El Tribunal Constitucional rechazará esta semana la recusación del PP contra la magistrada Laura Díez

El Tribunal Constitucional seguirá analizando en su pleno de esta semana las recusaciones presentadas contra tres de sus magistrados. Tras rechazar la que cuestionaba la imparcialidad del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, el órgano de garantías va a inadmitir también la recusación dirigida contra la magistrada Laura Díez, basada en el cargo que ocupó anteriormente como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia. Quedará pendiente para...

El Tribunal Constitucional seguirá analizando en su pleno de esta semana las recusaciones presentadas contra tres de sus magistrados. Tras rechazar la que cuestionaba la imparcialidad del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, el órgano de garantías va a inadmitir también la recusación dirigida contra la magistrada Laura Díez, basada en el cargo que ocupó anteriormente como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia. Quedará pendiente para el próximo pleno, a primeros de noviembre, la correspondiente al magistrado José María Macías, interpuesta por la Abogacía del Estado.

En su decisión sobre Laura Díez, el tribunal aplicará la doctrina sentada en sus últimas resoluciones sobre la materia, vigente desde 2021, que señala que la trayectoria de los magistrados no tiene por qué cuestionar su apariencia de imparcialidad. En el caso de Laura Díez ―perteneciente al sector progresista del Constitucional― se va a tener en cuenta que no tuvo participación alguna en la confección de la ley de amnistía en su anterior cargo en La Moncloa. Por otra parte, no se tiene constancia de que dicha magistrada efectuara declaraciones o emitiera juicios en relación con el encaje constitucional de dicha norma, cuestionada ahora por el Supremo y por el PP y las comunidades autónomas en las que gobierna. Los recursos de ocho de estas comunidades contra la ley de amnistía también incluían otras tantas recusaciones contra Conde-Pumpido, que se rechazarán en este pleno aplicando la resolución anterior contra el presidente del tribunal, correspondiente a la impugnación del PP.

Una vez rechazada su recusación, Laura Díez podrá reintegrarse al pleno para tomar parte en todas las deliberaciones que se refieran a las impugnaciones presentadas contra la ley de amnistía. Cándido Conde-Pumpido, a su vez, podrá presidir el debate sobre el caso de dicha magistrada, al haberse rechazado en el pleno anterior la recusación dirigida contra él. La discusión sobre el presidente del tribunal la presidió su vicepresidenta, la magistrada Inmaculada Montalbán. El magistrado Macías, a su vez, no asistirá a la deliberación sobre Laura Díez, al haberse acordado en un pleno anterior que hasta que se tomara una decisión sobre sus respectivos casos, los recusados no participarían en las discusiones que se registraran sobre las iniciativas presentadas para apartarles de las sentencias que se dicten sobre la ley de amnistía.

La recusación de Macías, afirman fuentes del tribunal, también será rechazada en primera instancia por el tribunal, al estimarse que la Abogacía del Estado se precipitó al pedir que se le apartara de los debates sobe el recurso del PP contra la ley de amnistía cuando esta impugnación ni siquiera había sido admitida a trámite. En el próximo pleno, en noviembre, se estimará por tanto improcedente dicha iniciativa hasta que el recurso del PP haya sido admitido a trámite. Una vez rechazada la recusación de Macías, el Constitucional admitirá a trámite el recurso del PP contra esa ley. Macías es el ponente y podrá defender, por tanto, su propuesta de resolución, favorable a que la impugnación del PP pase a formar parte de los asuntos en estudio en el tribunal. Con toda probabilidad, la Abogacía del Estado insistirá entonces, una vez iniciado ya el procedimiento relativo al recurso del PP, en que Macías debe ser apartado de las deliberaciones sobre el fondo de la ley, por haber respaldado informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que era miembro, en los que se sostenía que la ley de amnistía es inconstitucional.