El juez Hurtado toma partido contra el fiscal general, al que investiga por revelación de secretos

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha redactado un auto en el que explica las razones que le llevan a mantener por separado a las cuatro acusaciones populares personadas en la causa abierta por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hurtado se pronuncia de manera muy crítica contra la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, porque ha pedido el archivo de la causa en cinco ocasiones y, sin embargo, ensalza la labor de la Asociación Profesi...

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha redactado un auto en el que explica las razones que le llevan a mantener por separado a las cuatro acusaciones populares personadas en la causa abierta por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hurtado se pronuncia de manera muy crítica contra la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, porque ha pedido el archivo de la causa en cinco ocasiones y, sin embargo, ensalza la labor de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), minoritaria en la carrera pero personada en esta causa como acusación popular. Para defender la presencia de esta asociación, que puso una demanda contra el nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante la sala tercera del Tribunal Supremo, el magistrado Hurtado escribe que APIF “puede ofrecer una aportación que podría echarse en falta, no solo en orden al esclarecimiento de los hechos, sino en defensa de la profesionalidad y prestigio de la Institución”. En la causa ya está representada la Fiscalía a través de la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde, pero a Hurtado no le sirve porque esta profesional considera que no hay delito en la actuación de Álvaro García Ortiz.

El instructor Hurtado parece prejuzgar el caso que esta instruyendo cuando advierte que es necesaria la personación de APIF como acusación popular “ante la posición que ha venido mostrando el Ministerio Fiscal, a través de la representante, que hasta ahora ha venido encargándose del caso, en que ha llegado a pedir el archivo o sobreseimiento de las actuaciones, al menos en cinco ocasiones, sin éxito, y de la que, como última muestra, tenemos la declaración prestada el pasado día 10 de diciembre por el Fiscal Salvador Viada Bardají, que venía a poner de manifiesto su afinidad y proximidad mostrada con el investigado Álvaro García Ortiz”.

La declaración a que se refiere Hurtado tuvo lugar como consecuencia de una denuncia de la propia APIF contra el fiscal general del Estado porque Salvador Viada, líder de esta asociación, vio en el patio de la fiscalía general del estado al fiscal general junto a la teniente fiscal consultando el teléfono móvil del primero. Viada entendió que se podía estar manipulando un móvil que, además, tenía que ser revisado ese día por la Guardia Civil. El magistrado Hurtado optó por ordenar que no se borrasen las imágenes de seguridad grabadas por las cámaras del patio de la sede de la Fiscalía General. Pero resulta que no había cámaras en el patio y que a la hora en que ocurrieron los hechos, el clonado del móvil del fiscal general del Estado ya se había realizado, según podía comprobar Hurtado con la mera lectura del acta de registro. Pero Hurtado y Viada han convertido aquel episodio, supuestamente delictivo, en una clara censura a la teniente fiscal del Supremo.

Hurtado se permite alabar en su auto a la acusación popular de APIF: “El interés asociativo y la labor hasta ahora realizada por la Asociación, a la que no cabe poner tacha alguna sobre su objetividad, y ese interés por la defensa e imparcialidad por el Ministerio Fiscal, como institución, que, de alguna manera, está en tela de juicio con los hechos a que se contrae la presente causa, merecen una defensa propia por parte de esta Asociación”. APIF es una asociación que en ningún momento defendió al ministerio fiscal cuando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mucho antes incluso de que se denunciara la revelación de secretos, se acusó a la fiscal provincial de estar actuando por motivos políticos en la querella contra el novio de Isabel Díaz Ayuso; ni se ha pronunciado respecto a la filtración del jefe de gabinete de la presidenta madrileña sobre unas supuestas “órdenes de arriba” de la Fiscalía para retirar la oferta de acuerdo de conformidad.