldama acusa a estos de querer coaccionarle e intimidarle con esta petición. El PSOE había so...

La respuesta del empresario y comisionista Víctor de Aldama a la petición que este martes hizo el PSOE como acusación popular en el caso Hidrocarburos para que reingrese en prisión ha tardado solo unas horas en llegar en la Audiencia Nacional. En el escrito de alegaciones en el que se opone a la solicitud de los socialistas, Aldama acusa a estos de querer coaccionarle e intimidarle con esta petición. El PSOE había solicitado que fuera encarcelado de nuevo al considerar que “la supuesta colaboración con la justicia” que Aldama esgrimió para ser puesto en libertad en noviembre era “una falacia” y que las imputaciones que había lanzado contra terceras personas no habían sido corroboradas con pruebas.

El PSOE también le acusaba de mantener “una estrategia próxima al chantaje” que había incluido la difusión en una entrevista radiofónica de “un documento manifiestamente falso” que atribuye sin pruebas a responsables del partido la tenencia de cuentas bancarias en la República Dominicana. Aldama se defiende ahora de este último episodio desmarcándose de las graves acusaciones y afirmando no tener “nada que ver” con dicho documento. El empresario justifica que habló de él “por haber tenido conocimiento de que un tercero, perfectamente identificado, lo había presentado en la Fiscalía, a quien en su caso correspondería determinar su autenticidad”. Es el único momento del documento en el que el empresario se pone a la defensiva.

De hecho, Aldama aprovecha su escrito ―presentado a última hora de la tarde del mismo martes― para lanzar un nuevo ataque contra el Gobierno con nuevas insinuaciones. Así, acompaña el mismo con un mensaje de teléfono que supuestamente envió en junio de 2020 a Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, en el que le pedía aplazar el pago de la deuda fiscal de una de sus mercantiles, Pilot Real Estate. En su declaración ante el juez, el comisionista afirmó que le concedieron dicho aplazamiento y que él entregó 25.000 euros a este asesor del Gobierno por su intervención, algo que el Ejecutivo ha negado tajantemente.

Aldama también intenta desmontar el argumento de que su colaboración con la justicia es una “falacia”. En este sentido, el empresario asegura que sí está ayudando en la investigación y afirma que los socialistas están deslegitimados para valorar la autenticidad de esta colaboración porque, precisamente, sus revelaciones han afectado “a miembros del Gobierno cesados [en referencia al exministro José Luis Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo por su presunta implicación en el caso Koldo], a los actuales [en alusión al ministro Víctor Ángel Torres, señalado por el comisionista en la misma causa que Ábalos] y al propio Partido Socialista Obrero Español [en alusión al secretario de organización, Santos Cerdán, al que acusó de cobrar mordidas]. Se comprenderá fácilmente que el PSOE no es quién para valorar la trascendencia de la colaboración”, remarca.

Según Aldama, el contenido de la declaración que hizo tanto en la Audiencia Nacional como, posteriormente, en el Tribunal Supremo “se va demostrando paulatinamente” y sugiere que en el futuro habrá nuevas revelaciones de sus supuestas relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez al anunciar que, de uno de los teléfonos móviles que le intervinieron y a cuyo contenido le ha dado acceso el juez Santiago Pedraz, ha obtenido “una amplia lista de contactos, incluso con miembros del Gobierno actual, jefes de Gabinete o responsables de empresas públicas, con los que se mantuvieron comunicaciones de WhatsApp de interés para la investigación”.

Sobre esto último, el empresario apunta que ya dispone de “datos relevantes” sin más concreción, aunque pide al magistrado que le facilite el acceso al terminal telefónico que le intervinieron cuando fue detenido en octubre pasado por el fraude del IVA de hidrocarburos porque el perito que ha contratado para su análisis asegura que “algunas de las contestaciones” a sus mensajes de “miembros del Gobierno (no sucede lo mismo con otros interlocutores) aparecen con un mensaje de ‘el código de seguridad ha cambiado’ que impiden acceder a su contenido”. Y pone como ejemplo pantallazos del mensaje que envió al número dos de Montero y cuya supuesta contestación, que califica de “relevante”, asegura que no se ha podido recuperar.

En el escrito, Aldama también niega que, como apuntaba el PSOE, esté ocultando información al juez a raíz de su encuentro con otro de los implicados en la causa a los pocos días de ser excarcelado, una reunión en la que este entregó al empresario un sobre que finalmente no pudo ser localizado por la Guardia Civil en los registros que hizo en una segunda fase de la operación. En un informe de diciembre, la Unidad Central Operativa (UCO) alertó al juez del riesgo de que la supuesta trama destruyese u ocultase pruebas. El comisionista admite ahora que tras salir de prisión recuperó documentos, pero niega que lo hiciera para ocultarlos. “Se hizo precisamente para garantizar que llegara a su destino, el órgano judicial frente al que se prometió colaboración”, afirma, tras detallar que el 4 de diciembre aportó siete documentos que, asegura, comprometen supuestamente en la trama a miembros del PSOE.

Aldama considera que el PSOE inició tras su puesta en libertad en noviembre “una campaña de difamación y desprestigio” contra él. Dentro de esta, el empresario incluye tanto la petición que hizo al juez para poder querellarse contra él por delitos de injurias por sus declaraciones, como el escrito del pasado martes en el que solicitaba su reingreso en prisión por el caso Hidrocarburos. Con esta última, asegura que el partido pretende disuadirle “de seguir colaborando con la justicia” lo que considera “una pretensión que encierra mala fe y abuso de derecho” y pide al juez que la rechace.