En su batalla de todos a una contra Pedro Sánchez, los gobiernos del Partido Popular han optado por mirar más los votos que el bolsillo. En el documento España entre todos, suscrito por los 12 Ejecutivos autonómicos del PP y las dos ciudades autónomas durante la cumbre de barones de este viernes en Madrid, los dirigentes territoriales han sellado el compromiso de no negociar bilateralmente sistemas de financiación con el Go...

En su batalla de todos a una contra Pedro Sánchez, los gobiernos del Partido Popular han optado por mirar más los votos que el bolsillo. En el documento España entre todos, suscrito por los 12 Ejecutivos autonómicos del PP y las dos ciudades autónomas durante la cumbre de barones de este viernes en Madrid, los dirigentes territoriales han sellado el compromiso de no negociar bilateralmente sistemas de financiación con el Gobierno. Las autonomías se permiten así seguir hacia delante con los recursos económicos de los que ya disponen, en lugar de rascar más inversión al Estado en conversaciones de tú a tú. Porque los territorios liderados por el PP son conscientes del rédito político que supone una ofensiva unitaria, a bombo y platillo, contra la financiación singular contra Cataluña y priorizan dicho rédito a la posibilidad de engordar la hucha. De fondo de este agravio subyace una coyuntura en la que las comunidades han tenido recursos suficientes para prestar los servicios públicos con relativa comodidad, gracias a unos ingresos fiscales que han ido al alza y al oxígeno que ha llegado desde la Administración central.

En el texto suscrito por los barones populares, la formación de Alberto Núñez Feijóo urge al Gobierno a sentarse en una mesa de negociación multilateral para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. Pero rechazan de plano la invitación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el 31 de octubre aseguró que la financiación singular puede extenderse a otras comunidades autónomas. Si bien es cierto que reconocen la necesidad de acometer la renovación de la Ley de Financiación Autonómica de las Comunidades Autónomas (Lofca) en una mesa de negociación multilateral, el nuevo diseño no será cosa de un día ni de dos. La dificultad de alcanzar un consenso entre los territorios, también entre los del mismo color político, ha lastrado su reforma durante una década. Algo que sabe de sobra el PP. Un camino de obstáculos al que se suma ahora la ronda de presidentes autonómicos en La Moncloa ofrecida por el jefe del Ejecutivo.

Tanto en esas entrevistas, que Sánchez quiere materializar durante el otoño, como en eventuales conversaciones privadas con la ministra Montero, los barones del PP podrían acelerar cambios en sus respectivas sistemas, sacando provecho para sus arcas públicas. Pero Feijóo cerró ya la puerta el lunes a cualquier cambio pactado a dos bandas, y cuya orden se materializó en el compromiso extraído a los barones en el texto España entre todos, en el que también se expone la urgencia de más fondos para los territorios. “Es necesario una inyección económica inmediata”, aseveró el líder del PP en el acto celebrado en Madrid.

El sistema de financiación autonómica ha sido durante años el elefante en la habitación. Aunque el modelo vigente tendría que haberse reformado hace ya 10 años y está indiscutiblemente desfasado, las 15 comunidades de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra) han ido disfrutando de holgura económica gracias a la buena evolución de los ingresos tributarios estatales y autonómicos. En 2022, según la última liquidación del sistema disponible, la financiación total creció en 18.200 millones de euros (un 13,8%) frente a 2021, hasta alcanzar los 149.530 millones a repartir, un nivel inédito. Las entregas a cuenta previstas para el futuro siguen la misma tendencia y alcanzarán nuevo récord. Por eso, más allá de demandas puntuales por parte del independentismo catalán y de los territorios peor financiados, el melón del rediseño ha permanecido en la sombra.

En 2022, una vez producidos los ajustes del modelo, Andalucía obtuvo 26.481 millones de euros de financiación efectiva. Tras ella se situaron Cataluña (25.912 millones), Madrid (21.998 millones) y Comunidad Valenciana (15.276 millones). El resto de territorios se movió entre los 9.992 millones de Galicia y los 1.299 millones de La Rioja. Pero esto son cifras absolutas. Cada año, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula la financiación exacta por habitante y, a partir de ahí, elabora un ranking territorial. Para el ejercicio de referencia, los recursos medios por habitante fueron de 3.365 euros. La Rioja (3.954 euros per cápita), Cantabria (3.944 euros) y Baleares (3.877 euros) se situaron en la parte alta de la tabla, mientras que la Región de Murcia (3.056 euros), Comunidad Valenciana (3.089 euros) y Andalucía (3.182 euros) quedaron a la cola. Aunque la diferencia entre la mejor y peor financiada ronda los 900 euros por persona, en general los territorios disponen de los mayores recursos de la historia.

En ese escenario, sin una presión económica asfixiante, los barones del PP tienen en su mano la capacidad de esperar hasta que la reforma del sistema llegue a puerto. Y el reparto de recursos sea entonces más beneficioso para determinados territorios. Entretanto, y con la batalla contra la financiación singular de Cataluña de por medio, los dirigentes del PP apuntalan las victorias logradas en las elecciones del 28 de mayo de 2023 (y en otras citas como la andaluza o la de Castilla y León de 2022), y cotizan al alza para futuros comicios, conscientes de que la cuestión monetaria escuece en los ciudadanos de sus comunidades mucho más que otros asuntos, como la amnistía. Así lo reconocen en privado varias voces de la formación, sobre todo en territorios como Andalucía. Un sentir que se repite entre simpatizantes socialistas, como han manifestado airadamente algunos sectores de las federaciones del PSOE.

El PP se aferra así a ese arma política y lo prioriza a la posibilidad de arrancar al Estado más recursos. Y más considerando que el 28-M el PSOE sufrió una gran pérdida de poder institucional, pero no hubo desplome por número de votos. En los comicios autonómicos del 28 de mayo de 2023, el PSOE se dejó 1,2 puntos. Un resultado que no supuso una debacle, pero que con ese pequeño movimiento, sumado al reagrupamiento de la derecha con Ciudadanos en declive y la caída de algunos grupos a su izquierda, provocó que los socialistas perdieran varias autonomías y ayuntamientos. En cuanto a las municipales, el PP concitó 7.054.887 de sufragios y un 31,53 %, mientras los socialistas 6.291.812 y un 28,12% —solo 1,26% menos—.

En cualquier caso, el PP se guardó un as en la manga en el documento rubricado este viernes al no citar expresamente la quita de la deuda. Con lo cual, a priori, los barones siguen teniendo vía libre para negociar por su cuenta la condonación parcial del pasivo con el Ministerio de Hacienda. Además de poder justificarse alegando que en el texto salido de la cumbre exigen al Gobierno que les transfiera 18.000 millones de euros de los Fondos Next Generation, de la UE, y piden que se cree un fondo transitorio que compense los desequilibrios entre territorios.

El horizonte

El sistema actual funciona mediante una suerte de cesta en la que acaba el 50% de lo que se recauda en IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales —los tributos que Estado y comunidades comparten—, además de los impuestos cedidos totalmente y aportaciones estatales. Estos recursos se reparten después entre los territorios en base a diferentes variables con el objetivo de garantizar un nivel similar de servicios públicos para hacer efectivo así el principio de solidaridad. Los territorios ricos son aportadores netos, mientras que los más pobres se convierten en receptores.

Ahora, tras el acuerdo entre PSC y ERC que sienta las bases para la financiación singular de la Generalitat, el resto de las comunidades de régimen común empieza a ver en el horizonte el momento de sentarse para negociar la reforma. Y ninguna quiere quedarse atrás por varios motivos. Por un lado, el sistema es el encargado de repartir, nada más y nada menos, los recursos para que los territorios puedan costear y ofrecer los servicios públicos básicos, tales como sanidad, educación o dependencia. Por el otro, el pacto sacaría a Cataluña del régimen común, por lo que el sistema perdería a uno de sus grandes aportadores.

La reforma es endiablada por varios motivos. Uno de ellos es el peso que actualmente tiene el criterio del statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba con la remodelación menos dinero del que hubiera obtenido con el modelo anterior, es decir, el ahora vigente. Aunque los expertos en la materia no tienen una posición común, la idea mayoritaria es que esta regla desvirtúa la negociación porque sitúa en una posición privilegiada a las comunidades que actualmente están mejor financiadas, por lo que habría que ir tendiendo hacia su desaparición. Es aquí cuando entra en juego el respeto al principio de ordinalidad que reclaman los catalanes, y que está recogido en el pacto que ha desbloqueado la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.

La ordinalidad defiende que los mecanismos de solidaridad y nivelación con los que cuenta el sistema deben corregir la desigualdad entre territorios, pero no revertir el ranking de recursos per cápita. Dicho de otra forma, el modelo debería reducir las diferencias entre las zonas más ricas y las más pobres, pero no intercambiar sus posiciones, que es lo que ahora sucede.