La amnistía sobrevoló en el acto del Supremo

El acto de apertura de tribunales ha sido esta vez muy distinto al de años anteriores. El clima fue de alivio general. La justicia se ha sacado la espina de su falta de renovación, con más de cinco años de retraso. Pero los problemas le van a llover a la nueva presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, porque las relaciones entre los poderes del Estado siguen enturbiadas. De hecho, el asunto más comentado en la recepción tras los discursos giró en torno a ...

El acto de apertura de tribunales ha sido esta vez muy distinto al de años anteriores. El clima fue de alivio general. La justicia se ha sacado la espina de su falta de renovación, con más de cinco años de retraso. Pero los problemas le van a llover a la nueva presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, porque las relaciones entre los poderes del Estado siguen enturbiadas. De hecho, el asunto más comentado en la recepción tras los discursos giró en torno a la ley de amnistía y los conflictos que puede seguir acarreando su efectivo cumplimiento. Circularon voces en el sentido de que el Supremo va a responder pronto al recurso de Puigdemont contra la no aplicación de dicha ley a su caso. Será un primer paso para que pueda acudir en solicitud de amparo ante el Constitucional, que a su vez celebra el próximo martes el primer pleno que va a dedicar al asunto. El órgano de garantías será el escenario de la batalla jurídica decisiva, cuando decida sobre el encaje o no de dicha ley con la Constitución.

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, fue reiteradamente interpelado sobre sus previsiones de calendario. La solución, entre seis meses y un año. La deliberación del próximo martes se centrará en la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo, que cree que la amnistía lesiona el derecho a la igualdad. La iniciativa de la Sala Penal será admitida, pero supondrá un primer debate que los propios magistrados califican de enojoso, sobre las posibles abstenciones o las recusaciones que se presenten. El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que tomó parte esencial en la gestión de los indultos, ya ha confirmado su abstención. José María Macías, que criticó a fondo la ley siendo vocal del Poder Judicial, no se abstendrá, según fuentes del Constitucional, a pesar de que el Gobierno esperaba que así fuera.

Las normas de reparto de los casos han querido que le corresponda a Macías la labor de ponente sobre el recurso que ayer mismo presentó el PP contra la ley de Amnistía. Suya será, por tanto, la propuesta sobre la admisión a trámite de la impugnación de los populares, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en primera fila del acto del Supremo, satisfecho –al menos por ahora- de la culminación de la negociación, por haber condicionado las propuestas iniciales del bloque progresista, redirigiéndolas hacia Isabel Perelló, de esta misma extracción ideológica, pero con fama de tener una especial inclinación hacia las soluciones pactadas.

Las miradas se dirigen ahora en el mundo judicial a los muchos cargos por nombrar, más de un centenar, y casi treinta en el Supremo. Muchos jueces llevan años esperando progresar en la carrera. ¿Se han acabado los conflictos? Para nada. Otras voces daban ayer como muy próxima la imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la información dada sobre el caso de la pareja de la presidenta Ayuso. El criterio general era que al fiscal no le arrastrará la tormenta.