El Gobierno lleva hasta el final la reforma de la ley de extranjería en el Congreso para retratar a PP y Junts con Vox

El PSOE votará este martes, en el último pleno de esta compleja temporada en el Congreso, la renovación del Poder Judicial con el PP, otros puntos sin los populares, varios con sus socios habituales, otros sin todos ellos mientras negocia in extremis con Podemos, pero también con Junts, para salvar alguna votación más allá que simbólica. “Eso demuestra que somos el único partido central que puede negociar con todos de la política española”, explica un miembro de la dirección del grupo parlament...

El PSOE votará este martes, en el último pleno de esta compleja temporada en el Congreso, la renovación del Poder Judicial con el PP, otros puntos sin los populares, varios con sus socios habituales, otros sin todos ellos mientras negocia in extremis con Podemos, pero también con Junts, para salvar alguna votación más allá que simbólica. “Eso demuestra que somos el único partido central que puede negociar con todos de la política española”, explica un miembro de la dirección del grupo parlamentario del PSOE. La formación no quiere retirar del orden del día de ese pleno una de las propuestas más urgentes, la reforma de la Ley de Extranjería para imponer un reparto obligatorio por autonomías de los menores migrantes, pese a que puede llevarse en su votación una más que sonora derrota. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aclaró este lunes que quieren que los partidos que rechacen esa medida, en alusión al PP y Junts, retraten así su “insolidaridad” como la ultraderecha de Vox.

Es habitual, al final de los periodos de sesiones parlamentarios, que el orden del día del último pleno se colapse de asuntos pendientes. Es lo que sucederá este martes, con una sesión con nueve puntos muy relevantes y diversos, que durará horas y que dibujará un panorama fiel de la peculiar situación de incertidumbre que soporta el PSOE con sus diversas alianzas parlamentarias en esta XV legislatura. En el primer debate del día ya se apreciará esa situación, que tampoco es nueva en este mandato. La sesión comenzará con la discusión de una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que pretendía fijar una serie de cupos obligatorios de reparto de menores migrantes no acompañados cuando tanto las islas Canarias como Ceuta y Melilla, y cualquier otra autonomía, hayan sobrepasado su capacidad de acogida en un 150%. En Canarias, como lleva denunciando hace meses el gobierno entre Coalición Canarias y PP, ese porcentaje está más que superado con cerca de 6.000 menores albergados en condiciones no adecuadas. El Gobierno canario negoció y pactó con el ejecutivo central esa solución legal, pero el PP nacional y algunas de sus autonomías no lo aceptan. El PP de Alberto Núñez Feijóo comunicó al ministro Ángel Víctor Torres ese rechazo el domingo, pero este lunes matizaron que aún habría tiempo para alguna conversación. El PP canario, que a finales de junio votó en el Parlamento de Canarias a favor del texto de la reforma, se desmarcó este lunes de este documento a través de su secretario general, Poli Suárez.

En el Gobierno central asumen que esa votación está muy cerca de perderse. Por el comportamiento avanzado por el PP, que desde el domingo lleva manifestando abiertamente que no permitirá la toma en consideración del texto, pero también de Junts, el partido que lidera Carles Puigdemont. Sin el apoyo o la abstención de alguno de esos dos partidos, la proposición de ley ni siquiera se podrá debatir ni enmendar en el Congreso, dado que decaerá en su toma en consideración.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no fue muy optimista este lunes ante los posibles contactos de última hora con el PP y relacionó esa oposición en la votación de los populares con su supuesta ruptura con Vox anunciada hace un par de semanas desde la formación ultra al afirmar Feijóo que las autonomías de su partido iban a ser solidarias precisamente en la acogida de esos menores migrantes. Un punto de inflexión para Vox, que se salió del gobierno en cinco autonomías en las que colaboraba con el PP. “No han roto, siguen gobernando juntos, haciendo las mismas políticas, ha sido puro teatro, el PP no necesita a Vox para ser Vox y hacer políticas de ultraderecha”, recalcó López.

El dirigente socialista lamentó que el PP, “por pura estrategia política y por atacar al Gobierno de Pedro Sánchez”, eluda su responsabilidad como presunto “partido de Estado” en una actuación que calificó como de pura “solidaridad y humanidad” con esos menores. López también se preguntó qué sucederá ahora con el PP canario, que impulsó y aprobó el plan negociado con el Gobierno central.

El PSOE, anticipó López, no retirará del orden del día esa votación, aunque presume que la va a perder: “Esta votación no va de excusas, va de solidaridad y queremos que todo el mundo se retrate con la ultraderecha de Vox y sus discursos”, señaló en alusión al PP, pero también a Junts. Fuentes de la dirección del grupo nacionalista catalán de Puigdemont ratificaron que votarán en contra de esa reforma.

Los socialistas podrían padecer algún otro disgusto en las votaciones de este pleno, aunque no en la que corroborará la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años y medio prorrogado por el veto del PP. El PSOE y el PP pactaron esa renovación y sus 256 escaños les aseguran un resultado más que suficiente, aunque no cómodo. Los socialistas verán así que todos sus socios habituales se desmarcan y les acusarán de optar por “el bipartidismo del régimen del 78″ en vez de por cambios más profundos en el sistema. Vox incidirá en esa idea contra el PP, justo cuando ambos partidos están aplicando la máxima presión y exigencia de dimisiones ante las diferentes actuaciones del juez que lleva el caso de la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Podemos, por su parte, adelantó este lunes a través de su secretaria general, Ione Belarra, que podría no votar a favor del decreto de prórroga de las medidas anticrisis por la guerra en Ucrania ante lo que consideran como “el desmantelamiento del bono social eléctrico” o “el recorte en las cotizaciones de las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años”. En el PSOE aseguraron que ese decreto prosperará, por otro lado, pero no precisaron si será gracias a la abstención del PP.