Las declaraciones de Aldama y Begoña Gómez tensan el final del curso político

El Gobierno afronta otro trago amargo en los tribunales con los interrogatorios programados esta semana en el caso Ábalos y en el caso Begoña Gómez. La oposición se prepara para aprovechar la intensa agenda judicial marcada en esta recta final del curso político, antes de que el presidente Pedro Sánchez haga el tradicional balance de año, previsto para la siguiente semana. El Ejecutivo estará muy atento a las palabras del empresar...

El Gobierno afronta otro trago amargo en los tribunales con los interrogatorios programados esta semana en el caso Ábalos y en el caso Begoña Gómez. La oposición se prepara para aprovechar la intensa agenda judicial marcada en esta recta final del curso político, antes de que el presidente Pedro Sánchez haga el tradicional balance de año, previsto para la siguiente semana. El Ejecutivo estará muy atento a las palabras del empresario Víctor de Aldama. El comisionista acude a declarar este lunes al Tribunal Supremo después de hacerlo en noviembre en la Audiencia Nacional, donde desató una enorme tormenta con nuevas imputaciones contra la Administración socialista; y después de que un informe del Ministerio de Transportes, avanzado por EL PAÍS este domingo, desmintiese sus acusaciones sobre los amaños de obra pública. El miércoles también se ha señalado en rojo: ese día, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, debe comparecer ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que la mantiene imputada desde el pasado abril.

No son las únicas declaraciones de alto voltaje que se esperan para esta semana. La Moncloa solo tendrá un leve respiro el jueves. Porque antes, este martes, el Supremo prevé interrogar a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE. Y después, el próximo viernes, el magistrado Peinado prevé hacer lo propio en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla con María Cristina Álvarez, directora de Programas de Presidencia, quien hizo gestiones en nombre de Begoña Gómez sobre la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que encabezaba. El juez Peinado también ha citado el miércoles a Juan José Güemes, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de Esperanza Aguirre y actual alto cargo del Instituto de Empresa (IE).

Fuentes del Gobierno insisten en que La Moncloa y el PSOE están convencidos de que Aldama volverá a disparar este lunes contra ellos. Sobre todo, después de que el exministro Ábalos, que declaró el pasado jueves en el Supremo, acusara al comisionista de mentir. “[Ábalos] ha dicho lo que tenía que decir”, afirmó horas después el empresario, a través de un vídeo difundido en un programa de televisión de Mediaset: “Ya me tocará responder el lunes. Se va a poder desmontar un poco más las mentiras de este señor, que al final se atribuyen a este Gobierno. Porque no nos olvidemos que este señor era el número dos del Gobierno de Pedro Sánchez”, incidió Aldama.

Más allá de su confesión del 21 de noviembre en la Audiencia Nacional, que le permitió quedar en libertad ese mismo día gracias al apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, el comisionista ha arremetido contra los socialistas en cada intervención pública que ha hecho desde que salió de prisión. Ya lo hizo a las mismas puertas de la cárcel de Soto del Real (Madrid): “Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho”, avisó. Y lo repitió en las dos entrevistas de radio que ha concedido hasta ahora. A esas advertencias se suman las presuntas pruebas que su defensa entregó en el Supremo el 4 de diciembre, donde consta un listado de supuestas obras “preadjudicadas” por Ábalos a cambio del pago de comisiones.

Este último es, precisamente, el gran punto flaco que el Gobierno cree haber encontrado en el testimonio de Aldama para restarle credibilidad y desmontar así todas las nuevas acusaciones que introdujo sorpresivamente en la Audiencia Nacional contra otros dirigentes socialistas distintos a Ábalos —al que el PSOE ya apartó y expulsó de su grupo en el Congreso—. El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, encargó dos informes técnicos para analizar los contratos denunciados por el empresario en el alto tribunal, con el objetivo de ver si detectaban ilegalidades. Pero estos documentos (el último, adelantado este domingo por EL PAÍS) subrayan que no se han detectado irregularidades; que varios proyectos puestos bajo sospecha ni siquiera se han llegado a licitar; y que estos expedientes no se corresponden solo con la etapa de Ábalos, sino que abarcan a sus antecesores en el cargo, Ana Pastor e Íñigo de la Serna, ambos del PP, y a su sucesora en el puesto, Raquel Sánchez, del PSOE.

De hecho, Óscar Puente ha calificado de “bulo como una catedral” las sospechas arrojadas por Aldama sobre las supuestas obras “preadjudicadas”, así como la tesis introducida por el PP de que el amaño se habría producido en los modificados de esos proyectos —que implican sobrecostes y que deben aprobar los técnicos—. “Los modificados son ETA”, tuiteó irónico el actual ministro de Transportes después de que Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, preguntara por ellos a Ábalos el pasado jueves.

Si el Gobierno espera que el lunes arrecie la tormenta con Aldama, el martes prevé que solo chispee. Esa jornada, Koldo García está citado ante el alto tribunal. En la Audiencia Nacional, donde se impulsó la primera parte de las pesquisas, el exasesor se acogió a su derecho a no declarar, pero ahora ha anunciado que quiere responder a las preguntas que le hagan. Sin embargo, hasta ahora, Koldo García ha negado las irregularidades que se le atribuyen, y ha defendido a su antiguo jefe. Tampoco ha disparado contra el partido del Gobierno, ni contra otros señalados por Aldama. Como el diputado Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE: el comisionista dijo que le dio 15.000 euros en un sobre.

¿Declarará Begoña Gómez?

La expectación se trasladará el miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla. De nuevo, Begoña Gómez debe comparecer como imputada ante el juez Peinado. El magistrado, que ya la llamó dos veces por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la cita ahora para que declare por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional relacionados con un software vinculado a la UCM, que se han añadido al sumario mediante otra querella presentada por el grupo ultracatólico Hazte Oír. En las dos ocasiones anteriores, la esposa del presidente se acogió su derecho a no declarar. La duda está en si ahora responderá a alguna de las partes.

Al igual que Begoña Gómez, el exconsejero madrileño Juan José Güemes debe sentarse el miércoles ante el juez. También lo hará, además, en calidad de imputado, y después de haber comparecido ante el magistrado como testigo. Como ha criticado la Fiscalía, es la tercera persona que acaba siendo imputada por Peinado de manera inmediata tras declarar como testigo —lo que implicaba que estuviese obligado a responder y no pudiese acudir a la cita acompañado con abogado—. En su caso, el juez decidió imputarlo después de que Güemes negase que el Instituto de Empresa contrató los servicios de Begoña Gómez por ser la mujer del presidente.

Esta dinámica seguida por Peinado coloca el foco, por tanto, en el interrogatorio del viernes. María Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa, está citada como testigo. Así que tendrá que responder a todas las preguntas que le hagan todas las partes. El Gobierno insiste en que esta causa abierta contra la esposa de Sánchez acabará en nada. Y respecto a Álvarez, fuentes de La Moncloa resta importancia a que Álvarez, asignada como asistenta de Begoña Gómez, la ayudase con algunos trámites relacionados con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid, según publica la agencia Europa Press.