Todos los partidos aprueban una reforma legal que convalida a los presos de ETA las penas que cumplieron en otro país

Una reforma legal aprobada en el Congreso por todos los partidos el pasado 18 de septiembre y que permitirá convalidar a los presos de ETA las penas que cumplieron en otro país ha provocado toda una bronca política. El cambio, que culminará su trámite este martes en el Senado, no tiene aparente vuelta atrás porque no ha recibido ni enmiendas ni vetos en la Cámara alta. PP y Vox alegan que no eran conscientes de esa reforma cuando la aprobaron porque era una enmienda incluida en otra ley. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ...

Una reforma legal aprobada en el Congreso por todos los partidos el pasado 18 de septiembre y que permitirá convalidar a los presos de ETA las penas que cumplieron en otro país ha provocado toda una bronca política. El cambio, que culminará su trámite este martes en el Senado, no tiene aparente vuelta atrás porque no ha recibido ni enmiendas ni vetos en la Cámara alta. PP y Vox alegan que no eran conscientes de esa reforma cuando la aprobaron porque era una enmienda incluida en otra ley. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este lunes la tramitación parlamentaria “absolutamente pacífica” de la iniciativa legal, cuya aprobación ha adelantado este lunes El Confidencial.

La medida permitirá que los presos de ETA se descuenten los años de cárcel cumplidos en Francia, lo que agilizará la salida de prisión de muchos de ellos. “No tiene nada que ver el Gobierno en eso. Es una modificación de una ley que lo que hace es que se aplique la directiva europea”, ha señalado Bolaños a preguntas de los periodistas. El ministro ha recordado que la norma recibió el visto bueno de todos los partidos de la Cámara baja, incluidos el PP y Vox, y “ni siquiera” ha recibido enmiendas. “Dejemos que trabajen las Cortes Generales para aplicar una directiva europea a nuestro derecho”, ha insistido.

Todo partió de una propuesta para reformar la ley orgánica que “regula el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea”. Este texto legal, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 gracias a su mayoría absoluta, debía homogeneizar el cumplimiento de las penas en los países miembros de la UE para que una persona no cumpliera por un mismo delito dos o más condenas en diferentes estados. Sin embargo, la ley española incluyó una disposición adicional de 36 palabras por la cual la nueva norma no era aplicable a aquellas sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010, que era la fecha tope en la que se debía haber trasladado la directiva comunitaria a la legislación española. Ese párrafo supuso en la práctica que la norma no beneficiaba en aquel momento a 69 presos de ETA que cumplían condena en España tras haber pasado por cárceles francesas. El texto aprobado ahora por el Congreso y que ha generado la polémica, incluye una enmienda de Sumar que propone precisamente derogar esta disposición.

Fuentes del grupo socialista explican que el proyecto de ley busca “completar, actualizar y mejorar” la trasposición de la normativa de la UE sobre el Sistema Europeo de Información sobre antecedentes Penales (ECRIS) y que se reforma ahora “por razones de seguridad jurídica y a la luz de su aplicación durante estos años”.

Las enmiendas introducidas por Sumar, añaden, compartían los propósitos de “actualización y mejora de la seguridad jurídica” relacionadas con el cumplimiento de las penas en otros Estados miembros para determinar la pena que tienen que cumplir en nuestro país y el límite máximo de cumplimiento. “No fueron objeto de crítica alguna durante los debates”, inciden esas fuentes.

Revertir “la trampa”

El PP asegura que su voto a favor se trató de un error y acusa al Gobierno de llevar a cabo una maniobra “inconstitucional”, que tratará de revertir, primero votando en contra este martes en el Senado y después sin descartar ninguna medida, como el recurso a los tribunales. El portavoz del partido, Borja Sémper, ha negado además que la reforma se trate de la trasposición de una directiva europea en los mismos términos. “El Gobierno falta a la verdad, en la directiva europea no se especificaba eso”, ha defendido Sémper, informa Elsa G. Blas.

“Este tema para nosotros es crítico y no va a quedar así. Tengo la amarga sensación de que el proceso legislativo en España está adulterado. No es limpio, no es transparente. Además de inconstitucional, es una situación recurrente. Las leyes salen mal”, se ha quejado el portavoz popular. “En este caso concreto, nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno para posibilitar que presos etarras muy sanguinarios puedan salir. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo. Confiamos en conseguirlo”, ha añadido.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha pedido perdón por haber apoyado la medida. “Trasladamos nuestras más sentidas y sinceras disculpas por este error que asumimos”, ha señalado. “Quien conozca la trayectoria de Vox en la lucha contra el terrorismo puede entender el pesar que nos produce la posibilidad de que se reduzca un solo día la condena de un terrorista de ETA”, ha añadido, para asegurar que su formación analiza lo ocurrido y tomará “medidas oportunas para que no se vuelva a repetir”.

No es la primera vez que se intenta suprimir esta disposición. En 2018, el PNV presentó en el Congreso una proposición para reformar la ley y, en concreto, eliminar el párrafo, pero no prosperó. Ahora podría beneficiar a medio centenar de reclusos etarras, algunos de ellos con la excarcelación inmediata, según las estimaciones que hizo hace un año Sare, una red de apoyo a los reclusos de la banda que en sus actos ha pedido de manera reiterada el fin de la ley de 2014, a la que califican de “medida de excepción”. En la actualidad, cumplen condena 144 miembros de la banda armada, según los datos acumulados del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y de Instituciones Penitenciarias. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, unos 40 etarras se podrían beneficiar de la reforma legal.

La aprobación en 2014 de la norma que se plantea reformar provocó entonces una batalla legal iniciada por los presos de ETA ―que tres años antes había anunciado el “cese definitivo” de la violencia― para que se les contabilizasen los años que muchos de ellos habían pasado en cárceles de Francia (en la mayoría por el delito de asociación de malhechores, similar al pertenencia a organización terrorista del Código Penal español) y se les descontasen cuando eran entregados y condenados por la Audiencia Nacional de los 30 o 40 años que la legislación española pena fija de cumplimiento para los casos de terrorismo.

Dos de ellos fueron los dirigentes etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Joseba Arregi Erostarbe, Fittipaldi o Fiti. El primero, que ejerce el papel de portavoz del colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) que engloba a los internos que se mantienen en la ortodoxia de la banda armada, está condenado en España a más de mil años de cárcel por varios asesinatos y pasó ocho años en una prisión gala antes de ser entregado en 2010 por las autoridades de París a España. Con su recurso pretendía que, en lugar de extinguir la pena en 2040, hacerlo en 2032.

Fiti, que fue detenido en 1992 en la localidad francesa de Bidart junto a los otros dos componentes entonces de la cúpula etarra, está condenado a cerca de 2.000 años de cárcel por su implicación en varios atentados que provocaron 16 muertos y 88 heridos y extinguirá su condena en 2026. La Audiencia Nacional le ha revocado en los últimos años en dos ocasiones el tercer grado penitenciario o semilibertad que le habían concedido el Gobierno vasco.

Sin embargo, la Audiencia Nacional, en primer lugar, y más tarde el Tribunal Supremo y el Constitucional desestimaron sus recursos. A esas negativas de la justicia española, 24 presos presentaron en 2016 otros tantos recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, en un último intento de que la reforma legal les beneficiara. Sin embargo, cuando el Tribunal de Estrasburgo se pronunció en octubre de 2018 lo hizo para avalar la decisión de los jueces españoles de no computarles los años de cárcel cumplidos en Francia.