El Supremo cita como testigo a Miguel Ángel Rodríguez en la causa abierta al fiscal general

El magistrado Ángel Luis Hurtado, que instruye en el Tribunal Supremo la causa impulsada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha citado a declarar como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). El juez, que también llama a comparecer como testigos a ocho periodistas de diferentes medios de comunicación, ha t...

El magistrado Ángel Luis Hurtado, que instruye en el Tribunal Supremo la causa impulsada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha citado a declarar como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP). El juez, que también llama a comparecer como testigos a ocho periodistas de diferentes medios de comunicación, ha tomado esta decisión tras pedirla el propio fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, ambos imputados en este procedimiento abierto por revelación de secretos.

El asesor de Ayuso —uno de sus hombres de máxima confianza— deberá sentarse ante el juez a partir de las 10.00 del próximo 8 de enero, según el calendario fijado por el magistrado, que prevé interrogar ese mismo día a dos periodistas (de El Mundo y La Sexta), y a otros seis (de la Cadena SER, El Diario, El Plural, Vozpópuli y Libertad Digital) a la jornada siguiente, 9 de enero.

Así ha reaccionado Rodríguez tras conocer su citación: “Veré lo que me preguntan y veré lo que contesto”, ha dicho de forma escueta. “Me acabo de enterar, tampoco tengo físicamente ninguna citación, más que un teletipo”, ha añadido el alto cargo regional a preguntas de EL PAÍS, justo antes del arranque de la ceremonia para celebrar la Constitución que organiza este martes la Comunidad de Madrid, informa Juan José Mateo.

Rodríguez, debido a la condición de testigo que le ha otorgado el juez, comparecerá con la obligación de decir la verdad. Él constituye una pieza clave para entender este enmarañado procedimiento que ha llevado a la imputación de un fiscal general del Estado por primera vez en democracia, así como al registro de su despacho por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la intervención de su teléfono y dispositivos informáticos y telemáticos.

El inicio de la historia se remonta a marzo, cuando estalla el escándalo de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, imputado por tres delitos por urdir una trama de facturas falsas para defraudar 350.000 euros a Hacienda. Es entonces cuando el PP de Madrid pasa al contrataque y, encabezados por la propia presidenta regional, comienza a cargar contra la Fiscalía. El equipo de la dirigente popular y Miguel Ángel Rodríguez, conocido también con el alias de MAR, elevan esa ofensiva el 13 de marzo y empiezan a difundir el bulo de que el ministerio público le había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera los delitos. Como si fuera una especie de chantaje político.

En la misma noche de ese día, El Mundo publicó esa información tergiversada bajo el titular: “La Fiscalía ofrece un pacto a la pareja de Ayuso para que admita dos delitos fiscales”. Rodríguez se hizo eco de ello con el objetivo de construir su tesis de que la supuesta oferta de la Fiscalía, que después se habría retirado, formaba parte de esa especie de coacción con fines políticos para desgastar a la dirigente del PP. Sin embargo, la realidad era distinta. Había sido el propio novio de Ayuso quien, más de un mes antes, había tomado la iniciativa para tratar de alcanzar ese acuerdo a través de un correo que su abogado Carlos Neira había enviado el 2 de febrero al ministerio público.

Entre la noche del 13 de marzo y la mañana del 14, varios medios de comunicación (entre ellos, la Cadena SER y EL PAÍS) publicaron el contenido de ese email y el propio correo electrónico originario de la pareja de la presidenta, que desmontaba la tesis del PP de Madrid. Además, pasadas las 10.00 del día 14 y ante la avalancha de peticiones de información por parte de los medios de comunicación, la Fiscalía también emitió una nota de prensa que echaba por tierra las mentiras que propagaba el equipo de Ayuso. Ante ellos, González Amador respondió en los tribunales y denunció a la Fiscalía. En un primer momento, para justificar el impulso del procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se centró en la nota de prensa de la Fiscalía, donde veía un posible delito. Sin embargo, al enviarse la causa al Supremo para encausar el fiscal general, el alto tribunal dijo que no veía reproche penal en ese comunicado, pero añadió que sí había que investigar a Álvaro García Ortiz por la filtración del email del 2 de febrero del abogado de González Amador.

Hasta este martes, cuando el magistrado Hurtado ha aceptado llamar a Miguel Ángel Rodríguez, se había obviado durante toda la causa el proceder del equipo de Ayuso, que filtró el contenido de un correo del fiscal del caso de González Amador (de forma tergiversada) antes de que se produjera la publicación del email del letrado de la pareja de la presidenta. Durante su declaración como testigo ante el TSJM, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, criticó al entorno de González Amador y su abogado: “Yo no pierdo la esperanza de que el Colegio de Abogados de Madrid esté tramitando un expediente disciplinario en su comisión deontológica contra su abogado, señor Neira, puesto que el código ético del consejo de la Abogacía y el Europeo sanciona la vulneración del secreto de las comunicaciones entre el abogado y el resto de las partes”, dijo.

Otras averiguaciones

En un primer informe elaborado por la UCO, basado en las comunicaciones interceptadas a la también imputada fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, esta unidad apreció una “participación preeminente del fiscal general del Estado [...] en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”. Según dicho informe (y a la espera de que se elabore otro con los mensajes intervenidos a García Ortiz), los agentes no ha encontrado pruebas de que fuera el fiscal general o alguien de su entorno quien filtrara el correo sobre González Amador a la Cadena SER, el primer medio que publicó parte de su contenido, en la noche del 13 de marzo. Pero los agentes, tras analizar los mensajes intercambiados ese día por el jefe del ministerio público y la jefa provincial de Madrid, deducen que fue así y que Ortiz tuvo una participación “preeminente” en hechos ocurridos inmediatamente antes de esa publicación.

Además, el foco de la causa se ha ampliado. Juan Lobato, secretario general de los socialistas de Madrid hasta su dimisión el pasado miércoles, declaró como testigo el pasado viernes ante el magistrado del Supremo, al que entregó su teléfono móvil para que su contenido fuese volcado. El magistrado lo llamó a comparecer después de que Abc publicara que había acudido a un notario a registrar una conversación con un cargo de La Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que le envió el email del 2 de febrero del abogado de Alberto González Amador.

Paralelamente, el juez Hurtado ha aceptado que declare también como testigo el fiscal Salvador Viada, miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular. Viada denunció que, durante el registro de la UCO, vio como el fiscal general del Estado y la fiscal del caso “revisaban un móvil aparentemente perteneciente al meritado investigado” en una de las salas de la Fiscalía General del Estado. A petición de APIF, el magistrado ordenó que se conservasen las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de esa zona, pero ha “resultado inviable” porque allí no hay ninguna cámara instalada. Entonces, tras fracasar con esta reclamación, el magistrado ha dado luz verde a la declaración de Viada y también ha aceptado que se pregunte al ministerio público “si ha abierto algún tipo de expediente disciplinario, diligencias informativas o de cualquier otro género, relacionadas con los hechos que son objeto de investigación”: “Y, en su caso, que indique con qué fecha se hizo, qué tipo de diligencias y su resultado”.