Los familiares de las víctimas de los incendios de las discotecas de Murcia: “Todo el mundo elude su responsabilidad”

Abandonadas por la Administración, frustradas con la justicia, olvidadas, luchando solas. Así se sienten las familias de las 13 personas que fallecieron en el incendio que el 1 de octubre de 2023 arrasó las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia. Cuando se cumple un año del siniestro, los familiares de los fallecidos y las víctimas supervivientes piden que se haga justicia, inmersas en un proceso judicial que con...

Abandonadas por la Administración, frustradas con la justicia, olvidadas, luchando solas. Así se sienten las familias de las 13 personas que fallecieron en el incendio que el 1 de octubre de 2023 arrasó las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia. Cuando se cumple un año del siniestro, los familiares de los fallecidos y las víctimas supervivientes piden que se haga justicia, inmersas en un proceso judicial que continúa en fase de instrucción y en el que hay investigadas seis personas. La administración local, por el momento, ha quedado fuera de la investigación, y parte de la lucha de estas familias es lograr que funcionarios y concejales asuman su responsabilidad en el caso.

“Nos sentimos frustrados con la justicia. Parece que las discotecas se incendiaron mágicamente y que nadie tuvo nada que ver. Todo el mundo elude su responsabilidad”, lamenta Jairo Correa, que perdió en el incendio a su hija, Leidy Paola, en lo que considera “un asesinato por negligencia”, de los propietarios de las dos discotecas, que no cumplieron con las medidas más básicas de seguridad, como contar con luces de emergencia, alarmas antiincendios o salidas de emergencia operativas, pero también del Ayuntamiento de Murcia, que no hizo cumplir esas medidas, ya que dictó una orden de cese de actividad de las salas que no llegó a ejecutar.

En opinión del padre de la víctima, está en vigor suficientes normas que garantizan la seguridad en las discotecas, pero en este caso la Administración no veló por su cumplimiento y dejó que funcionaran unas salas a las que ya había revocado ese consentimiento, por lo que tiene una clara responsabilidad en la tragedia. Por el momento, ningún responsable municipal esté investigado en el procedimiento abierto, aunque sí hay pendientes de resolución varias querellas paralelas reclamando esa responsabilidad.

Por ese motivo, las víctimas han elegido como lugar para conmemorar el aniversario de la tragedia este lunes las puertas del Ayuntamiento de Murcia. Se trata de un acto casi espontáneo al que han acudido en torno a una veintena de afectados y sus abogados, sin ninguna presencia institucional. El Ayuntamiento anunció la pasada semana que haría también un homenaje este 1 de octubre, en el entorno de las discotecas, y que colocaría una placa en memoria de las víctimas y en reconocimiento al trabajo de los servicios de emergencias, una noticia que la mayoría de los afectados no han recibido de muy buen grado después de un año de completo silencio. Así lo señala Dubi Reyes, que perdió a su hijo, Yossi Esteban Rivero. Reyes sujeta una cartulina con fotografías y frases de recuerdo para el joven: “Hasta el día de hoy no he recibido nada. El Ayuntamiento de Molina de Segura [donde reside] se hizo cargo del entierro de Yossi. Del Ayuntamiento de Murcia, nada, hasta hoy que me contactaron para que venga mañana a un homenaje. No pienso acudir. Es darles un contentillo: lo hacen porque hoy hemos venido aquí, si no, ni siquiera. No les importamos nada”, lamenta esta colombiana, que desde la muerte de su hijo se encuentra sola en España y está sin trabajo.

A pesar del duro trance por el que tuvo que atravesar, no ha recibido ningún tipo de apoyo psicológico, una situación que es común al resto de los familiares: a Kely Gómez, que perdió a su hermano Kevin, le pagaron el billete de avión para volar a España desde su Colombia natal “y eso fue todo”. Cuando contactó con el Consistorio murciano para pedir ayuda psicológica para su madre, le ofrecieron “un tratamiento por teléfono una vez cada seis meses”. Valeria Ceballos, la última persona que logró salir con vida del incendio, tuvo que buscar tratamiento psicológico y psiquiátrico por su cuenta, porque la primera cita que recibió por la sanidad pública tuvo lugar siete meses después de la tragedia. Todavía a día de hoy tiene que tomar medicación para poder conciliar el sueño, asaltado de manera constante por pesadillas en las que asegura que revive como salió de Fonda Milagros, “totalmente a oscuras, asfixiada por el humo”. No puede evitar que se le salten las lágrimas al recordarlo.

Tampoco los tres hijos menores de edad —siete, nueve y dieciséis años— del matrimonio que formaban Rosa María Rosero y Jorge Batioja, ambos fallecidos en la tragedia, han recibido apoyo institucional alguno más allá de la pensión de orfandad, explica su tía, Yamileth Batioja. “Ni nos han llamado para dar el pésame. Después del día que murieron, nada”, resume. La misma sensación tiene Ferney Lozano, que sobrevivió al incendio pero perdió a su mujer, Olga Lucrecia Nieto, Lula: “Los primeros días, pagaron un hotel y transportes a los familiares. Desde entonces, ni siquiera una llamada para preguntarnos cómo vamos”. Por eso, cree que tampoco irá al homenaje institucional de este martes. “No necesitamos placas, necesitamos soluciones. Al menos, que nos mantengan informados, que se vea que están moviendo algo. Que salga un responsable y asuma su culpa”, reivindica.

Los testimonios se repiten exigiendo esa asunción de responsabilidades, tal y como se comprometió el alcalde a los pocos días del incendio, recuerdan las víctimas. “No queremos consuelo, queremos justicia. Queremos que los responsables digan: ‘Tuvimos la culpa, nos hacemos responsables’. Ni una sola persona nos ha pedido perdón a las familias”, lamenta Correa, que sujeta una pancarta en memoria de su hija y la pareja de esta.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia investiga por la posible comisión de 13 homicidios imprudentes al propietario de Fonda Milagros, donde fallecieron todas las víctimas, a tres responsables de la sala Teatre, donde todos los indicios apuntan a que comenzó el fuego; al organizador de una fiesta temática que había esa noche en la discoteca, y al propietario de una máquina de fuegos fríos que, según todos los informes, se habría usado de manera negligente y originó el incendio. Aunque la mayoría de los abogados de las víctimas solicitaron abrir una pieza separada para investigar la posible responsabilidad del Ayuntamiento, la jueza rechazó la petición. Los abogados recurrieron y la decisión está pendiente de que se pronuncie al respecto la Audiencia Provincial.

En paralelo, el juzgado ha admitido a trámite una querella del abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de dos de las víctimas, en contra de dos concejales y tres funcionarios municipales, y ha rechazado por un defecto de forma otra, del abogado Pedro López Graña que pedía también la investigación de los responsables municipales, un texto que el letrado asegura que está a punto de volver a presentar tras subsanar el defecto. Por su parte, la abogada Rosa Egea, que representa a una fallecida y media docena de víctimas supervivientes, ha tramitado una reclamación patrimonial en el Consistorio, una medida que también tienen previsto llevar a cabo sus colegas en los próximos días y que, si no es aceptada por el Ayuntamiento, derivará en un nuevo procedimiento contencioso-administrativo. Ainhoa Azpeitia, que representa a la familia de otro de los fallecidos, reclama para ellos un permiso de residencia en España, puesto que dependían económicamente por completo de esta víctima.

Todos ellos no dudan de la responsabilidad de la Administración local por las irregularidades administrativas que acumulaban las salas que, pese a funcionar como dos negocios independientes, disponían de una solo licencia de actividad y, además, se había dictado una orden de cese de actividad casi dos años antes del incendio que no llegó a ejecutarse. Para evitar el cierre, la discoteca Teatre, la única que existe para la administración, había iniciado varios procesos de legalización que nunca llegaban a completarse. Con objeto de que este tipo de situaciones no se repitan, el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de febrero una instrucción para mejorar los procedimientos de legalización de actividades en funcionamiento y reducir los plazos de resolución de esas solicitudes, y ha contratado a seis nuevos ingenieros técnicos para reforzar el servicio de prevención de incendios y crear uno nuevo de “disciplina de actividades e instalaciones”.