Aldama extiende al PSOE el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras sin aportar pruebas

El empresario Víctor de Aldama ha ratificado este lunes en el Tribunal Supremo que el exdirigente socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García cobraron presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, durante la etapa del primero al frente del Ministerio de Transportes. Según fuentes presentes en la declaración judicial, el considerado conseguidor de la trama ha cifrado entre 3,4 y 4 millones de euros el...

El empresario Víctor de Aldama ha ratificado este lunes en el Tribunal Supremo que el exdirigente socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García cobraron presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, durante la etapa del primero al frente del Ministerio de Transportes. Según fuentes presentes en la declaración judicial, el considerado conseguidor de la trama ha cifrado entre 3,4 y 4 millones de euros el dinero que supuestamente pagaron diferentes empresas como contraprestación por beneficiarse de adjudicaciones de obras dependientes del departamento de Ábalos. Ese dinero, según su versión, se lo repartieron entre él, Ábalos —que fue titular del departamento de Fomento entre 2018 y 2020, y del de Transportes entre 2020 y 2021— y Koldo García. Aldama ha añadido que Ábalos y Koldo le aseguraron “muchas veces” que una parte de las comisiones iban a parar al PSOE. Preguntado por el juez cómo sabía de ese desvío, el empresario ha admitido que no tenía pruebas de ellos, que tenía conocimiento solo por lo que le decían el exministro y su asesor, ya que él no llegó a ser testigo de ninguna entrega al partido.

Aldama ha declarado durante tres horas ante el instructor del caso en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. El empresario ha contestado a todas las partes, incluido el PP, la única de las siete acusaciones populares que puede estar presente en los interrogatorios tras la decisión del juez de unificarlas todas y darle la representación a ese partido. Según fuentes presentes, el empresario se ha presentado ante el juez como un intermediario entre el ministerio y empresarios a los que abría la puerta para la adjudicación de obras públicas.

Según estas fuentes, Aldama ha insistido en las acusaciones que ha ido lanzando en las últimas semanas sobre Ábalos y el que fuera su asesor, así como en las que implican a cargos actuales del entorno del PSOE o del Gobierno, como el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. No obstante, el empresario aseguró que llevaría pruebas al Supremo que demostraran las acusaciones que ha ido vertiendo en las últimas semanas, pero el único documento que ha presentado, según las fuentes consultadas, es una nota manuscrita que él atribuye a Koldo García y que enumera varias ciudades, como Madrid, Ourense, Murcia, Valladolid y Huesca, junto a los nombres de constructoras a las que, según su versión, se les iba a adjudicar una obra. Otras fuentes consultadas aseguran que esta nota carece de “contenido jurídico” que pueda servir como prueba. EL PAÍS ya contactó a algunas de las empresas que pueden leerse en el manuscrito (Ortiz, Construcciones y Proyectos S.A, Lantania S.A.U y ASCH), que negaron las acusaciones de Aldama.

El empresario ha sostenido que las constructoras pagaban una comisión de entre el 1% y el 1,5% del importe total de la adjudicación. Y ha detallado que las mismas se fraguaron a instancias de Koldo García. Siempre según su testimonio, fue el asesor de Ábalos, con quien tenía la relación “más cercana y más intensa”, quien le pidió ayuda para recibir mordidas. Las afirmaciones de Aldama chocan con los informes elaborados por el Gobierno sobre las adjudicaciones señaladas por el empresario. Esa investigación, encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha concluido que no se han detectado irregularidades, que varios proyectos ni siquiera se han llegado a licitar y que el listado presentado por el empresario incluye expedientes tramitados por los antecesores de Ábalos en el cargo —Ana Pastor e Íñigo de la Serna, del PP— y por la sucesora de Ábalos, Raquel Sánchez, del PSOE.

Aldama, según fuentes presentes en el interrogatorio, ha cifrado en hasta cuatro millones de euros el dinero que supuestamente pagaron varias empresas a cambio de contratos públicos. Otras fuentes limitan, sin embargo, esta cifra a entre 3,4 y 3,5 millones. El empresario ha asegurado que a Ábalos le dio 170.000 euros en efectivo en diferentes entregas, más otras contraprestaciones en especie, y que lo hizo tanto “cuatro o cinco veces” en su despacho del Ministerio ―donde ha asegurado que entraba sin necesidad de acreditarse y subía “a la planta noble” en el mismo ascensor que utilizaba el ministro― como “en la casa” de Ábalos en otras tres ocasiones. Aldama ha añadido que a partir de septiembre de 2021 estos supuestos pagos los hacía a través de Joseba García, hermano de Koldo y también investigado en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, a petición de este último. Este cambio se produjo después de que Koldo le dijese que Ábalos le alertó de que estaban siendo seguidos y debían tener cuidado para que les vieran juntos “lo menos posible”.

También ha insistido, como ya dijo en la Audiencia Nacional, en que se entregó en su presencia un sobre con 15.000 euros al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un bar cercano a la sede del partido, en la calle Ferraz. Según su versión, esa supuesta mordida se debía a una compensación por una licitación a una constructora. El dirigente socialista ha negado esos hechos rotundamente.

Otro de los altos cargos del PSOE mencionados por Aldama es Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial. En su primera confesión (cuando se sentó ante el juez de la Audiencia Nacional), solo apuntó contra él a través de Koldo García. Según dijo entonces, el exasesor de Ábalos le pidió una comisión de 50.000 euros para el entonces jefe del Gobierno de las islas por la trama de compraventa de mascarillas, algo que Torres niega. Sin embargo, posteriormente Aldama introdujo otra acusación en el Supremo: aseguró que costeó el alquiler de inmuebles para que Torres tuviera allí “encuentros de diversa naturaleza”. Según fuentes jurídicas, Aldama se ha ratificado este lunes en ambas acusaciones.

Sobre la supuesta petición de una comisión, ha afirmado este lunes que Koldo García le reenvió pantallazos de los mensajes ―y que asegura que conserva― en los que presuntamente Torres le reclamaba ese dinero. Y ha insistido en que él se negó a pagar, pese a lo cual nunca se los reclamó directamente el actual ministro de Política Territorial. Sobre los pisos, el empresario ha concretado que alquiló tres pisos a través de la plataforma Airbnb de reservas vacacionales en diferentes zonas de Madrid, que en uno de ellos (situado en la calle Atocha) se celebró un encuentro “con señoritas” al que acudieron Ábalos, Koldo, Torres, y otras personas a las que no identifica. A preguntas del juez, según las fuentes consultadas, Aldama ha concretado que fue el asesor del ministro quien invitó a Torres.

Por la tarde, el PSOE ha asegurado que quiere emprender acciones legales contra Aldama por delito de injurias y calumnias vertidas en sede judicial. “Constatamos que, cuando se ha comprobado en los expedientes la falsedad de las declaraciones que realizó [...] en la Audiencia Nacional, este investigado se siente obligado a renovar el repertorio de sus calumnias, sin aportar de nuevo la más mínima prueba”, ha asegurado el partido en un comunicado, informa José Marcos.

La de este lunes ha sido la segunda declaración judicial de Aldama por la trama corrupta que surgió en torno a la compra de material sanitario. El 21 de noviembre declaró en la Audiencia Nacional, donde se sigue investigando la parte del caso que no implica, en principio, a Ábalos, que está aforado en el Supremo por su condición de diputado (tras ser expulsado del Grupo Socialista se pasó al Mixto). Aquella fue la primera vez que Aldama señaló, además de al exministro de Transportes, a otros cargos del entorno de Gobierno y del PSOE, como el secretario de Organización, Santos Cerdán.

El presunto conseguidor de la trama redobló sus acusaciones en el escrito entregado en el Supremo el 4 de diciembre, donde volvió a apuntar, entre otros, al ministro Torres y a Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Sobre este último, ha incidido en que él no le entregó el supuesto sobre con dinero a Moreno, sino que se lo dio a Koldo García y este, presuntamente, al colaborador de Montero. El empresario estaba en ese momento en prisión provisional por su implicación en otra trama, relacionada con un presunto fraude a Hacienda de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, y quedó en libertad tras declarar y señalar a cargos del Gobierno y del PSOE como una prueba de su compromiso a colaborar con la Justicia.

Aldama ha llegado este lunes al Tribunal Supremo en un coche conducido por Daniel Esteve, líder de Desokupa, la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales. Esteve se ha bajado del vehículo, de alta gama, ha abierto la puerta al empresario investigado, le ha dado la mano como saludo y se ha vuelto a subir al coche para irse. Esta mañana, Esteve ha publicado un mensaje en la red X en el que decía: “El que pueda ver la llegada de Aldama al Tribunal Supremo que lo vea. Que habrá sorpresas”. Fuentes del entorno del empresario han asegurado que ambos mantienen una relación de “amistad”.