Los progresistas presidirán tres de las cinco comisiones clave del CGPJ

El pleno del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) se reúne por primera vez este miércoles bajo la presidenta de Isabel Perelló, la primera mujer en llegar al puesto más alto de la cúpula judicial. Perelló tomó posesión el 4 de septiembre y la idea inicial era celebrar el primer pleno la segunda o tercera semana del mes, pero la negociación para acordar los primeros pasos del nuevo Consejo se ha alargado más de lo esperado. Finalmente, los vocales se reunirán a partir de las 10.00 con dos asuntos principales sobre la mesa: la elección del vicepresidente del Tribunal Supremo, puesto para el...

El pleno del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) se reúne por primera vez este miércoles bajo la presidenta de Isabel Perelló, la primera mujer en llegar al puesto más alto de la cúpula judicial. Perelló tomó posesión el 4 de septiembre y la idea inicial era celebrar el primer pleno la segunda o tercera semana del mes, pero la negociación para acordar los primeros pasos del nuevo Consejo se ha alargado más de lo esperado. Finalmente, los vocales se reunirán a partir de las 10.00 con dos asuntos principales sobre la mesa: la elección del vicepresidente del Tribunal Supremo, puesto para el que la presidenta ha propuesto al magistrado conservador Dimitry Berberoff; y la composición de las distintas comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Los progresistas presidirán tres de las cinco comisiones clave del Consejo (permanente, disciplinaria y de asuntos económicos), mientras que los conservadores dirigirán las otras dos (calificación e igualdad), en la que los progresistas tendrán mayoría de miembros. El acuerdo alcanzado incluye también que dos vocales de cada grupo sean los encargados de elaborar la propuesta para reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, que el órgano debe enviar al Gobierno y las Cámaras en el plazo de seis meses.

Los vocales progresistas Bernardo Fernández y Argelia Queralt, y los conservadores José Carlos Orga e Isabel Revuelta serán los encargados de asumir este compromiso recogido en la proposición de ley registrada en el Congreso de forma conjunta por el PSOE y el PP para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que ambos grupos pactaron en julio como parte del acuerdo de renovación del Consejo tras cinco años de bloqueo. Ahora, una vez constituido el nuevo órgano, los bloques progresista y conservador han acordado que esa labor recaiga en cuatro consejeros que trabajarán con el gabinete técnico del CGPJ para elaborar una propuesta que debe ser aprobada, en un plazo máximo de seis meses, por mayoría de tres quintos del pleno. El pacto entre los partidos establece que el informe que eleve el Consejo contemple “la participación directa de jueces y magistrados” en el proceso, pero deja en su mano proponer que los vocales jueces sean elegidos exclusivamente por los miembros de la carrera judicial, como exige el PP, o si el Congreso y el Senado siguen teniendo la última palabra, como quiere el PSOE.

Esta comisión de cuatro vocales es una de las 13 acordadas por el bloque progresista y el conservador y que se votarán este miércoles. Ambos grupos han negociado durante semanas esta estructura a partir de una regla general acordada de inicio: el que grupo que presidiera una comisión, tendría minoría de vocales en ella, de forma que la mayoría y la presidencia nunca cayeran del mismo lado. La principal comisión, la permanente, estará dirigida por la progresista Perelló, a la que se sumarán otros tres vocales de este grupo (Carlos Hugo Preciado, Esther Erice y Bernardo Fernández) y cuatro conservadores (Pilar Jiménez, Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez e Isabel Revuelta).

Los progresistas tendrán también la presidencia de otra de las comisiones clave, la disciplinaria, que se encarga de resolver los expedientes disciplinarios por infracciones graves y muy graves e imponer las posibles sanciones, excepto en los casos en que la sanción propuesta fuera de expulsión de la carrera judicial, que deben pasar por el pleno. Al frente estará el vocal a propuesta del PSOE José María Fernández Seijo, pero los conservadores tendrán mayoría de cuatro vocales (José Luis Costa Pillado, Pilar Jiménez, José María Páez y Carlos Orga) frente a tres (además del presidente, los consejeros Ricardo Bodas y Lucía Avilés). La ley prevé que esta comisión sea la única cuya composición se mantiene inalterable durante los cinco años que dura el mandato del CGPJ, mientras que las demás se renovarán anualmente.

Los progresistas presidirán también la comisión de asuntos económicos (Fernández Seijo) y tendrán la mayoría en la de Igualdad (dirigida por la conservadora Gema Espinosa) y la de calificación (presidida por el conservador José Antonio Montero), otro de los órganos más relevantes porque se encargará de entrevistar a los candidatos para los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial y de hacer una primera selección. En los próximos meses, por esta comisión pasarán los aspirantes a los más de 100 puestos vacantes que hay actualmente en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales. La integrarán los progresistas Ricardo Bodas, Ángel Arozamena e Inés Herrero, y los conservadores Montero y María Pilar Esther Rojo.

Tampoco se prevén sorpresas en la votación de la propuesta de Perelló para que el magistrado del Supremo Dimitry Berberoff sea el vicepresidente del alto tribunal. El hecho de que Berberoff, hasta que se le propuso para este cargo, fuera el vicepresidente de la Asociación profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora, hace que su figura suscite recelo entre algunos vocales progresistas, aunque las fuentes consultadas pronostican que su nombramiento saldrá por unanimidad para lanzar un mensaje de apoyo a Perelló. La intención era llevar también a este pleno el nombramiento del portavoz del CGPJ, una figura que no existió en el anterior Consejo ,pero que el actual pretende recuperar. Los dos grupos abogan por hacerlo, pero los progresistas quieren que exista también una comisión de comunicación que marque la política de comunicación del órgano, una propuesta que no convence a los conservadores, por lo que este tema no se ha incluido en el orden del día y ambos grupos seguirán negociando.