Las banderas azules de las playas: codiciado deseo para alcaldes, sin rigor ambiental para ecologistas

El pasado mes de abril la playa de Fuentebravía de El Puerto de Santa María estuvo más de un mes cerrada al baño por “posibles riesgos sanitarios”. La medida la tomó el Ayuntamiento después que una avería en la estación de aguas residuales obligase a activar el aliviadero de ese arenal. El desaguisado, que duró más de un mes, no le implicó la pérdida de la bandera azul, cuya obtención justo entonces estaba en trámite. Paradójicamente, la localidad gaditana acabó por perder sus cinco banderas a finales de julio por no tener servicio de socorrismo. Para la entidad privada que otorga las enseñas, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, el caso de El Puerto es paradigmático de cómo trabajan: firmes, con recompensas más que castigos. Para los ecologistas, ejemplifica todo lo contrario: que es un galardón “sin rigor” ambiental, como denuncia Ecologistas en Acción cada verano.

El reconocimiento internacional de bandera azul está tan arraigado y tiene tanto predicamento en España que este verano ha vuelto a ser el país del mundo que más tiene, 638, aproximadamente un 30% de todos los arenales españoles, gran parte de ellos, urbanos. El galardón entusiasma a los alcaldes que lo solicitan y lo consiguen, prestigia sus playas, puertos deportivos y embarcaciones y, de paso, les garantiza una bonita foto y nota de prensa el día su izado. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) como promotor de la iniciativa, investigadores universitarios y regidores consultados defienden la validez de un reconocimiento de más de 38 años que “da seguridad” al bañista, como defiende José Palacios, presidente de la asociación. Pero hay división: ecologistas, otros profesores de Universidad y regidores que perdieron la bandera, preguntados, critican su falta de avales. “No tienen credibilidad, no tienen relación con la calidad ambiental y no forman parte de un programa de la Unión Europea, aunque muchos crean que sí”, denuncia Juan Clavero, histórico activista de Ecologistas en Acción en Cádiz.

Las banderas azules surgieron allá por 1987 como una iniciativa impulsada por asociaciones de cuatro países, entre ellos España, “para potenciar la calidad del agua en las zonas de baño”, como recuerda Palacios. Funcionaron tan bien que Foundation for Environmental Education (FEE) —entidad supranacional de la ADEAC— llegó a contar durante los primeros años con la subvención de la Unión Europea, hasta que el crecimiento mundial que expandió su presencia a los 54 países en los que está presente hoy le hizo perder ese apoyo económico. “Pero la UE la apoya, además de tres agencias de la Naciones Unidas”, argumenta el presidente. Ese origen, según Clavero, confunde a los alcaldes. “Es un programa privado de una entidad que se dedica a eso. Es un ejemplo de bulo generalizado porque los ayuntamientos creen que es de la UE y cuando le contamos que no se quedan sorprendidos”, afirma.

Solicitar la bandera azul “es voluntario” para los ayuntamientos, como explica Palacios, en un proceso que arranca cada noviembre con la recogida de candidaturas. Los consistorios reciben acceso a una web en la que debe “cumplimentar los criterios, en la mayor parte aportando documentación”, apunta el presidente, que asegura que la entidad visita a todos los municipios candidatos. El equipo de la ADEAC evalúa criterios como el cumplimiento de la Ley de Costas, directivas europeas de calidad de aguas de baño (debe ser excelente), ausencia de vertidos directos, prohibición de perros o vehículos, retretes, socorrismo, cartelería o accesos adaptados. En febrero, un jurado de 69 personas —en el que participan comunidades autónomas, expertos, miembros de ADEAC y de seis ministerios, según asegura la entidad— deciden las banderas en una decisión que refrenda un jurado internacional en abril.

Pero esos parámetros a valorar y la forma telemática y de parte en la que se entrega la documentación enervan a los ecologistas, que critican que los análisis de aguas se basen solo en que estas tengan “niveles bajos de materias fecales y no en la presencia de vertidos o hidrocarburos”, como reflexiona Clavero. “Es una certificación que se basa en servicios (…). No está ni bien ni mal, pero debería explicarse mejor que está destinada a la calidad para el veraneante, no a la calidad ambiental”, abunda Javier Benavente, decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. Y eso genera situaciones paradójicas, como que cada año haya playas españolas en las que ondea la bandera azul y la negra, la enseña que concede Ecologistas en Acción por malas gestiones ambientales o contaminación. Es lo que este verano sucede en arenales como el de El Ancón, en Carboneras (Almería) o en siete playas de la Costa Brava, en Girona.

Palacios defiende el modelo y asegura que los informes de calidad del agua son los que elaboran las propias comunidades autónomas: “No me preocupan las críticas de los ecologistas porque no son generales. Nuestros criterios son exigencia de nivel excelente del agua, cumplimento de las leyes y realizar cinco actividades de educación ambiental. Ojalá pudiésemos pedir más parámetros, exigimos el cumplimiento de la normativa vigente”. El presidente asegura tener la puerta abierta para debatir con los críticos de las banderas azules, pero también les reta: “¿Por qué no nos denuncian? No lo hacen porque tenemos pruebas de todo”.

Un certificado con impacto

La ADEAC financia el galardón de banderas azules gracias a subvenciones que recibe de las comunidades autónomas y, en aquellos territorios donde no existen esos acuerdos, con el pago de 450 euros por playa que hace el consistorio candidato. Es el importe “directo” para cubrir el expediente, como justifica Palacios. En 2022, últimas cuentas disponibles en su web, la asociación recibió hasta 50.000 de la Generalitat Valenciana, 42.000 de la Generalitat de Cataluña, 40.000 de la Junta de Andalucía o 35.000 del Ministerio de Industria y Turismo, de un total de 262.921,56 euros. Además, la ADEAC facturó 312.482,67 euros por prestación de distintos servicios, ya que la asociación tiene otras actividades ligadas a la formación y a galardones como Llave verde, que distingue a establecimientos de hostelería. La mayor parte de los ingresos —337.348,87 euros— fue a parar a cubrir los gastos de los 13 trabajadores fijos, además de otros diez externos.

Para José María Román, alcalde de Chiclana de la Frontera, compensa el esfuerzo y el gasto de tener sus dos banderas azules: “Un medidor externo siempre viene bien, te ayuda a poner las pilas y a no relajarte”. Además, el regidor asegura que “las banderas hablan de la excelencia de las playas. Nadie gana criticándolas porque la gente lo considera un elemento de valor”. Y la catedrática de la Universidad de Murcia de Economía Aplicada, María Asunción Prats, confirma su impresión, después de dedicar años a estudiar el fenómeno que reflejó en el libro Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Banderas Azules. “Un municipio que recibe este galardón tiene, con el paso del tiempo, una permeabilidad económica. Hemos demostrado que existe una relación directa con el crecimiento del sector económico y la creación de empleo”.

Aunque Pedro Quevedo, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, asegura no haber sufrido los daños de haber perdido la bandera azul para la playa de Las Canteras. La retirada —motivada por tres cierres al baño en el año anterior— pilló a su partido, Nueva Canarias, en plena campaña de las municipales de 2023. Tras comprobar que no hubo daño político, el Consistorio decidió no volver a pedirla y tirar de otras enseñas de certificaciones, como la Q de Calidad Turística. “Se guiaron por referencias de prensa. Hay poco trabajo, pero bien poco y entonces te planteas de dónde sacan la información. Era un cuestionario que tú mismo rellenas. Los criterios son abismales con las otras certificaciones. Estábamos pasivamente aceptándolo hasta que nos ha dado por analizarlo”, señala.

La rebelión de Las Palmas no es la primera, ni será la última. Cada año, diversos regidores alzan la voz contra la banderas azules, aunque casi siempre después de perderla. Palacios dice que les llama “con cariño, los alcaldes cabreados, que en lugar de solventar los problemas, la atacan”. Benavente comprende el contexto de los consistorios, a los que ve atrapados “en un círculo vicioso” en el que cree que no participan otros arenales europeos, a los que ve menos empeñados en conseguir la enseña. Pero en España, que lleva décadas instalada en vender sol y playa, la realidad es otra. “Todos los medios de comunicación sacan las banderas azules, los ayuntamientos están cautivos. En El Puerto de Santa María están con las carnes abiertas por perderlas. Pero en Cádiz tenemos muchas playas vírgenes que nunca las han tenido y son infinitamente mejores”, reflexiona el profesor gaditano casi a modo de consejo.