La Abogacía del Estado denuncia un “juicio paralelo” al fiscal general

La Abogacía del Estado ha denunciado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, está sufriendo un “juicio paralelo en los medios de comunicación” debido a las continuas filtraciones de la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo tras la denuncia de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En un escrito remitido al alto tribunal, la Abogacía del Estado (que ejerce la defensa del...

La Abogacía del Estado ha denunciado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, está sufriendo un “juicio paralelo en los medios de comunicación” debido a las continuas filtraciones de la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo tras la denuncia de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En un escrito remitido al alto tribunal, la Abogacía del Estado (que ejerce la defensa del máximo representante del ministerio público) reclama medidas para frenar la situación y manifiesta que se está vulnerando el derecho de García Ortiz a un “juicio justo, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia”, así como “el derecho a la intimidad”.

El documento de la Abogacía, al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya que las acusaciones populares y los abogados de González Amador “colaboran” en este “juicio paralelo”. La defensa del fiscal general expone que, a los pocos minutos de que se notifiquen las resoluciones judiciales a las partes personadas en el procedimiento, estas se publican en la prensa. Y, en algunos casos, con “sesgo incriminatorio”. Entre otros documentos, según añade el texto, se han filtrado los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los teléfonos de García Ortiz, que incluyen datos personales y de identificación de sus móviles: “Esto constituye una brecha de seguridad en la necesaria protección de datos de nuestro representado e incluso determina que pueda ser objeto de actuaciones de suplantación por el empleo ilícito de estos”.

“Las distintas acusaciones particulares y populares están incumpliendo el deber de reserva de las diligencias sumariales practicadas o que se quieren proponer”, apostilla la Abogacía, que pide al juez Ángel Hurtado que abra una investigación para proceder, en su caso, a sancionar a los implicados. Para tratar de impedir este problema, la defensa plantea también aglutinar bajo una única dirección letrada a las cuatro acusaciones populares presentes en la causa —el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e independiente de Fiscales (APIF), el pseudosindicato Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa—, una medida que ya había rechazado anteriormente el magistrado. “La presencia y el mantenimiento de varias partes acusadoras desarrollando este tipo de actividad ilícita introduce unos indebidos equilibrios”, insiste la Abogacía

El pasado 5 de diciembre, el juez Hurtado ya ordenó abrir una investigación por la filtración de un informe de la UCO. Este viernes, el magistrado ha comunicado que únicamente facilitará a las partes las transcripciones de los interrogatorios a los testigos e imputados. Los vídeos de las declaraciones solo podrán visualizarse en persona en la sede del Supremo.

Esta decisión se produce después de que haya comenzado esta misma semana una amplia batería de declaraciones, que arrancó el miércoles con el interrogatorio como testigo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Este jueves se sentaron ante el juez dos periodistas de la Cadena SER y Eldiario.es que, según fuentes jurídicas, relataron cómo tuvieron acceso al email filtrado del abogado de González Amador (por lo que se investiga al fiscal general) mucho antes de que García Ortiz lo recibiera en su correo electrónico. Estas afirmaciones infligen un golpe a las acusaciones y, este mismo viernes, el letrado de la pareja de la presidenta ha contraatacado y ha puesto en duda la versión ofrecida por los dos reporteros en el Supremo.