El PSOE denuncia que la cúpula de la Junta conoció al menos cuatro contratos sanitarios de emergencia cuando la ley lo impedía

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno (PP), conoció al menos cuatro contratos sanitarios de emergencia concedidos a dedo por 31 millones entre 2021 y 2022, cuando ya había decaído la declaración de emergencia que justificaba las adjudicaciones directas y sin concurrencia pública. El Consejo de Gobierno andaluz se dio por enterado de esos cuatro contratos millonarios para diferentes compras sanitarias tras elevarlos el exconsejero de Salud y Familias y hoy presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. La documentación está incluida en la segunda ampliació...

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juan Manuel Moreno (PP), conoció al menos cuatro contratos sanitarios de emergencia concedidos a dedo por 31 millones entre 2021 y 2022, cuando ya había decaído la declaración de emergencia que justificaba las adjudicaciones directas y sin concurrencia pública. El Consejo de Gobierno andaluz se dio por enterado de esos cuatro contratos millonarios para diferentes compras sanitarias tras elevarlos el exconsejero de Salud y Familias y hoy presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. La documentación está incluida en la segunda ampliación de la querella que el PSOE ha presentado la semana pasada al Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que investiga el caso y ha imputado por prevaricación a la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, y sus dos predecesores en el cargo.

Los socialistas han elevado el tiro para pedir que, al margen de los tres dirigentes de la Junta, el magistrado Javier Santamaría impute también a los siete responsables provinciales de los centros de gasto del SAS por malversación, falsedad en documento público y organización criminal. García fue esos años responsable de compras del Hospital Universitario Reina Sofía, antes de ser nombrada hace un año gerente del SAS, por lo que el PSOE pide una ampliación de su imputación, ya acordada por el juez. La Intervención General vio “irregularidades” a través de sus informes desfavorables en el 92% de los contratos sanitarios concedidos solo en 2021 en las ocho provincias andaluzas, mientras que la contratación menor total ascendió a 1.223 millones.

“Las más altas instancias de la Junta de Andalucía habrían necesariamente tenido un cabal conocimiento y habrían consentido la descrita contratación corrupta en el área de emergencia del SAS (…) El propio Consejo de Gobierno tuvo necesariamente que advertir que se estaba produciendo una clamorosa cadena de contrataciones ilegales en el seno del SAS (…) conociendo las irregularidades y graves ilícitos producidos en la contratación del SAS, no actuó, sino que consintió o toleró, y no frenó la práctica que hoy se revela como patentemente infractora del orden penal”, reza la ampliación de querella presentada. El juez ya ha pedido al SAS que le informe de los contratos que remitió al Consejo de Gobierno, por lo que los cuatro contratos que suman 31, 5 millones sumarán nuevos expedientes una vez llegue al juzgado toda la documentación requerida.

Los socialistas subrayan cómo el Consejo de Gobierno conocía que desde el 18 de junio de 2021 la alerta por la Covid-19 que justificaba la contratación de emergencia, pese a lo que no puso objeciones a los contratos que elevó la Consejería de Salud y Familias esos años. “Todo ocurrió bajo presunto pero pleno conocimiento y aquiescencia o tolerancia del Consejo de Gobierno”, destaca el escrito. Ese día de junio de 2021 el director general de contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea comunicó a todos los centros directivos y de gasto de la Junta que el procedimiento de emergencia había decaído y ya no se podría contratar bajo la causa Covid como modo de excepción, y que, por lo tanto, ya debían regirse bajo la Ley de Contratos del Sector Público. Algo que no ocurrió.

El PSOE defiende que se ha producido un “generalizado abuso doloso de la contratación de emergencia”, dado que la Junta ignoró dicho aviso y siguió contratando a dedo y sin concurrencia, reproche que ya hizo la Intervención General en numerosos informes. Por tanto, se produjo una malversación porque está demostrado que los precios fueron menores cuando varias empresas pujaron por un contrato público, en vez de las adjudicaciones directas a ciertas empresas, lo que incrementó el costo para la Administración pública, según los socialistas.

El primero de los cuatro contratos fue por 9,2 millones en noviembre de 2021 para la gestión externa de residuos infecciosos durante la pandemia, asistencia sanitaria hospitalaria en Huelva-Costa, distribución logística de vacunas, realización de cribados y el transporte de jóvenes desde Valencia hasta Andalucía por un brote registrado en Mallorca. El segundo contrato, por 7,3 millones y firmado en febrero de 2022, estuvo destinado a obras de reforma en el Hospital Virgen del Rocío y el suministro de equipamiento del Hospital Cartuja Macarena.

El tercero fue por 8,8 millones en febrero de 2022 para suministro de test de antígeno para detectar Covid-19 en centros de salud del SAS. Al respecto, la querella aclara: “El objeto del contrato, alejado de la causa Covid, fue suministros de test de antígenos cuando a esas alturas estas compras eran perfectamente previsibles y articulables con procedimientos bajo publicidad y concurrencia”. El cuarto contrato, por 6,2 millones fue para unas obras en centros de salud de Granada para luchar contra la pandemia, firmado en mayo de 2022. Los socialistas auguran que estos ejemplos elevados a la cúpula de la Junta, obtenidos por fuentes abiertas de su web oficial, es “una pequeñísima muestra de lo que debe haber realmente acontecido”.

Para justificar la ampliación de la imputación de la gerente actual del SAS, el PSOE aporta una resolución de emergencia firmada por Valle García como directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para adjudicar un servicio de información y control de accesos al complejo de edificios. La contratación del servicio, incluida en la plataforma logística sanitaria de Córdoba, es solo por el plazo de un mes y tuvo un presupuesto de 60.119 euros, concedido a dedo a la empresa Servicios Securitas S. A.

El PSOE destaca que la investigación en marcha debe profundizar en los miles de documentos que recibirá en breve el juzgado sin que “por el momento” deba trascender [la imputación] “a más altas instancias”, más allá de los directores gerentes del SAS. Es decir, al consejero de Salud o a miembros del Consejo de Gobierno. “La absoluta necesidad de investigar una política de corrupción administrativa continuada y con el resultado de aplicación ilícita de fondos públicos por importe de cientos de millones de euros, no pudo tener lugar —y consolidarse en el tiempo y en el territorio— solo por razón y bajo designio y conocimiento exclusivo de los directores gerentes del SAS”, reza esta segunda ampliación de querella presentada.