La otra cara “criminal” del comisionista Aldama

El empresario y comisionista Víctor de Aldama trató de lanzar un nuevo órdago al Gobierno el pasado miércoles , pero la jugada le salió mal. “Hay algo muy grave”, aventuró con semblante serio en una emisora de radio. “Hay una denuncia en la Fiscalía en la que hay un listado con la señora [Begoña] Gómez, [esposa de Pedro Sánchez], con cuentas en el extranjero por más de seis millones de dólares [...] La señora María Jesús Montero [vicepresid...

El empresario y comisionista Víctor de Aldama trató de lanzar un nuevo órdago al Gobierno el pasado miércoles , pero la jugada le salió mal. “Hay algo muy grave”, aventuró con semblante serio en una emisora de radio. “Hay una denuncia en la Fiscalía en la que hay un listado con la señora [Begoña] Gómez, [esposa de Pedro Sánchez], con cuentas en el extranjero por más de seis millones de dólares [...] La señora María Jesús Montero [vicepresidenta primera y ministra de Hacienda] también está [...] Yo tengo copia de esa denuncia y del listado bancario”, añadió desafiante ante los micrófonos de la cadena Cope. Apenas unos minutos después, la Fiscalía Anticorrupción echaba por tierra las acusaciones que trataba de airear para atacar al Ejecutivo y al PSOE: la denuncia de la que hablaba había sido archivada por el Ministerio Público, que no le da ninguna credibilidad. De hecho, la considera una más de los múltiples escritos que recibe con teorías conspiranoicas sobre políticos y que le hacen perder mucho tiempo. “Fiscalía tendrá que decir por qué no le da credibilidad a esa denuncia”, trataba de justificarse Aldama horas después en la calle, ante las cámaras de televisión.

Por más que intentó esconder la mano tras tirar la piedra, la estrategia del empresario acababa de sufrir un serio golpe. Porque Aldama no eligió un día cualquiera para dar esa entrevista. Acudió a la emisora 24 horas después de que la prensa tuviera acceso y comenzara a publicar profusos detalles de un sumario —que ha estado secreto durante meses— sobre una presunta “organización criminal” especializada en el fraude del IVA de hidrocarburos, por el que el empresario permanece cercado en la Audiencia Nacional. Estas pesquisas describen un grupo delictivo que, según la Guardia Civil, él encabezó junto a su socio Claudio Rivas y que operó durante casi un lustro. Precisamente, esta trama le llevó el pasado octubre a prisión, de donde salió gracias al respaldo de Anticorrupción tras confesar en el caso Koldo, la otra red corrupta paralela con la que anidó en el Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos.

El sumario de los hidrocarburos adquiere así una enorme importancia para trazar otra cara hasta ahora desconocida del empresario, cuya credibilidad ha centrado durante semanas el debate político —la derecha ha usado sus acusaciones sin pruebas contra los socialistas, mientras que el Gobierno las ha cuestionado con ahínco—. Si la investigación sobre la trama que se infiltró en Transportes desvelaba la capacidad de Aldama de extender sus tentáculos por la Administración, las pesquisas sobre la supuesta organización dedicada al fraude del IVA lo describen como el presunto “líder” e “ideólogo” de una compleja estructura empresarial dedicada durante años presuntamente a evadir el pago de impuestos y a blanquear dinero.

Los agentes lo sitúan en la “cúspide” de la red del fraude, junto a Claudio Rivas, un viejo conocido de los agentes, con otras dos investigaciones similares abiertas en la Audiencia Nacional: “Aldama es un miembro imprescindible para el funcionamiento de la organización criminal por sus vinculaciones, contactos, control y la labor de conseguidor que desempeña en todas las áreas de actuación de la estructura: logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria. Sin él, la organización no tendría capacidad operativa”, explica el instituto armado tras rastrear sus cuentas, patrimonio, vínculos societarios y laborales.

Y todo ello arroja un perfil contradictorio. A sus 46 años, los investigadores subrayan en sus informes que no figura como propietario de ningún inmueble o vehículo en España; y que en sus declaraciones de IRPF, entre 2017 y 2021, aseguró haber cobrado tan solo 10.500 euros anuales por rendimientos de trabajo, una cifra que apenas roza el salario mínimo de entonces. Sin embargo, según el sumario, es capaz de mover enormes cantidades de dinero y está ligado a un entramado societario de “envergadura”, con cargos directos en 26 mercantiles (21 en España, tres en Portugal y dos en Ecuador) y, a través de terceras personas, en otras cinco. A ese respecto, un documento de la Guardia Civil destaca que esta treintena de compañías tiene a su nombre decenas de inmuebles y vehículos de alta gama. En opinión de los investigadores, esta red societaria es, por un lado, un “método blanqueador” de fondos; y, por otro, un instrumento para ocultar que el comisionista es presuntamente uno de los dueños reales de estos bienes.

A lo largo de las cientos de páginas del sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) esboza un retrato de Aldama lleno de maniobras sospechosas. La Guardia Civil asegura que esas empresas le han permitido canalizar de manera irregular al extranjero 73,9 millones de euros (principalmente a Portugal y China, aunque también a Colombia). Los agentes resaltan igualmente su elevado nivel de vida: su domicilio habitual en Madrid es un piso de 252 metros cuadrados situado en el Paseo de la Castellana, una de las zonas más exclusivas de la capital; las oficinas de sus sociedades se encuentran junto al Parque del Retiro; usa un Ferrari, a nombre de una de esas mercantiles; y tiene un chófer a su disposición.

Los investigadores enumeran viajes a Ibiza; estancias en una urbanización de lujo en Sotogrande (San Roque, Cádiz); entradas para asistir a un partido de semifinales de la Champions del Real Madrid desde un palco; la importación desde Israel de unos pendientes de perlas valorados en 849 euros; y frecuentes comidas en restaurantes especializados en marisco. En sus oficinas del Retiro se recibió “una remesa de vinos de Vega Sicilia por valor de 33.452,27 euros”, pagada por una de las sociedades “instrumentales” del presunto fraude de hidrocarburos. “Esta compra evidencia un posible desvío de fondos procedentes de la actividad criminal investigada en favor de Aldama”, concluyen los agentes.

Con sus colaboradores hablaba de cantidades desorbitantes de dinero. La UCO interceptó un audio donde Aldama discute con María del Carmen Pano, otra supuesta integrante de la banda, sobre la acusación de que ella se habría quedado con ocho millones de euros y sobre una supuesta confusión con la compra por tres millones en cheques de una de las mercantiles investigadas por este caso.

Fraude de más de 230 millones

Aldama, que prometió antes de salir de la cárcel su “colaboración” en todas las causas judiciales, niega sin embargo los delitos que se le imputan en el sector de los hidrocarburos e, incluso, los ha calificado como un “montaje” para meterlo en prisión. Sin embargo, la UCO insiste en que miente, según se desprende de los informes enviados al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El instituto armado estima el fraude atribuido a esta trama en más de 230 millones de euros, y sospecha que esta estafa les permitía obtener liquidez para “financiar otras operativas criminales”.

La UCO explica que la mecánica de estos fraudes consiste en contar con una empresa con autorización para operar en el sector de los hidrocarburos, que hace recaer sobre compañías instrumentales intermediarias la responsabilidad del impago del IVA que se tiene que abonar y que supone un incremento de un 21% en el precio del carburante. Gracias a ello, según los agentes, la organización criminal no solo obtiene un beneficio equivalente al porcentaje detraído a Hacienda, sino que puede ofertar sus productos a precios menores, lo que le permite reventar y acaparar el mercado, obteniendo “ingresos millonarios”.

Ahí, Aldama ejercía varios papeles fundamentales, siempre según el sumario, como “dirigir la creación y adquisición” de las sociedades que podían operar en el mercado de los hidrocarburos” y las que “facilitaban la canalización y dificultaban la trazabilidad de los fondos”. También se ocupaba supuestamente de “posicionar a los testaferros”. La trama tenía, además, la capacidad de “evolucionar las estructuras societarias utilizadas de manera que, ante la desarticulación” de alguna de sus partes, se “regeneraba” con nuevas compañías. De hecho, después de que el comisionista fuese puesto en libertad en febrero de 2024 tras su detención por el caso Koldo, la UCO sospecha que maquinaba crear “una nueva estructura empresarial” para “seguir cometiendo fraudes millonarios contra la Hacienda Pública y el blanqueo de los beneficios ilícitamente obtenidos”.