El PSOE acusa a Moreno de llegar al poder a través de “la mayor cacería política de la democracia”

El caso de los ERE metió en el hoyo al PSOE andaluz y las sentencias exculpatorias del Tribunal Constitucional están logrando que este partido, que gobernó casi 37 años seguidos en Andalucía, empiece a recuperar parte de su autoestima. Desde que comenzó la investigación judicial —en enero de 2011— hasta que el Tribunal Supremo en julio de 2022 ratificó la sentencia de la Audiencia de Sevilla y condenó a 15 ex altos cargos socialistas de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los socialistas andaluces no han sabido, no han podido o no han querido reivindicar a los suyos. “No nos vamos a callar. Hasta aquí hemos llegado”, ha dicho este miércoles la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, quien ha acusado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de llegar al poder a través “de la mayor cacería política de la democracia”.

Los pronunciamientos del tribunal de garantías dando (en parte o totalmente) la razón a los recursos planteados por varios de los condenados en el caso de los ERE ha provocado una cierta euforia en el PSOE andaluz que lleva muchos años sin poder sacar cabeza por lo que el PP considera “el mayor escándalo de corrupción de la democracia española”. Este partido responsabiliza al presidente de la Junta de Andalucía de ser el “jefe de la banda” para lograr el poder “cuando no se puede ganar limpiamente”. Moreno no diseñó la estrategia política del PP, que ejerce la acusación particular, porque su llegada a Andalucía se produjo en 2014.

Férriz contestó afirmativamente cuando se le preguntó si consideraba que el Gobierno del PP no era legítimo, aunque luego rectificó y aclaró que no. Pero durante la rueda de prensa ha reiterado varias veces la misma idea: “El PP decidió jugar sucio y montar la cacería política, jurídica y mediática mayor de la historia de la democracia con el objetivo de alcanzar el poder en Andalucía”. También ha enfatizado: “Nunca tuvieron interés en perseguir a los sinvergüenzas que se aprovecharon del dinero público. Su único interés era acabar con el PSOE de la manera que fuera, aunque eso conllevara meter en la cárcel a gente inocente”. Y otra frase más: “Limpiamente no podían gobernar en Andalucía y se dedicaron a destrozar a servidores públicos ejemplares, con trayectoria honesta y honrada y de paso a sus familias, a manchar el trabajo del PSOE y la historia del PSOE como si fueran unos auténticos sicarios de la política, que matan al adversario cuando no pueden con ellos”.

Los socialistas andaluces se proponen ahora hacer todo lo que “les dé la vida” para que en cada “rincón de Andalucía” se conozca esta “cacería política”. En paralelo han anunciado querellas contra los dirigentes populares que acusan a los socialistas de “robar 680 millones de euros del dinero de los parados”. El PSOE ya dijo ayer que denunciarán en este sentido al vicesecretario del PP Elías Bendodo. La sentencia de la Audiencia, ratificada por el Supremo, sostiene que entre los años 2000 y 2009, el Gobierno andaluz urdió un “sistema fraudulento” dotado con 680 millones de euros que, en medio de un “descontrol absoluto”, repartió fondos a empresas en crisis para garantizar la “paz social”.

Según el dato que dio el presidente andaluz en el pasado debate general en el Parlamento, la Junta ha recuperado 27 millones de euros de los 62 millones que deben ser devueltos según la justicia y el Tribunal de Cuentas. Y reclama otros 135 millones en “decenas” de piezas.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, en un acto en Madrid ha mostrado su “absoluto rechazo” a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del Gobierno andaluz “deslegitimando, cuestionando la legitimidad y la imparcialidad de un órgano como el Tribunal Constitucional”. El dirigente socialista ha recordado que la sentencia del Constitucional sobre el director de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea), Miguel Ángel Serrano, el ente público encargado de firmar las ayudas, afirma que “se han vulnerado derechos fundamentales tan importante como el de la presunción de inocencia, lo que ha llevado a que haya una persona que salió ayer de la cárcel en Sevilla que lleva 18 meses y que ayer, después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, resulta ser inocente de los cargos que le llevaron a esa sentencia condenatoria”.

Espadas ha distinguido que en el caso de los ERE hay conductas punibles y otras no. “Más de 6.400 trabajadores han recibido de forma correcta esas ayudas en una ley de presupuestos absolutamente legal como marca el Tribunal Constitucional. Otra cosa son las conductas punibles, otra cosa son las sentencias y las responsabilidades que depuren cada uno de los tribunales y en donde siempre lo hemos dicho, el que la hace, la paga, y, por tanto, todas las responsabilidades concretas que las hay, en algunos casos, evidentemente, y en algunos casos también ya con condena firme”.