El largo rodeo de la amnistía antes de llegar a la meta del Constitucional

El tiempo era un elemento nuclear de la ley de amnistía. El texto otorgaba a los tribunales un plazo de dos meses para aplicarla a los beneficiarios del procés —unos 500, según cálculos de la Fiscalía— y establecía que su cumplimiento debía ser “preferente y urgente”. En la práctica, la medida de gracia ...

El tiempo era un elemento nuclear de la ley de amnistía. El texto otorgaba a los tribunales un plazo de dos meses para aplicarla a los beneficiarios del procés —unos 500, según cálculos de la Fiscalía— y establecía que su cumplimiento debía ser “preferente y urgente”. En la práctica, la medida de gracia ha favorecido más y con más celeridad a activistas y policías involucrados en sucesos del proceso independentista en Cataluña, como el referéndum del 1-O, que a los políticos que promovieron ese desafío. El Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la amnistía, entre otros, al expresident Carles Puigdemont y al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras. Pero los magistrados no han resuelto aún el recurso presentado por sus defensas, lo que impide a los políticos alcanzar su verdadera meta: el Tribunal Constitucional, el órgano en el que depositan sus esperanzas de recibir, finalmente, la amnistía que pactaron con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado julio, un mes después de la entrada en vigor de la ley y por tanto dentro de los plazos fijados, el Supremo concluyó que el delito de malversación en la causa del procés —por el que Junqueras fue condenado y por el que Puigdemont permanece procesado— no queda al amparo de la amnistía. El argumento de los magistrados fue que, al emplear recursos públicos para fines personales (eso consideran que fue el referéndum), lograron un “ahorro significativo” en sus patrimonios. De ahí, coligen, que hubiera “ánimo de lucro”, uno de los supuestos que quedan excluidos en la ley. Los afectados presentaron un recurso de súplica que fue resuelto, en el mismo sentido, en septiembre, pero aún quedaba un escalón más antes de poder acceder a un Tribunal Constitucional con mayoría progresista: un recurso de apelación ante la sala de recursos de la Sala Segunda del Supremo.

El recurso está sobre la mesa de la sala, que hasta la fecha no ha dictado una resolución. La demora en un trámite que no debería conllevar mayores problemas ha irritado a las defensas de los líderes independentistas, como el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye: “No existe ninguna razón jurídica para este retraso. Pero las explicaciones tendría que darlas el Supremo, no los afectados”. La cuestión es que, hasta que esa decisión no se adopte, los interesados no pueden acudir al Constitucional en amparo: todas las vías de recurso ordinario han de haberse agotado antes.

El Tribunal Constitucional, mientras tanto, se prepara para el que será su mayor desafío el próximo año: resolver sobre la ley de amnistía. Su misión es doble. Debe resolver, por un lado, si la medida de gracia puede aplicarse a la malversación del procés una vez que reciba los recursos de amparo de los líderes independentistas. Pero además, tiene que contestar a las más de 20 impugnaciones presentadas contra la norma más polémica del ejecutivo.

Y el Supremo es, precisamente, uno de los órganos que ha impugnado la ley de amnistía. El Constitucional admitió a trámite el pasado septiembre la impugnación, que fue contestada con un duro alegato por parte de la Fiscalía. El ministerio público considera que los magistrados del alto tribunal no han identificado qué concretos artículos de la Constitución quiebra la norma y se han limitado a emplear “argumentos de traza netamente ideológica y política”. “[El Supremo] rechaza con absoluta convicción la existencia misma de la ley y la decisión política de aprobarla”, criticó la Fiscalía.

El Constitucional confía en haber dictado su primera resolución sobre la amnistía antes del verano. Además de los recursos de amparo y las impugnaciones, el tribunal ha recibido en las últimas semanas peticiones de las defensas de los políticos que solicitan ser oídos en los procesos para decidir si la norma vulnera la Constitución.