El Supremo ordena a la Guardia Civil que siga el rastro del móvil del fiscal general donde no se encontraron mensajes

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practique nuevas diligencias sobre el teléfono del máximo responsable del ministerio público. La decisión del juez se produce después de que los agentes de la UCO entregasen el pasado jueves en el alto tribunal un informe sobre el terminal de García Ortiz en el que señalaban que no habían encontrado ...

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que practique nuevas diligencias sobre el teléfono del máximo responsable del ministerio público. La decisión del juez se produce después de que los agentes de la UCO entregasen el pasado jueves en el alto tribunal un informe sobre el terminal de García Ortiz en el que señalaban que no habían encontrado ningún mensaje enviado ni recibido en su teléfono entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el plazo fijado por el magistrado para el análisis.

En concreto, Hurtado reclama a los agentes de la Guardia Civil que le faciliten los “números de teléfono e IMSI [número único que se adjunta a cada tarjeta SIM que se introduce en un móvil]/IMEI [identificador único que se utiliza para identificar cada terminal] asociados de las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada el 30 de octubre en el despacho de Álvaro García Ortiz, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono”. Durante el registro, la UCO volcó el contenido íntegro de un terminal que tenía dos tarjetas SIM (dos líneas de teléfono), y lo que pide el juez es el código de identificación del dispositivo y de cada una de esas dos tarjetas.

El juez no detalla en su escrito qué es lo que pretende comprobar con estas diligencias. Fuentes jurídicas consultadas tampoco aclaran cuál es la intención del instructor, pero otras fuentes del caso interpretan que Hurtado pretende saber si el terminal y las tarjetas SIM cuyo contenido copió la UCO el pasado 30 de octubre durante el registro del despacho del fiscal general son los mismos que García Ortiz utilizó para mandar mensajes a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la noche del 13 de marzo. Expertos policiales añaden que las compañías telefónicas registran de modo automático cada cambio de terminal o tarjeta SIM que se realiza respecto a un número de teléfono, por lo que se puede saber no sólo si el móvil que utilizó en aquella fecha era el mismo que el que se le intervino ―algo que fuentes cercanas a la investigación dan por descartado― sino, en caso contrario, cuál en concreto tenía entonces.

Tanto García Ortiz como Rodríguez están imputados por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso (PP), con información confidencial de este, y que acabó siendo publicado por varios medios de comunicación. En ese correo, González Amador admitía haber cometido un delito de fraude fiscal y proponía un acuerdo a la Fiscalía que le evitara entrar en la cárcel.

Tras conocerse el pasado jueves que la UCO no había encontrado ningún mensaje de Whatsapp, sobre ningún asunto, enviado ni recibido por el fiscal general entre el 8 y el 14 de octubre, fuentes del entorno de la Fiscalía alegaron que García Ortiz había cambiado de móvil recientemente y que el anterior había sido formateado, borrando todo su contenido. Esa operación, aseguraron estas fuentes, se había hecho en cumplimiento de una instrucción en materia de protección de datos dictada en 2019 y de una guía difundida por el delegado de protección de datos de la Fiscalía en 2022. Este documento insta al “formateado de los equipos informáticos una vez sean devueltos por su usuario” y a “no almacenar indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico” y “eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera”.

Pero, aunque en el teléfono de García Ortiz no haya mensajes de esos días, los investigadores tienen constancia de que el fiscal general sí intercambió whatsapps sobre la causa del novio de Ayuso en esas fechas con la fiscal jefa provincial porque los pudo leer en el móvil de esta, que también fue clonado por la Guardia Civil. El informe de la UCO sobre el teléfono de Rodríguez, hecho público el pasado noviembre, incluye varios pantallazos de mensajes intercambiados entre ella y el fiscal general. Entre esos mensajes hay varias conversaciones de la noche del 13 de marzo, que es cuando se conoció la existencia del correo remitido a la Fiscalía por el abogado de la pareja de Ayuso. El Ministerio Público decidió elaborar una nota de prensa, que se publicó al día siguiente, para desmentir la versión del entorno de la presidenta madrileña, que había filtrado a algunos medios la falsa noticia de que el acuerdo lo había propuesto la Fiscalía, no el propio González Amador.

Una de las acusaciones personadas en el caso, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha presentado este lunes un escrito en el Supremo en el que consideran necesario averiguar si García Ortiz “ha cambiado de terminal móvil” desde el 13 de marzo y “los IMEI afectados”, ante la sospecha de que la Guardia Civil haya podido “peritar un teléfono que no fuera usado por el investigado el día 13-14 de marzo”. La decisión del instructor de solicitar esos datos a la Guardia Civil ha llegado después de que este escrito fuera registrado, aunque el juez no alude al mismo en su resolución.

González Amador reclama conversaciones entre la Fiscalía y Moncloa

El abogado de González Amador ha pedido también este lunes al juez del Supremo que ordene varias pruebas para seguir indagando si el fiscal general o alguien de su entorno filtró el correo electrónico a los medios de comunicación, pero también para esclarecer cómo llegó ese mail a la Moncloa. El abogado solicita, entre otras diligencias, que el juez autorice a la UCO a analizar si García Ortiz o Pilar Rodríguez intercambiaron mensajes sobre ese correo electrónico con la entonces jefa de Gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, quien supuestamente mandó el mail cuya filtración se investiga al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato. La defensa del novio de Ayuso reclama también que la Guardia Civil busque conversaciones entre los dos fiscales imputados y los ex secretarios de Estado de Comunicación Francesc Vallés e Ion Antolín (relevado este lunes por motivos de salud tras 20 días en el cargo) y la directora de comunicación de Vivienda Laura Sánchez Espadas.

La petición de la defensa del novio de Ayuso llega después de que un informe de la UCO sobre el teléfono de Lobato (quien declaró como testigo y accedió al volcado del contenido de su móvil) concluyera que esos altos cargos de Moncloa tenían una copia íntegra el correo electrónico filtrado del abogado de González Amador antes de que ese documento fuera publicado en los medios de comunicación. El abogado reclama también que se curse una orden a las compañías telefónicas para que conserven todos los datos “generados y tratados” por los teléfonos de todos ellos desde el 7 de marzo, y que se analicen las posibles conversaciones mantenidas entre estos altos cargos y el jefe gabinete del Grupo Parlamentario Asamblea de Madrid, David del Campo. Además, reclama que se indague si el fiscal general o la fiscal jefa provincial intercambiaron mensajes con tres periodistas de la Cadena Ser, de Eldiario.es y El plural, los primeros medios en publicar el correo filtrado.

La defensa del novio de Ayuso pone además el foco en el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, a quien pide al juez que impute después de que el informe de la UCO sobre el teléfono de Rodríguez recogiera conversaciones que indicaban que este había reclamado el 7 de marzo a la fiscalía provincial el expediente de la denuncia presentada por el Ministerio Público contra González Amador.