El fiscal general pidió por whatsapp a la fiscal jefe de Madrid desmentir los bulos sobre la pareja de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó por escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, difundir una nota de prensa sobre la causa judicial abierta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por dos fraudes fiscales y por falsedad en documento mercantil.

La nota de prensa pretendía desmentir con datos del procedimiento judicial el bulo, difundido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a diversos medios de comunicación que no contrastaron la noticia, acerca de que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad al empresario González Amador y que posteriormente se había retirado esa propuesta “por órdenes de arriba”. Pese al desacuerdo mostrado por Lastra, el fiscal general la ordenó mandar la nota a través del gabinete de prensa con el fin de evitar que los fiscales que han llevado el caso quedasen “como mentirosos”, según rezan los mensajes de Whatsapp revelados ayer por El Mundo.

García Ortiz ya reconoció, hace unos días, haber dado personalmente dicha instrucción en un escrito que envió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) donde reclamaba al instructor que remitiera ya la causa abierta al Supremo, único órgano competente para investigar al fiscal general del Estado.

La fiscal jefe de Madrid aportó los whatsapp al instructor de la causa abierta en el Tribunal Superior en los que se refleja la insistencia de García Ortiz por sacar una nota de prensa que aclarara que fue la defensa de la pareja de Ayuso, ejercida por el abogado Carlos Neira, quien buscó el pacto con la Fiscalía a cambio de confesar los delitos, pagar la cantidad adeudada (350.951 euros más los intereses de demora) y así reducir la pena de cárcel y evitar el ingreso en prisión. “Es imperativo sacarla”, escribió el fiscal general a Lastra, en la mañana del pasado 14 de marzo. “Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla”, concluyó.

“Se impone un relato que no es cierto”

“Ya tenemos la nota. Consensuada con Pilar y con Virna. Que Iñigo la dé cuanto antes”, reza el primer mensaje de Ortiz a Lastra, escrito a primera hora de la mañana, en los que comunicaba que ya había cerrado los detalles con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada por el Tribunal Superior, y la decana de la Sección de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso Fernández y pedía que el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid la difundiera. A ello añadió un “gracias”.

Almudena Lastra no estaba del todo de acuerdo con la nota y así se lo indicó al fiscal general en una conversación telefónica, según indica El Mundo, en la que le comentó que contenía algún error. “Almudena, lo nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla”, señaló por mensaje García Ortiz tras la charla. Tres minutos después, el fiscal general envió un nuevo texto: “Nos están dejando como mentirosos”.

Al mismo tiempo, el fiscal general intentaba volver a hablar con Lastra, pero sin éxito, por lo que envió un último whatsapp: “Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla”.

Tras ello, Lastra acató la orden de su superior y el comunicado se envió a los medios, pasadas las 10.00 horas del 14 de marzo, en el que se indicó que “el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal” había sido propuesto por la defensa de Alberto González Amador, el 2 de febrero de 2024. Esa información había sido publicada horas antes por diversos medios de comunicación.

La reacción del abogado de la pareja de la presidenta madrileña, que denunció al ministerio público por revelación de secretos al difundir sus datos personales y fiscales, ha provocado la apertura de una investigación el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

González Amador ganó dos millones de euros en 2020 por una intermediación urgente entre dos empresas para la venta de mascarillas en el peor momento de la pandemia por la covid-19. Un año después, triplicó sus ingresos como colaborador del grupo Quirón, uno de los principales clientes de la Comunidad de Madrid. Cuando declaró ante Hacienda el impuesto de sociedades por estos dos ejercicios de beneficios multimillonarios, presentó facturas falsas, donde implicó a casi una decena de empresarios, para justificar unos gastos que nunca soportó para evitar así pagar lo que le correspondía: 350.000 euros en total. Cuando la inspección fiscal destapó los distintos episodios del fraude, González Amador admitió su responsabilidad y su abogado propuso a la Fiscalía reconocer los hechos para librar a su cliente de la cárcel.