El PP abraza la propuesta de Vox y pide el despliegue del Ejército en las costas africanas para frenar la inmigración

El PP continúa endureciendo su postura ante la inmigración, en un crescendo que avanza un paso más cada día. Este jueves, los populares, por boca del portavoz Miguel Tellado, han pedido al Gobierno que despliegue a las Fuerzas Armadas en las costas africanas para frenar la salida de cayucos con dirección a España, una propuesta que plantea Vox desde hace años y a la que el PP no se había sumado hasta a...

El PP continúa endureciendo su postura ante la inmigración, en un crescendo que avanza un paso más cada día. Este jueves, los populares, por boca del portavoz Miguel Tellado, han pedido al Gobierno que despliegue a las Fuerzas Armadas en las costas africanas para frenar la salida de cayucos con dirección a España, una propuesta que plantea Vox desde hace años y a la que el PP no se había sumado hasta ahora. La reclamación del PP llega después de que ayer el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, pidiera ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ayuda a la UE “para controlar la inmigración”. “Me preocupa el aumento de inmigrantes irregulares en España”, dijo el miércoles el líder del PP, que ha endurecido también su posición sobre la acogida de menores no acompañados tras reunirse el lunes con los principales presidentes autonómicos populares, varios de los cuales son muy reticentes a aceptar a más menores con el argumento de que sus sistemas están colapsados.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha instado hoy al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en primer lugar, a “apoyarse en la UE y pedirle ayuda”, y en segundo, a “tratar el problema de la inmigración irregular en origen, para que esas pateras no salgan”. En una entrevista en Antena 3, Tellado ha añadido: “El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país”. Horas después, en los pasillos del Congreso a la salida del pleno, el portavoz ha dicho que se ratificaba en sus declaraciones y ha insistido en que el Gobierno tiene que usar todos sus “recursos”, incluidos los de la Armada, para evitar la llegada de pateras. Núñez Feijóo, abordado por los periodistas para recabar su opinión, ha dado la callada por respuesta.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado que las palabras de Tellado le producen “sonrojo” y ha instado a los populares a no lanzarse a una “competición con Vox” en este asunto. “Le pido a Tellado y a todo el PP, que alardean de ser un partido de Estado, que tengan un mínimo de responsabilidad, rectifique lo que ha dicho y respete la labor de las Fuerzas Armadas”, ha afirmado. El portavoz socialista, Patxi López, ha ido más allá: “¿Qué será lo próximo [que pida el PP], bombardear los cayucos?”, ha inquirido.

La propuesta del PP de desplegar a las Fuerzas Armadas frente a la inmigración irregular es muy similar a la que plantea Vox desde hace años. El partido ultra pidió en el Congreso la activación de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Seguridad Nacional para que los buques de guerra impidan la entrada de embarcaciones con inmigrantes en aguas territoriales españolas. Este jueves, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha tachado de falsa la postura de los populares: “El PP está estafando a sus electores. Votó a favor de regularizar a medio millón de personas. El PP es responsable del efecto llamada. El señor Feijóo está diciendo que hay que repartir a los menores por toda España y eso conduce al efecto llamada. Por un lado dicen que hay que evitar el efecto llamada y luego votan para que el efecto llamada se produzca. Y luego, claro, hace falta asumir las propuestas de Vox, como la de enviar la Armada a vigilar los mares y combatir el tráfico de seres humanos”, ha dicho.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Teodoro López Calderón, ya descartó en noviembre de 2020 la propuesta de Vox de aplicar un bloqueo naval. Y señaló que la obligación “legal y moral” de un buque de guerra en caso de encontrar una patera sería rescatar a sus ocupantes, no impedir su avance. Buques de la Armada participaron, en 2006, en la llamada crisis de los cayucos, pero su misión fue humanitaria y de rescate ante la gran cantidad de naufragios que se produjeron. Además, proponer el despliegue de “una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos salgan”, como dice Tellado, implica dar por hecho que los países africanos aceptarían que militares extranjeros patrullasen sus costas sin que mediase un acuerdo de interés mutuo. España ya tiene desplegada a la Guardia Civil en Mauritania para ayudar a ese país, tras llegar a un acuerdo con sus autoridades.

Además, los buques de guerra están obligados a aplicar la ley del Mar que obligan a rescatar embarcaciones en peligro. No pueden entrar en aguas territoriales (12 millas) de los países africanos sin su autorización y mucho menos desembarcar inmigrantes, informan fuentes militares. El despliegue de la Armada solo serviría para traer a los inmigrantes desde cerca de las costas africanas en vez de las Canarias, como pasó con la operación de la UE en el Mediterráneo central.

Fuentes de la dirección del PP también han considerado que el problema es que la agencia europea de fronteras, Frontex, “no está actuando [en España] como sí hace en Italia y Grecia”. En realidad, la agencia ya tiene desplegados barcos y medios en dos operaciones dirigidas por autoridades españolas. El despliegue de Frontex se negocia con los Estados miembros de la UE y es el Ministerio del Interior el que decide en qué términos debe implicarse. Hasta ahora, las reticencias de las fuerzas de seguridad españolas con la agencia, acusada de violar la legislación internacional en Grecia al devolver a inmigrantes ilegalmente, han limitado el papel de Frontex en España. Por otro lado, el despliegue de la agencia europea en los países de origen, como Senegal y Mauritania, depende de las negociaciones bilaterales con ellos, en general poco fructíferas, y no de España.

La inmigración irregular está al alza en España, en línea con el resto de fronteras europeas, que se ven presionadas, entre otras cosas, por el agravamiento de conflictos en el Sahel, Sudán o Siria. En 2023, España cerró con casi 57.000 entradas irregulares (un 82% más que el año anterior), un repunte que se explica por una nueva reactivación de la ruta Canaria. El foco este año también está en las islas, adonde han llegado más de 19.000 personas, casi el 80% de las que han logrado entrar de forma irregular en todo el país. Los principales puntos de salida de las embarcaciones hacia España son Mauritania, Marruecos, Senegal y Argelia. En cualquier caso, el PP vincula la inmigración a la irregularidad, cuando la realidad es mucho más compleja y la irregularidad es solo un recorte del fenómeno. Cuando se usa la inmigración como arma política, no se suele tener en cuenta que la mayoría de los extranjeros que vienen a instalarse en España —cientos de miles de personas todos los años— viajan en avión y, principalmente, tienen origen latinoamericano. A ellos se suman casi 210.000 ucranios que se han refugiado en España desde marzo de 2021, huyendo de la guerra.

El Gobierno le pide al PP que “se centre” y considera que la propuesta de desplegar la Armada para contener la inmigración irregular “no es responsable”. “El PP lo mejor que puede hacer para diferenciarse y ser creíble en que no opina, piensa y cree lo mismo que Vox es votar sí a la modificación legislativa [para el reparto de los menores migrantes entre las autonomías], y en eso me estoy centrando”, ha dicho este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha reclamado al partido de Alberto Núñez Feijóo que aclare si votará a favor o no de esa modificación de la Ley de Extranjería ante el colapso de los servicios de acogida de Canarias.

El Gobierno ha convocado para el próximo miércoles una conferencia sectorial en Canarias con el propósito de aprobar un sistema que active el reparto de los menores migrantes por territorios cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida. Las 12 comunidades (más Ceuta y Melilla) gobernadas en solitario o en coalición por el PP no han aclarado aún cuál será su posición.