El Gobierno renuncia a construir un centro de acogida de inmigrantes junto a una base militar de Granada
Alhendín, la localidad donde se ubican los terrenos, y varias de su entorno se han opuesto en la última semana a un campamento cuyo inicio de las obras ya había anunciado la empresa constructora
El Gobierno ha anunciado este viernes que definitivamente no construirá un campamento de acogida de inmigrantes en los terrenos de la base aérea de Armilla (Granada) que el Ministerio de Defensa había puesto a disposición del de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para un centro que acogería hasta a 1.200 personas. Según ha explicado en Granada el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, porque el terreno “no reúne las condiciones”.
La semana pasada, el Ayuntamiento de Alhendín, municipio donde está el suelo donde se iba a ubicar el centro, recibió una notificación of...
El Gobierno ha anunciado este viernes que definitivamente no construirá un campamento de acogida de inmigrantes en los terrenos de la base aérea de Armilla (Granada) que el Ministerio de Defensa había puesto a disposición del de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para un centro que acogería hasta a 1.200 personas. Según ha explicado en Granada el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, porque el terreno “no reúne las condiciones”.
La semana pasada, el Ayuntamiento de Alhendín, municipio donde está el suelo donde se iba a ubicar el centro, recibió una notificación oficial de la empresa pública Tragsa anunciando el inicio de las obras. De inmediato, su alcalde, Francisco Rodríguez (PP), manifestó su postura contraria. Lo mismo ocurrió con la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate (PSOE). A esta posición contraria se han ido añadiendo ayuntamientos de municipios aledaños y una sucesión casi diaria de manifestaciones, plenos municipales y otras acciones públicas de rechazo a la construcción. El delegado del Gobiern en Andalucíao, en cambio, ha asegurado que lo que ha pesado en la decisión de parar el proyecto han sido “los criterios técnicos y sociales desde el punto de vista de las necesidades de los inmigrantes”.
El campamento de acogida, ha explicado Fernández, debía ser “una instalación temporal de asistencia a los inmigrantes” surgida de “la necesidad urgente de atender una crisis humanitaria que hace que lleguen a Canarias muchos inmigrantes y que está tensionando el sistema nacional de atención, que se encuentra ya al 85% de saturación y con la previsión de que con el buen tiempo aumente la llegada”. El campamento estaba “destinado a albergar temporalmente y dar una solución a quienes necesitan ayuda humanitaria” o tiempo para realizar la “tramitación administrativa para gestionar sus peticiones de asilo o de protección internacional”. El representante del Gobierno en Andalucía ha insistido en que el centro se construirá en todo caso en otras instalaciones “que tienen mejor garantía para dar cobertura a las necesidades” que requieren los inmigrantes, sin detallar esa nueva ubicación.
El Ayuntamiento de Alhendín recibió la semana pasada la notificación de inicio de obras de un campamento para 1.200 inmigrantes y el de Armilla, el núcleo de población más cercano a la parcela, confirmó a este diario que la cesión de Defensa a Migraciones se había hecho efectiva. Sin embargo, tras la publicación de informaciones en los medios sobre la construcción, tanto el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Montilla, como fuentes de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguraron que se trataba solo de una idea que se estaba valorando.
Las negativas de los consistorios de Alhendín y Armilla se han basado en las normas urbanísticas y también en que ambos ayuntamientos entendían que no se trataba de una ubicación adecuada para acoger a 1.200 migrantes. Según los alcaldes, la legislación urbanística local califica como suelo rústico las 10 hectáreas de terreno cedidas a Migraciones, lo que impide que se construya sobre ellos.
Finalmente, diversas manifestaciones ciudadanas pusieron sobre la mesa también un descontento social. El popular Francisco Rodríguez se quejó de “deslealtad” del Gobierno porque aseguró que no había sido advertido por el Ministerio de Migraciones ni tampoco se le habían solicitado “los preceptivos permisos municipales”. Este viernes, ya conocida la renuncia del Gobierno, Rodríguez ha “celebrado” la decisión y ha agradecido “la unión entre ayuntamientos y, sobre todo, con el pueblo y los vecinos de la zona”, porque, ha dicho, “han sido los que han reivindicado de forma lícita al Gobierno de España un cambio de ubicación”.