El capitán Herrero regresa a los desaparecidos de 1985

El capitán Herrero repasa en la pantalla de su ordenador las huellas dactilares de los fallecidos sin identificar de 1985 para ver si coinciden con las de una persona desaparecida ese mismo año. Con un trabajo de hormiga, uno a uno, va cotejando los puntos de coincidencia en esas huellas para ver si alguno encaja. Este mando de la Guardia Civil, con más de 25 años de experiencia en identificación de cadáveres, realiza la tarea con pericia. “Ningún caso se olvida”, insisten en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), donde el capitán Herrero, que pide que en el reportaje no se cite su nombr...

El capitán Herrero repasa en la pantalla de su ordenador las huellas dactilares de los fallecidos sin identificar de 1985 para ver si coinciden con las de una persona desaparecida ese mismo año. Con un trabajo de hormiga, uno a uno, va cotejando los puntos de coincidencia en esas huellas para ver si alguno encaja. Este mando de la Guardia Civil, con más de 25 años de experiencia en identificación de cadáveres, realiza la tarea con pericia. “Ningún caso se olvida”, insisten en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), donde el capitán Herrero, que pide que en el reportaje no se cite su nombre de pila, ejerce como jefe del departamento de calidad del dato e identificación y colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la identificación de desaparecidos de larga duración.

En 2023 se denunció en España la falta de 15.126 personas con una tasa de resolución del 95,4%, según la última memoria del centro. El 66% de las desapariciones se resolvieron durante los primeros siete días. Con todo, el pasado 31 de diciembre seguían 6.001 denuncias activas y 7.548 casos de menores ausentados. La revisión de esas huellas dactilares de las personas desaparecidas de larga duración ha servido para establecer la identidad de cadáveres que hasta el momento no tenían nombre ni apellidos conocidos, y paliar, en cierta manera, el largo sufrimiento de sus familiares, que podrán cerrar su duelo.

El CNDES, dependiente del Ministerio del Interior, se ocupa desde su creación, en 2018, de las personas desaparecidas a nivel nacional. El centro presta atención a las necesidades de las familias afectadas ―especialmente de aquellas en las que su situación se prolonga―, procura herramientas para mejorar las investigaciones de los diferentes cuerpos policiales y se encarga de la correcta gestión de los datos y las identificaciones de personas fallecidas. Desde hace cuatro años, controla y gestiona un programa llamado PDyRH (Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar), que antes estaba en manos de la Policía Nacional, y que conecta estas dos fuentes de información para tratar de esclarecer nuevos casos. Hasta finales de 2022, se habían registrado en España 3.517 restos humanos sin identificar, según datos del CNDES. El balance de 2023 no facilita ese dato.

En el sistema PDyRH, al que se han incorporado mejoras y actualizaciones, quedan registradas, además de las características de las personas desaparecidas ―con sus fotografías, el nombre, la edad, la fecha de desaparición y una descripción física―, los datos de otras personas fallecidas sin identificar sobre las que ni investigadores ni forenses pudieron terminar de escribir su historia. Una de estas personas es una joven de unos 25 años de cabello rubio hallada muerta en el agua, entre Baleares y la Península, hace cuatro años. Vestía un bikini. Hasta ahora, no hay una denuncia que la pueda conectar con una identidad, cuenta el capitán Herrero, que aprovecha para recordar todo un mantra del centro: “No hay que esperar 24 horas para denunciar”. Las primeras horas son cruciales, por lo que se aconseja denunciar de inmediato.

Una de las tareas del departamento del capitán Herrero es revisar las desapariciones sin resolver que se produjeron antes de 1995, consideradas de larga duración. Va año por año. Abre la carpeta de 1985 en su ordenador de sobremesa. Por aquel entonces, la Policía conservaba las huellas dactilares de los documentos nacionales de identidad en unas pequeñas cartulinas amarillas. El experto dispone de las fichas policiales, previamente escaneadas, y comienza a compararlas en su ordenador. Los casos tienen casi cuatro décadas de antigüedad. “En aquella época no se tomaban muestras de ADN, que comenzaron a emplearse desde el 2000”, explica. La identificación a través de huellas dactilares es la mejor vía disponible en estos casos.

No todo es ADN, defiende el mando. “Todos los métodos de identificación tienen pros y contras. Hay casos en los que el ADN por sí solo no puede resolver un caso. La ventaja de la huella dactilar es que es algo rápido”, añade. Además de las huellas, se pueden emplear otras técnicas como el análisis odontológico ―en Japón tienen un archivo centralizado con este tipo de información― o de implantes médicos, como prótesis de cadera o dentales, que tienen números de serie. Uno de los casos con los que han trabajado era de un hombre que fue visto por última vez cuando salió a coger setas y cuyos restos pudieron ser identificados gracias a su ficha dental. Otras características, como los tatuajes, pudieron ser útiles en otra época, aunque ahora no sirven, ya que son muy comunes y además muchos de ellos son iguales.

En los últimos años, el CNDES ha depurado la información del sistema PDyRH de forma que en 2023 se registró la identificación de 294 cadáveres, un número que supera con creces los resultados de los últimos años, que ya iban en ascenso. En 2022, se reflejó la identificación de 185. Estas últimas identificaciones “no necesariamente” se produjeron el año pasado, precisa Herrero, sino que han sido registradas y se han cerrado formalmente esos expedientes en el sistema.

Otro de los cometidos del centro ha sido preguntar a los diferentes cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral) por los motivos por los que en algunos casos no se disponía de muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos y pedir que se incorporasen a los casos.

El Ministerio del Interior tiene acuerdos desde 2019 con el de Justicia para que también puedan consultar y aportar información al sistema PDyRH. Hasta el momento tienen posibilidad de añadir información facultativos del Instituto Nacional de Toxicología e Institutos de Medicina Legal de comunidades que no tienen las competencias transferidas, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia. Se trata de información que los médicos forenses han recopilado durante las últimas décadas y que, hasta este acuerdo, no se había incorporado a este sistema. Desde el centro están en plena tarea para lograr la incorporación de otras autonomías y con ello que el mayor número de administraciones puedan arrojar algo de luz sobre estos casos.

Alegría o paz para los familiares

“Cuando la familia de un desaparecido de larga duración, digamos diez años, encuentra a la persona, si está viva, es alegría, y si lo que se encuentran son restos, y la Policía Judicial ha determinado mediante las pruebas de ADN que corresponden a esa persona, desde luego es una paz para la familia”, resume Joaquín Amills, cofundador y presidente de la Asociación Sosdesaparecidos. “Se abre una nueva fase sobre lo que pudo pasar, si fue un asesinato, si fue un accidente”, añade. “Creo que saber la verdad siempre es bueno y más cuando ya han pasado tantos años que para la familia la esperanza de que la persona esté bien o aparezca de pronto es muy remota”.

Amills, que tiene a su hijo desaparecido desde septiembre de 2008, cuando salió a navegar con un amigo, incide en que permanecer sin rastro alguno durante años es muy difícil hoy en día, no como antes. “Esta persona tendrá que renovar el permiso de conducir, el carné de identidad o el pasaporte. Es posible que lo pillen en un control de tráfico. La alarma puede saltar en cualquier momento. En este mundo no es imposible, pero sí es muy difícil”. El pasado marzo fue hallado vivo en Navarra un hombre cuya desaparición se denunció en 2009 y cuya alerta saltó, precisamente, cuando fue a renovar el DNI. El hombre le contó a la Guardia Civil que reside con una familia de feriantes y su desaparición había sido voluntaria. Con todo, autorizó a los agentes a que facilitaran un contacto a sus familiares.