Vox buscará erosionar electoralmente al PP acusándole de “complicidad” con la inmigración

El pasado viernes, tras consumar la ruptura con el PP en cinco gobiernos autonómicos —Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia—, la dirección de Vox remitió un argumentario a sus cargos públicos para cuando los periodistas les pregunten por ello. “[Alberto Núñez] Feijóo ha obligado a sus barones regionales a reventar los acuerdos con Vox pactando con Pedro Sánchez la llegada a las comunidades...

El pasado viernes, tras consumar la ruptura con el PP en cinco gobiernos autonómicos —Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia—, la dirección de Vox remitió un argumentario a sus cargos públicos para cuando los periodistas les pregunten por ello. “[Alberto Núñez] Feijóo ha obligado a sus barones regionales a reventar los acuerdos con Vox pactando con Pedro Sánchez la llegada a las comunidades autónomas de menas [acrónimo de menores extranjeros no acompañados], con las nefastas consecuencias que ello va a tener”, señala el texto. “Todo el mundo sabe que la inmigración y la seguridad de los españoles son temas que Vox se toma muy en serio y el PP sabía que esto era motivo de ruptura”, agrega, trasladando a su ya exsocio la responsabilidad de un divorcio que ha desconcertado a muchos votantes y afiliados de Vox.

En dos de los seis acuerdos de gobierno autonómicos firmados por el PP y Vox —el sexto es Baleares, donde no gobernaban en coalición, pero rubricaron un pacto para asegurar la estabilidad del Ejecutivo en solitario del PP— no se dice una palabra sobre inmigración (Extremadura y Aragón). En los demás, se apuesta por “la coordinación de las policías locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para [..] luchar contra las mafias de la inmigración ilegal” (Murcia); colaborar en la “identificación de inmigrantes ilegales” (Baleares); o “eliminar subvenciones” a las ONG que atienden a migrantes (Comunidad Valenciana). Nada sobre la acogida de niños y adolescentes extranjeros, que desbordan las instalaciones de Canarias.

El hasta ahora vicepresidente castellanoleonés, Juan García-Gallardo (Vox), acusó el viernes al presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) de incumplir el punto 32 de su acuerdo de gobierno, en el que ambos partidos se comprometieron a promover “una inmigración ordenada [...] y en contra de las mafias ilegales”. Cuando se le preguntó por qué no consideró el año pasado que la acogida de menores inmigrantes en su región vulneraba ese pacto, García-Gallardo alegó que Vox hizo entonces un “ejercicio de flexibilidad”, pero apostilló: “Hasta aquí hemos llegado”.

Santiago Abascal no acusa al PP de incumplir esos pactos. De hacerlo, debería haber pedido que se reunieran las comisiones mixtas previstas en caso de desacuerdo. Le acusa de haberles engañado. Según su versión, los presidentes autonómicos se comprometieron a oponerse al reparto de menores en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, reunida el miércoles en Tenerife, pero Feijóo les llamó uno por uno y les instó a votar a favor, lo que estos hicieron.

Esa supuesta interferencia de Feijóo —que el PP niega— fue la gota que colmó el vaso, según fuentes de Vox. Abascal le reprocha no haber tenido en cuenta hasta qué punto este era un asunto sensible para él. Hace meses que ambos no se hablan. Tras los choques con su antecesor Pablo Casado, Abascal buscó forjar una alianza con el nuevo líder del PP, pero este la rehúye por temor a su efecto electoral, pese a que bendijo los pactos en autonomías y ayuntamientos. En la lista de agravios, Abascal incluye que Feijóo no contestara a su carta del pasado 6 de mayo, en la que le invitó a colaborar y se quejó de las “escasas ocasiones” en que se habían reunido.

Rota la comunicación con Feijóo, Abascal ha utilizado a los medios de comunicación para lanzar mensajes al PP. El 28 de junio advirtió de que si los gobiernos regionales no hacían todo lo que estaba en su mano “para combatir la inmigración ilegal”, él cumpliría su “compromiso con los electores”. Ninguna mención expresa a una ruptura. La hizo diez días después cuando, elevando el tono, concretó: “Se considerarán rotos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios a su alcance para evitar la distribución” de los menores migrantes.

El jueves por la mañana, a su llegada al Congreso, la amenaza se convertía en realidad y Abascal daba por rotos los pactos regionales con el PP, aunque la decisión formal se adoptó por la tarde en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido. Fue al oír el tono de Abascal por la mañana cuando los cargos regionales de Vox comprendieron que no era un farol. El único consejero de Vox en Extremadura, Ignacio Higuero, que sigue en el Gobierno de la Junta tras devolver el carné del partido, se ha quejado de falta de comunicación.

Tras oficializar la ruptura, Abascal anunció que los cuatro vicepresidentes autonómicos de Vox presentarían su dimisión, pero evitó citar a sus ocho consejeros. No fue un olvido. Nadie en Vox les había consultado, según admiten en el partido. Aunque los miembros del CEN han sido cooptados por el líder, la reunión se prolongó más de lo previsto y el acuerdo no se adoptó por unanimidad, sino por mayoría.

Vicente Barrera, ya exvicepresidente valenciano, no ocultó su malestar e hizo un quiebro para eludir la mano de Abascal cuando este fue a saludarle. Barrera es el único de los exvicepresidentes que no ha apoyado públicamente la decisión y también el único que no se convertirá en portavoz de Vox en la asamblea regional, ya que no es diputado.

Por su parte, García-Gallardo ha sido uno de los alentadores de la ruptura, pese a representar a una comunidad con problemas de despoblación, que tiene la mitad de extranjeros que el conjunto de España (6,15%) y una tasa de criminalidad inferior a la media (36,5 por 1.000 habitantes). “No es una cuestión cuantitativa sino cualitativa, hay que cortar de raíz el efecto llamada”, alega, ante la pregunta de si tiene sentido romper un gobierno por la llegada de 21 inmigrantes, que son los que corresponde acoger a Castilla y León.

Abascal cree, según quienes le rodean, que a este reparto seguirán otros y que la proliferación de centros para menores extranjeros generará una situación explosiva en muchos barrios y localidades. El líder de Vox vincula a los inmigrantes con la delincuencia y alimenta esta relación con las noticias de su propio periódico, La Gaceta de la Iberosfera, la web de la fundación de Vox, que hace un año difundió el bulo de que un magrebí había asesinado a una mujer en el centro de Madrid.

“La inmigración traerá lo que estamos viendo ya en suburbios de París o Bruselas: inseguridad ciudadana, saturación de los servicios públicos, imposición de la sharía. Entonces levantaremos el dedo y señalaremos al PP”, afirman en Vox. “No vamos a ser cómplices de violaciones, robos y machetazos”, proclama Abascal.

Tras romper amarras con el PP, Vox se siente con las manos libres para achacarle todos los males, reales o supuestos, que asocia con la inmigración. Y cree que acusar al partido de Feijóo de ser “cómplice” de este problema le causará una fuerte erosión electoral y acabará por pasar factura a los populares. “Solo es cuestión de tiempo”, sentencian en el partido ultra. En una entrevista en El Confidencial, Abascal añadía este sábado una nueva condición para apoyar a Feijóo: que presente “un plan de deportaciones” para inmigrantes irregulares.

Este discurso puede servirle además para intentar neutralizar a su nuevo rival, Se Acabó la Fiesta, la lista antisistema del agitador Alvise Perez, que obtuvo 800.000 votos en las elecciones europeas con propuestas como “la deportación masiva de inmigrantes” o la construcción de una macrocárcel para 40.000 presos. Aunque Abascal elude mencionarlo y actúa como si no existiera, eso no significa que no le preocupe, aseguran quienes le conocen. Según el CIS, casi el 50% de los votantes de Alvise lo fueron de Vox y el mismo porcentaje tiene menos de 34 años; es decir, la franja del electorado donde se juega el futuro.

Solo seis días antes de romper con el PP, Abascal tomó una decisión no menos sorpresiva: abandonó el ECR (Reformistas y Conservadores Europeos), el grupo del Parlamento Europeo donde Vox halló acomodo en la anterior legislatura, para sumarse a Patriotas por Europa, la nueva plataforma de extrema derecha promovida por el húngaro Viktor Orbán. Plantó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ultraconservadora pero atlantista, para irse con la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini o el holandés Geert Wilders. Los mejores amigos de Putin en la UE, pero también los más xenófobos y eurófobos, unos socios a los que Vox no había querido unirse en 2019. Dos decisiones estratégicas —la ruptura con el PP y el cambio en la UE— que, según interpreta un antiguo dirigente del partido, están íntimamente relacionadas una con otra.