El juez Peinado requiere al Gobierno una relación de todos los trabajadores y asesores que “desempeñan sus labores” en La Moncloa
El magistrado que investiga a Begoña Gómez pretende aclarar la posición de la asistente de la esposa del presidente de Gobierno
El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a Presidencia del Gobierno que aporte una relación de todos los trabajadores y asesores “que desempeñan sus labores en el Palacio de La Moncloa”. La providencia, con fecha del martes 10 de diciembre, está enmarcada en la instrucción del caso sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de “corrupción en el sector privado y tráfico de influencias”. La decisión de Peinado llega una semana antes de que declare como testigo en la causa Marí...
El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a Presidencia del Gobierno que aporte una relación de todos los trabajadores y asesores “que desempeñan sus labores en el Palacio de La Moncloa”. La providencia, con fecha del martes 10 de diciembre, está enmarcada en la instrucción del caso sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de “corrupción en el sector privado y tráfico de influencias”. La decisión de Peinado llega una semana antes de que declare como testigo en la causa María Cristina Álvarez, actual directora de Programas de Presidencia en La Moncloa, que supuestamente hizo gestiones en nombre de Gómez sobre la cátedra que esta impartía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Diversas informaciones periodísticas han señalado que Álvarez escribió por correo electrónico tanto a empresas que colaboraban con la esposa de Pedro Sánchez como al entonces vicerrector de Planificación de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, encargado entre otras funciones del control y buen funcionamiento de la cátedra que dirigía Begoña Gómez. Peinado, de hecho, ha requerido a Doadrio en el mismo escrito que envíe en un plazo de cinco días “la documentación relativa a la cátedra que se investiga, y que indicó en su declaración que conservaba”.
Álvarez explicará previsiblemente en su declaración ante el juez si las gestiones que hizo para Begoña Gómez fueron a título privado, independientemente de su trabajo en La Moncloa como empleada pública. El objetivo de Peinado es investigar si en esos trámites se produjo una malversación de fondos públicos, es decir, si Álvarez, que cobraba un sueldo público, dedicaba parte de su tiempo a ayudar a Gómez en sus actividades privadas. La solicitud a La Moncloa del listado de trabajadores y asesores sería así el primer paso para intentar acreditar que Álvarez desempeña un cargo público allí, aunque Peinado no incluye en la providencia los motivos del requerimiento.
El magistrado, que lleva la causa en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, también ha solicitado a la Universidad Complutense que envíe, en el plazo de 10 días, a través de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI), una “copia testimoniada de los expedientes que hubiera podido tramitar para cualquier tipo de inscripción registral (de Propiedad Intelectual, programa informático, derechos de autor, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, etc.) en relación con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva” que impartió Gómez en dicha universidad.
La causa penal que impulsa Peinado desde hace nueve meses está basada en una querella interpuesta por Manos Limpias y sustentada en recortes de noticias, algunas de las cuales resultaron ser falsas. El magistrado imputó en un principio a Gómez dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios; y amplío después la investigación a otros dos: apropiación indebida e intrusismo profesional. De momento, todos los informes elaborados por la UCO de la Guardia Civil a petición del juez descartan dichos delitos.
Peinado ha imputado a tres personas más sin concretar los motivos: Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense; el empresario Carlos Barrabés; y Juan José Güemes, directivo del IE Business School y exconsejero del PP en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Todos ellos han negado cualquier trato de favor a Gómez o que ella ejerciera tráfico de influencias.