El Constitucional revisará la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala del Supremo
El órgano de garantías estudiará si los jueces de la Sala de lo Contencioso vulneraron los derechos fundamentales de la exfiscal general cuando tumbaron su ascenso
El Tribunal Constitucional va a revisar la anulación del ascenso de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la categoría de fiscal de Sala, la más alta de la carrera. Dicho nombramiento fue tumbado por el Supremo, que consideró que constituía una “desviación de poder” por parte...
El Tribunal Constitucional va a revisar la anulación del ascenso de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la categoría de fiscal de Sala, la más alta de la carrera. Dicho nombramiento fue tumbado por el Supremo, que consideró que constituía una “desviación de poder” por parte de Álvaro García Ortiz, sucesor de Delgado al frente del ministerio público. La sentencia de la Sala de lo Contencioso dio lugar a un recurso de amparo que el órgano de garantías ha admitido a trámite en su pleno de este martes por siete votos a cinco. Es la segunda impugnación que el Constitucional asume en lo que va de año contra decisiones del Supremo relativas a ascensos en la Fiscalía.
La primera petición de amparo fue admitida a trámite por el Constitucional el pasado 14 de enero. En ese caso, el recurrente fue el fiscal Eduardo Esteban, cuyo nombramiento como fiscal de Sala de Menores fue anulado por el Supremo, por “falta de motivación” de la decisión. Esta designación fue realizada en la etapa de Dolores Delgado como fiscal general. Al término de su mandato, su sucesor, Álvaro García Ortiz, propuso a su vez el ascenso de su antecesora como fiscal de Sala del Supremo, designación que también fue anulada por la Sala de lo Contencioso del Supremo.
La sentencia argumentó que el nombramiento de Delgado con destino a la Sala de lo Militar, como fiscal togada, encajaba con la definición de “desviación de poder” por tratarse de un supuesto de “ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”. Se trata, por tanto, de un caso distinto al de Eduardo Esteban, pero con el común denominador de implicar un cuestionamiento de las facultades del fiscal general para proponer a los candidatos que considere idóneos para asumir los cargos más altos en la carrera. En todo caso, los nombramientos los hace el Gobierno, ya que se aprueban en Consejo de Ministros.
Tanto en la solicitud de amparo del fiscal Eduardo Esteban como en la acordada hoy, presentada por la exministra de Justicia y ex fiscal general Dolores Delgado, el órgano de garantías ha considerado que los recursos deben ser admitidos a trámite porque concurre en ellos “una especial trascendencia constitucional”. En ambos casos, el Constitucional estima que la impugnación “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este tribunal”. También se ha tenido en cuenta que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea “una cuestión jurídica de relevante” y con repercusión social.
Ambos casos se han llevado a pleno precisamente por las discrepancias internas en el Constitucional sobre su relevancia. La ponente del caso relativo a Dolores Delgado, la magistrada Concepción Espejel —del sector conservador del tribunal— era partidaria de inadmitir el recurso. Junto a Espejel, otros dos magistrados del mismo bloque —José María Macías y Ricardo Enríquez— pidieron que el recurso se avocara al pleno. Las normas internas del tribunal prevén que así se haga cuando lo solicitan tres magistrados.
En el caso de Dolores Delgado, la sentencia del Supremo anulando su nombramiento como fiscal de Sala de lo Militar se produjo en noviembre de 2022. Su sucesor, Álvaro García Ortiz, propuso el ascenso porque Delgado había vuelto a ser fiscal rasa tras cesar como ministra de Justicia. García Ortiz consideró que tras haber ocupado el cargo de fiscal general, su antecesora debía ser promovida a la máxima categoría en la carrera.
Esta apreciación es la que el Supremo consideró sin fundamento legal, al no existir una norma que previera situaciones de este tipo. En cualquier caso, cuando el Supremo dictó esta sentencia, Delgado había cambiado de destino, tras ser nombrada fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El siguiente paso fue que el Supremo también anuló esta designación, en mayo del año pasado. La Sala de lo Contencioso apreció en relación con esta segunda controversia la existencia de “indicios” de que podía existir incompatibilidad entre el cargo propuesto y el ejercicio profesional del esposo de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, dado que este presidía hasta julio de 2023 una fundación dedicada a la defensa de los derechos humanos y memoria histórica.