El Supremo investigará a Ábalos por tráfico de influencias, malversación y cohecho

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado hoy asumir la investigación al exministro de Transportes José Luis Ábalos en el caso Koldo al apreciar indicios de delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación contra él. Este último no estaba entre los incluidos en la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno envió al Supremo, pero la sala lo incorpora a la causa tras analizar esa resolución, que atribuye al exministro y ex secretario de Organzación del PSOE un “papel principal” en la trama corrupta. El tribunal designa instructor, por turno de reparto, al magistrado Leopoldo Puente, y devuelve a la Audiencia al resto de investigados, aunque deja la puerta abierta a hacerse cargo de todos si se aprecia una conexión material “inescindible” con los hechos investigados respecto a Ábalos.

El paso dado por la Sala Penal supone el inicio oficial de la investigación a Ábalos. Ahora lo previsible es que el instructor cite al exministro para que declare de forma voluntaria, un paso que no requiere pedir permiso al Congreso (el llamado suplicatorio), donde Ábalos es diputado del Grupo Mixto desde que el PSOE le suspendió de militancia tras destapase el caso. Este trámite ante la Cámara baja sí tendrá que darse si el expolítico socialista no acude de forma voluntaria a declarar o si, de lo declarado por él y de otras pruebas que puede practicar el juez, el Supremo deduce que hay indicios suficientes para seguir adelante con la causa e inculpar a Ábalos. Durante la instrucción es también previsible que el juez cite como testigos, entre otros, a los investigados en la Audiencia Nacional, entre ellos, el exasesor de Ábalos, Koldo García; y el empresario Víctor de Aldama, supuestos cabecillas de la trama.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, asume el relato de hechos investigados por la Audiencia que apuntan a Ábalos. La trama liderada por Aldama y Koldo García, señala el tribunal, “aprovechó” la emergencia derivada de la pandemia de covid-19 para hacerse con contratos públicos de compraventa de material sanitario. “En el curso de la investigación se detecta que el grupo de personas disponían de información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que les permitió realizar una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, expone el tribunal, que añade que la trama “aprovechando la condición del secretario de organización del partido político PSOE, participó en las contrataciones de otras administraciones”.

La Sala cree que hay indicios de que el entonces ministro “participaba en beneficios derivados” de esta red. El Supremo cita en su auto los dos más claros hasta ahora: el uso de una casa en la urbanización La Alcaidesa, en el municipio gaditano de La Línea, adquirida por la trama para su disfrute; y el pago, por parte de la red corrupta, de un apartamento en Madrid para una mujer que en aquel momento era pareja de Ábalos. Además, destaca el Supremo, esta persona trabajaba por cuenta ajena en empresas públicas dependientes del Ministerio y había formado parte del grupo de personas que acompañaron al ministro en viajes oficiales, contabilizándose 16 vuelos nacionales y extranjeros sufragados con cargo al erario público.

La Sala, no obstante, ha pedido a la Audiencia que le envíe todos los datos que vayan surgiendo de la instrucción y que tengan relación con Ábalos, y deja en manos del instructor la decisión de incorporar a la causa otras actuaciones recogidas en la exposición razonada si concluye que el exministro pudo participar de algún modo en ellas. El tribunal no cita expresamente ninguno de estos hechos, pero el escrito del juez subrayaba el papel de Ábalos en el rescate de Air Europa. El instructor considera que Aldama se valió de su relación con el entonces ministro para tratar de influir en esa operación y destaca que Ábalos se habría reunido con Nadia Calviño, entonces responsable de la cartera de Economía, y con el presidente Pedro Sánchez para abordar este asunto, a la vez que se comunicaba con Aldama y Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Globalia, propietaria de la aerolínea. Sin embargo, el juez Moreno admitía en su escrito que, de momento, no existen indicios suficientes ara sostener que estas maniobras tuvieran “un papel determinante” en el rescate, sin perjuicio de que puedan aparecer más adelante.