Una brigada de la Guardia Civil y la asociación AUGC denuncian supuestas ilegalidades en el Seprona de Sevilla

La brigada de la Guardia Civil María Serrano y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han denunciado este miércoles en Sevilla la supuesta inacción de la Comandancia de Sevilla ante presuntas ilegalidades por parte de un cabo del Seprona al que respaldaron sus superiores. Tras 30 años de carrera y 13 años de denuncias internas en el instituto armado, la suboficial ha relatado las supuestas irregularidades de manera pública, en un hotel de la capital andaluza y ante 200 personas, amparándose en la Ley 2/2023 que protege a los denunciantes de casos de corrupción desde el año pasado. Este tipo de denuncias públicas sobre supuesta corrupción en el seno de la Guardia Civil no son nada habituales, y menos su anuncio viral en las redes sociales como en este caso, dada la disciplina militar que impera en el Cuerpo.

Serrano ha desgranado los informes policiales que revelan las supuestas ilegalidades cometidas por el cabo Enrique Castillo del Seprona de la Guardia Civil, algunas de ellas vinculadas a la lonja municipal Mercasevilla y otras a empresas de reciclaje de aceites vegetales. Todas las irregularidades fueron supuestamente ignoradas por los superiores de la Comandancia de Sevilla, entre ellos el exjefe de dicha Comandancia, Fernando Mora Moret, hoy general de división y jefe del Estado Mayor del instituto armado y que dirige los principales despliegues de agentes por todo el país. Mora Moret denunció a Serrano por denuncia falsa y ahora la suboficial, de baja médica y destinada en Zaragoza, afronta un año de prisión de pena en un juicio militar que debía empezar el próximo 17 de septiembre, pero que este martes fue suspendido sine die.

“Estoy aquí para denunciar la situación de corrupción en el Seprona [Servicio de Protección de la Naturaleza] de Sevilla por parte de mi excompañero Enrique Castillo Martín, y toda la documentación está aquí reflejada. No entiendo la impunidad de este cabo. Me tengo que sentir protegida y no lo estoy. Desde 2009 denuncié varias infracciones administrativas en informes, pero los mandos me han enterrado en vida. Eso sí, lo volvería a hacer”, ha dicho sobre los sucesivos expedientes disciplinarios que le han abierto sus superiores. Serrano sostiene que el cabo Castillo, que hoy permanece adscrito al Seprona en la provincia de Sevilla, hacía la vista gorda para no sancionar a empresas de residuos de aceites vegetales, cuyos vertidos suponen un peligro para la salud pública, así como mayoristas de pescado con mercancía irregular que acudían a la lonja de la capital andaluza, Mercasevilla.

¿Por qué no acudió a Asuntos Internos? “No tenía acceso a ellos, estaba obligada a remitir los hechos a mis superiores directos”, ha alegado Serrano. Tras ignorar los mandos sus denuncias internas, Serrano sostiene que el exjefe de la Comandancia de Sevilla y general de división Mora Moré la humilló durante media hora con gritos constantes ante otros dos mandos. Tras dos denuncias cruzadas entre el mando y la subordinada, esta afronta ahora un juicio militar tras la desestimación de su denuncia por parte del también general Laurentino Seña.

La AUGC ha apoyado el testimonio de la suboficial y ha censurado que el Gobierno siga sin instaurar en la Guardia Civil el canal interno para denuncias por corrupción al que está obligado por la Unión Europea desde el pasado diciembre, plazo último para trasponer la directiva 1937/2019. “La cúpula responde que está trabajando en el canal interno, pero seguimos a la espera ocho meses después. Además, el órgano colegiado que debe visar esas denuncias no puede estar compuesto solo por mandos, exigimos estar presentes las asociaciones. ¿Qué denuncias remitirán los agentes si saben que afectan a los mandos?”, protesta Germán Gómez, secretario de Organización de AUGC. Gómez equipara el caso de Serrano a otros de corrupción en el instituto armado como el de Lucía Garrido en Málaga.

La clave está en la reforma del Gobierno de Rajoy, que en 2015 estableció que ciertos comportamientos en la Guardia Civil, como la insubordinación, podían juzgarse por el Código Penal Militar -siempre, no solo en tiempos de guerra, como antaño- y no según el Régimen Disciplinario. A pesar de que tras dos manifestaciones de agentes en Madrid, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la Ley 12/2007 eliminó la sanción de arresto del régimen disciplinario y no aplicó el código penal militar a los guardias civiles, Rajoy revirtió esa modificación legal en 2015. “Es una situación anacrónica que supuso una involución de derechos para los guardias civiles”, censura AUGC.

Este diario ha contactado a la Guardia Civil para recabar la opinión de los generales y el cabo aludidos por la denuncia, pero han declinado pronunciarse al respecto. Sergio González, afectado por una supuesta inhalación de gases tóxicos en Coria del Río (Sevilla), acudió a la rueda de prensa este miércoles para criticar: “Donde el cabo Castillo decía que no había nada, a mí me han dado la incapacidad total”.

Serrano ha asegurado que solo una de las denuncias internas acabó investigadas por el Juzgado de Instrucción 2, que la archivó porque sus superiores retrasaron supuestamente la denuncia ante la justicia para lograr que fueran archivadas, como así sucedió por prescripción, al no apreciar el magistrado un delito continuado. La suboficial denunció al cabo Castillo por supuestamente acordar con los productores no vigilar los residuos vegetales, a sabiendas de que contaminarían los ríos, entre otros delitos. En paralelo, le denunció ante el juzgado por redactar para las empresas los recursos ante las sanciones que él mismo les imponía. La Policía Judicial halló los recursos en el disco duro del ordenador del cabo y los testigos le reconocieron como el autor de sus escritos exculpatorios. Sin embargo, la justicia exculpó al cabo por prescripción, según Serrano.