El dueño de Desokupa anuncia que empezará a adiestrar policías y mossos en los próximos días
Esteve afirma que impartirá este fin de semana su polémico curso a miembros de las fuerzas de Seguridad y, en noviembre, a 200 agentes del cuerpo autonómico
Daniel Esteve Martínez, dueño de la empresa dedicada a los desalojos extrajudiciales Desokupa, ha anunciado que comenzará a impartir su polémico curso de autodefensa a cientos de policías en los próximos días. Según ha asegurado en un mensaje a través de las redes sociales, ...
Daniel Esteve Martínez, dueño de la empresa dedicada a los desalojos extrajudiciales Desokupa, ha anunciado que comenzará a impartir su polémico curso de autodefensa a cientos de policías en los próximos días. Según ha asegurado en un mensaje a través de las redes sociales, el primero lo dará este fin de semana y a él asistirán 200 alumnos entre los que habrá “civiles, vigilantes de seguridad, y FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado]”, aunque no concreta cuántos miembros de estos últimos se han apuntado. Esteve ha declinado dar una cifra tras ser preguntado por ello por este diario. En el mismo mensaje, el dueño de Desokupa presume de que en noviembre impartirá la misma formación supuestamente a “200 mossos [d’Esquadra] en Barcelona”.
El curso incluye media docena de situaciones prácticas que van desde nociones de primeros auxilios a técnicas para utilizar las porras extensibles de acero con la que los agentes han sido dotados en los últimos años por el Ministerio del Interior (a pesar de que este les imparte obligatoriamente esta formación antes de habilitarlos para su uso). También incluirá técnicas para engrilletar a un detenido o el denominado “grappling policial”, que combina diferentes maniobras de lucha para inmovilizar a una persona, según detalló el propio Esteve cuando anunció la puesta en marcha del curso a comienzos de agosto. El precio es de 50 euros, según su web. El dueño de Desokupa ―que ha ganado notoriedad por difundir vídeos en redes sociales con duros ataques a los partidos de izquierda, los medios de comunicación y los migrantes y por colgar una lona contra Pedro Sanchez en el centro de Madrid antes de las últimas elecciones generales― afirmó entonces en conversación que este diario que este curso era necesario porque “la inseguridad es un problema en las calles”.
La polémica estalló el pasado 4 de agosto, cuando Esteve anunció que había firmado para promocionar el curso un acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP, el segundo en número de votos en las últimas elecciones sindicales, de junio de 2023) por el que los afiliados de este ―algo más de 20.000 según la propia organización― y sus familiares directos podían inscribirse en el curso a un precio reducido. Entonces la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, lo defendió con el argumento que existía lo que tildó de “violencia desmedida” en las calles de España y una pérdida de autoridad de los agentes que supuestamente acrecentaba los riesgos a los que se enfrentan los policías a diario. Este martes, dirigentes de este sindicato declinaron facilitar a EL PAÍS el número de afiliados que se han apuntado a la formación al considerar que se trata de información que afecta al ámbito privado de los mismos.
El mensaje lanzado ahora por Esteve incluye también un desafío a Interior y, en concreto, al ministro Fernando Grande-Marlaska, ya que en asegura que los policías que asistan podrán incorporarlo a su currículum y que bareme [dé puntos] para ascensos y destinos en los concursos de méritos internos “le guste a Marlaska o no”. El ministerio ya anunció cuando saltó la polémica que no avalaba ninguna formación que se impartiera fuera de su departamento ―y, por tanto, tampoco puntuaba― y que solo respaldaba la oficial que imparte la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional. Este martes, fuentes del departamento insistían en que la formación de Desokupa no será tenida en cuenta en ningún caso en los procesos internos. Interior anunció en agosto que abría un expediente informativo (investigación interna) para analizar si, de hecho, el curso conculcaba “los valores democráticos” y si retiraba al SUP por apoyarlo las subvenciones que recibe por su representatividad, y que el año pasado ascendió a 51.454 euros. Fuentes del ministerio aseguran que este expediente aún no está concluido.
A esta investigación interna se incorporaron sendos informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría General Técnica del ministerio que ponían el acento en la supuesta irregularidad que puede suponer que en el curso participen como instructores agentes de las fuerzas de seguridad en activo. En la página web con la que el Club Desokupa promociona el curso se destaca que, al menos en la formación online del mismo, hay “miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” entre los “expertos en defensa personal” que lo impartirán. El propio Esteve ha llegado afirmar que son el “85%” de sus instructores son agentes en activo. Fuentes del ministerio aseguran ahora que para ser profesores del mismo, estos policías deben informar previamente a Interior para que la administración analice si con esta actividad docente incumplen el régimen de incompatibilidades al que está sometido todo funcionario.
Al estallar la polémica el pasado verano, el resto de sindicatos policiales salieron en bloque a criticar el acuerdo al considerar que perjudica la imagen de la institución por la participación en el mismo de Esteve, quien en su día alentó a través de las redes sociales las protestas ante la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en las que se produjeron graves altercados protagonizados por ultraderechistas que causaron lesiones a decenas de agentes. Incluso se produjo una crisis interna del propio SUP con la baja de algunos afiliados, la exigencia del comité provincial de A Coruña de convocar un congreso extraordinario y, al menos, la dimisión de un dirigente en el País Vasco. Este último denunció en una carta lo que calificó de “deriva ultra” de su sindicato.
La polémica llegó al Congreso de la mano del Grupo Parlamentario de Sumar, que registró ocho preguntas dirigidas a Grande-Marlaska en las que cuestionaba, entre otras cosas, que “grupos de civiles violentos formen a miembros de la policía en activo”, en referencia a la empresa de Esteve. También lo criticó CC OO, sindicato con el que el SUP mantiene un convenio de colaboración desde 2015. “Tras este acuerdo de formación con la empresa Desokupa, que nos parece peligroso para la democracia, CC OO nos plantearemos la continuidad del acuerdo de colaboración”, señaló el sindicato.