Interior cancela la compra de 15 millones de balas a una firma israelí por 6,6 millones
El departamento de Grande-Marlaska anuncia que las empresas de Israel serán excluidas de las licitaciones de adquisición de armamento
El Ministerio del Interior ha cancelado la compra a una firma israelí de una partida de 15,3 millones de balas del calibre 9 milímetros Parabelum para la Guardia Civil por 6,6 millones de euros, después de que la existencia de este contrato fuera adelantada por la Cadena SER. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha difundido un comunicado en el que expl...
El Ministerio del Interior ha cancelado la compra a una firma israelí de una partida de 15,3 millones de balas del calibre 9 milímetros Parabelum para la Guardia Civil por 6,6 millones de euros, después de que la existencia de este contrato fuera adelantada por la Cadena SER. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha difundido un comunicado en el que explica que ha iniciado el “proceso de rescisión de este contrato y de todas las licitaciones pendientes con empresas israelíes”.
“El Gobierno español mantiene el compromiso de no comprar ni vender armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza. Aunque en este caso se trata de una adquisición de munición, el Ministerio del Interior ha iniciado el procedimiento administrativo para anular dicha compra”, precisa Interior. “Otras empresas israelíes serán excluidas, como licitantes, en otros expedientes de adquisición de armamento que en estos momentos tramita la Dirección General de la Guardia Civil”, añade.
El contrato fue licitado el 21 de febrero de 2024 y adjudicado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el pasado 21 de octubre. Un día después, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en nombre de los cinco ministros de Sumar, remitió una carta a su colega de Defensa, Margarita Robles, pidiéndole la “cancelación inmediata” de las compras de armas a Israel y no solo las ventas. Robles le respondió con otra misiva en la que aseguraba que “no se ha vendido ni adquirido armamento al Estado de Israel desde el 7 de octubre” de 2023. “Las licencias de exportación temporal pendientes con Israel no corresponden a armas, sino a repuestos, y en este momento están paralizadas”, añadía.
La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil otorgó la compra de 15.300.000 balas, por un valor de 6.642.900 euros, a la empresa Guardian Defense & Homeland Security SA. Según consta en la Plataforma de Contratación Pública, el contrato para el “suministro de munición 9 milímetros para diversas unidades de la Guardia Civil” se componía de tres lotes. La empresa israelí se llevó dos de ellos, el 1 y el 3, para un total de 15.300.000 balas. Por el contrato pujaban otros dos suministradores, uno italiano y otro brasileño, cuyas ofertas fueron descalificadas por la mesa de contratación de la Guardia Civil.
Guardian Homeland Security ejerce como “representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar”, según consta en su página web. La matriz, Guardian Holdings LTD, tiene su sede en Tzur Yigaal, una localidad próxima a Tel Aviv (Israel).
Prohibición de la ONU
Por otra parte, los gobiernos de España, Irlanda, Eslovenia y Noruega han difundido un comunicado conjunto en el que condenan la aprobación por parte de la Knesset, el Parlamento israelí, de una ley que impide a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, operar en los territorios ocupados.
Los cuatro países europeos, que la pasada primavera reconocieron al Estado palestino, recuerdan que la UNRWA “tiene un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unida” y que su labor “es esencial e irreemplazable para millones de refugiados palestinos” en Oriente Próximo, especialmente en un momento en que la ofensiva israelí está destruyendo la franja de Gaza. Tras advertir de que la decisión adoptada por la Knesset “sienta un precedente muy grave para la labor de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones del sistema multilateral”, los tres países aseguran que seguirán trabajando para garantizar la viabilidad de la agencia y su tarea humanitaria. A principios de año, Israel acusó a 19 trabajadores de la agencia de estar implicados en los ataques del 7 de octubre, pero no presentó pruebas. La ONU tomó medidas cautelares y abrió una investigación interna, en la que solo se halló indicios contra nueve. La UNRWA tiene 33.000 empleados.