El PP insta al presidente del Constitucional a apartarse del ‘caso ERE’ y recusa a dos magistradas

El PP ha instado al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a apartarse de las sentencias pendientes sobre el caso de los ERE, al tiempo que ha anunciado la recusación de otras dos magistradas, Inmaculada Montalbán —vicepresidenta del tribunal y ponente de dichos fallos— y María Luisa Balaguer, porque estiman que hay motivos para cuestionar su imparcialidad de en este asunto. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha explicado que el PP, como parte personada en este procedimiento judicial, pedirá la abstención de los tre...

El PP ha instado al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a apartarse de las sentencias pendientes sobre el caso de los ERE, al tiempo que ha anunciado la recusación de otras dos magistradas, Inmaculada Montalbán —vicepresidenta del tribunal y ponente de dichos fallos— y María Luisa Balaguer, porque estiman que hay motivos para cuestionar su imparcialidad de en este asunto. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha explicado que el PP, como parte personada en este procedimiento judicial, pedirá la abstención de los tres mencionados miembros del órgano de garantías, empezando por la de su presidente, para “garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del tribunal”. Bendodo ha citado el precedente de que Conde-Pumpido ya se apartó del caso cuando era magistrado del Tribunal Supremo, porque siendo fiscal general del Estado había participado en la tramitación del asunto.

El anuncio de estas iniciativas de los populares ha sido acogido con sorpresa en el Constitucional por el momento en que se presentan, cuando ya se han dictado seis sentencias sobre el caso de los ERE y quedan pendientes otras tantas para el pleno que el tribunal va a celebrar la próxima semana. Las fuentes consultadas estiman que las recusaciones serían muy probablemente consideradas “extemporáneas”, según fuentes del órgano de garantías consultadas, y tendrían muy escasas, por no decir nulas, posibilidades de prosperar. Y eso se debe a que se entiende que una recusación debe presentarse en cuanto se conocen los motivos existentes para ello, no cuando el tribunal está, como ahora, en plena fase de deliberación y resolución de un conjunto de recursos que se presentaron hace más de un año. Por otro lado, las objeciones referidas a la trayectoria de los magistrados o magistradas recusados no obedecen a hechos que se conozcan ahora, y por tanto debieron plantearse desde el inicio de la tramitación de los recursos en el órgano de garantías, ya que el PP ha estado personado desde un primer momento.

El PP argumenta sobre Conde-Pumpido que en la etapa de su pertenencia al Supremo reconoció “estar afectado por una causa de incompatibilidad” y que estimó que con su abstención se garantizaba la imparcialidad de dicho tribunal. Bendodo se pregunta: “¿Por qué se abstuvo entonces y ahora no, siendo la misma causa y los mismos condenados?”. Y se ha respondido afirmando que “la falta de congruencia es palmaria y es cuestión de números y votos”.

En el caso de Inmaculada Montalbán, el vicesecretario del PP ha recordado que la vicepresidenta del Constitucional fue presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y fue ponente o participó en, al menos, 22 sentencias relacionadas con los ERE. En relación con María Luisa Balaguer, explica que la actual magistrada del órgano de garantías fue consejera del Consejo Consultivo de Andalucía del 2012 al 2014, ponente en 28 dictámenes “que abarcaban, prácticamente, toda la casuística de los ERE”, entre ellos, “revisiones de oficios, subvenciones ilegales, inclusión de prejubilados en pólizas y revisión de avales al conocido fondo de reptiles”.

El PP, como parte en este procedimiento, también ha informado de que, si bien su iniciativa se dirige ahora contra tres magistrados del Constitucional, no descarta ampliarla a otros dos, considerando que fueron cinco los miembros del tribunal que “tuvieron vinculación directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora están votando a favor de exculpar a condenados”. En este sentido, la representación procesal de los populares apunta al magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo, “que fue director general de Justicia con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía en el periodo investigado por los ERE”. El PP también subraya que Campo fue, asimismo, secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía en la Junta de Andalucía entre el año 2014 y 2015. La tesis del PP es que Campo emitió juicios públicos que le comprometen, como cuando “expresó su perplejidad por el procesamiento de Chávez y Griñán en una entrevista en el 2016 cuando era el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso”. Por último, los populares subrayan que María Luisa Segoviano, también del Constitucional, firmó en su etapa de magistrada de la Sala de lo Social del TSJA dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE, concretamente el ERE de Nexpron y el de SOS Cuétara.

En las fuentes consultadas del Constitucional recalca que todos estos hechos eran conocidos desde hace mucho tiempo y nunca fueron utilizados como base para recusar a magistrados del órgano de garantías. De ahí que en esos medios se considere que la iniciativa anunciada ahora por el PP tiene objetivos políticos y de deterioro institucional, y no cuenta con viabilidad de prosperar porque, insisten, deben plantearse en cuanto se conocen los hechos que se esgrimen como motivo para cuestionar la imparcialidad del tribunal.