Las cesiones a Vox arrastran al PP a un discurso más radical

El PP ha convertido las cesiones del Gobierno al independentismo en la idea central de su estrategia de oposición. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a decir que la soberanía “ya no reside en las Cortes” y una parte del discurso de Carles Puigdemont al anunciar su candidatura a las autonómicas catalanas, cuando presumió de haber torcido el brazo de los socialistas hasta conseguir...

El PP ha convertido las cesiones del Gobierno al independentismo en la idea central de su estrategia de oposición. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a decir que la soberanía “ya no reside en las Cortes” y una parte del discurso de Carles Puigdemont al anunciar su candidatura a las autonómicas catalanas, cuando presumió de haber torcido el brazo de los socialistas hasta conseguir la amnistía que antes descartaban, coincidía plenamente con las declaraciones diarias de cualquier portavoz popular. Pero tanto el PP como el PSOE han tenido que pactar medidas que no estaban en sus programas electorales o ideario tras citas electorales donde ninguna de las dos siglas logró mayorías suficientes. Y en ambos casos, las cesiones han llegado después de prometer que no las habría: las de los populares, a través de coaliciones de gobierno, y las de los socialistas, en forma de pactos de investidura.

Los diez meses transcurridos desde las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo permiten hacer un balance de los efectos de las alianzas entre el PP y Vox: a qué tipo de medidas han dado prioridad, dónde han decidido poner —y sobre todo quitar— el dinero público en sus proyectos de presupuestos regionales allá donde gobiernan juntos. El saldo, de momento, es negativo para los populares. Por un lado, como admiten dirigentes del partido, esos pactos autonómicos con la extrema derecha les pasaron factura el 23-J. Dos días después de las generales, el propio Borja Sémper, portavoz del PP, atribuyó a los “gestos estrambóticos y frikis” de quien aspiraba a ser su “socio de gobierno”, que muchos de los que pensaban votarles finalmente no lo hicieran “ante el riesgo de que Vox pudiera condicionar la política española”. Financial Times realizó el mismo análisis: “En las semanas previas a la elección del domingo, el Partido Popular y los radicales de Vox suministraron ejemplos reales de cómo funcionaría esa coalición y a un número crucial de votantes no les gustó lo que vieron”. Citaban la prohibición de las banderas LGTBI, el negacionismo climático, la censura cultural y la actitud ante la violencia machista en comunidades y ayuntamientos.

Una vez absorbido el botín de Ciudadanos, al PP se le resiste el segundo objetivo del plan de “reunificación del centro derecha”. En el partido reconocen que su gran reto es definir la relación con el partido de Santiago Abascal, que les resta votos y los aísla, impidiéndoles pactar con otras siglas. Los sondeos sitúan a los populares como primera fuerza, pero en el último barómetro del CIS su competidor subía dos puntos en estimación de voto. Al abrirles la puerta de cinco gobiernos autonómicos, concejalías y parlamentos regionales, el PP ha contribuido a normalizar la participación institucional de la extrema derecha y esos pactos, como han señalado politólogos como Cristina Monge o Pablo Simón, no han supuesto una moderación del elemento más radical de la alianza, sino un escoramiento del PP hacia las posturas, lenguaje y banderas del partido de Santiago Abascal. Estos son algunos ejemplos:

Entre los proyectos legislativos de las coaliciones PP-Vox está la derogación de las leyes de memoria autonómicas, bajo el pretexto de que las que había contribuían al enfrentamiento entre españoles, pese a que en sus años de vigencia no han generado problema alguno. El PP no derogó, cuando ocupó La Moncloa, la ley de memoria histórica, si bien la dejó sin financiación. Vox convirtió su oposición a esa legislación en una de sus banderas y arrastró a los populares, que ya desde la etapa de Pablo Casado prometieron derogarla. En el programa del candidato valenciano del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, de 230 páginas, no aparecía, pero la llamada ley de Concordia es una de las primeras leyes que impulsa su Gobierno. La proposición de ley incluye a las víctimas del terrorismo —el propio texto aclara que ya hay otra normativa que las ampara—. Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez ya denunció en este periódico el intento del partido en el que militaba su hermano de enfrentarles a las víctimas del franquismo.

Otra muestra de cómo Vox ha arrastrado al PP es el supuesto adoctrinamiento en las escuelas, especialmente, con lo que llaman “ideología de género”, es decir, las medidas para tratar de fomentar la igualdad. Sus pactos de gobierno recogen compromisos como este: “Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza, sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos”. Una frase con el sello del partido de extrema derecha, que ha llegado a decir que se enseña “zoofilia” a los menores en las escuelas. El programa electoral del PP de Aragón, sin embargo, prometía: “Preservaremos el carácter propio de los centros educativos como garantía de libertad y de una oferta educativa plural, sin más limitación que el respeto a la Constitución y a las leyes. Fomentaremos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la atención a la diversidad y la prevención de la violencia de género, la convivencia, el respeto democrático y el pensamiento crítico en los currículos de nuestra comunidad”. De momento, Vox no ha logrado instalar, allí donde gobierna con el PP, el llamado veto parental, más allá de las “actividades extraescolares”, pero ha puesto a su socio a hablar de problemas que para los populares —su batalla era contra la elección de centro, la defensa de la concertada y la lengua— no lo eran antes de necesitar sus votos. Aún así, la concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Valencia, en manos del partido de extrema derecha después de que la alcaldesa, María José Catalá, del PP, les entregara el pasado octubre tres carteras, organizó recientemente en un centro municipal unas jornadas antiabortistas en las que participó el diputado de la formación ultra Carlos Flores Juberías, condenado por maltrato a su mujer en 2002, y a la que asistieron alumnos de Secundaria de un centro concertado. Compromís per València ha anunciado que lo denunciará ante el Síndic de Defensor del Pueblo por “vulnerar” la ley de Salud sexual y reproductiva.

Para Vox la violencia no tiene género, pero sí raza. Ha logrado incluir en buena parte de sus pactos con el PP la expresión “violencia intrafamiliar”, subterfugio para evitar llamarla “machista” o “de género”. En Castilla y León ha menguado la partida para inserción laboral de estas víctimas. El programa electoral del PP para la Comunidad Valenciana prometía “reforzar los juzgados de violencia sobre la mujer” aumentando “los técnicos en los gabinetes psicosociales adscritos”, además de, entre otras medidas, “impulsar en la televisión autonómica la adopción de códigos deontológicos o acuerdos sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres, el tratamiento no sexista en los programas de entretenimiento y series destinadas a menores o adolescentes, buscando en el ejercicio de su función pública la concienciación, educación y actuación contra la violencia de género”. La consejería de Justicia, sin embargo, ha quedado en manos de Elisa Núñez, de Vox, quien, en sus primeros meses en el cargo, se reunió con una asociación de hombres maltratados, no de mujeres.

Los primeros proyectos de presupuestos de los bipartitos regionales de PP y Vox también muestran la influencia del partido de extrema derecha, que ha logrado reducir, y en algún caso, suprimir, las subvenciones públicas a sindicatos y organizaciones empresariales —que, según establece la Constitución, “contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales— o las ayudas a la cooperación exterior para disparar en su lugar las concedidas a la tauromaquia. Así, en Castilla y León se redujeron a la mitad los fondos para la mediación en conflictos laborales y se duplicó la partida prevista para los toros: hasta los 650.000 euros. En Aragón, las ayudas para la cooperación al desarrollo pasaron de 6,2 a 1,4 millones. En la Comunidad Valenciana, se concedió una ayuda directa de 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia —el consejero de Cultura, de Vox, fue torero—. En Extremadura, las subvenciones a los sindicatos y a la patronal se reducen en un 10%, las ayudas a la cooperación en el exterior pasaron de 1,8 millones a 200.000 euros y las ayudas a los toros, de 86.000 euros en 2023 a 786.000 en 2024. El acuerdo del bipartito en la Región de Murcia prevé un recorte del 25% en las ayudas a los agentes sociales y una partida de 100.000 euros “para la defensa de España”. Preguntado en qué consiste, el líder del partido ultra en la región, José Ángel Antelo, explicó que serviría para financiar movilizaciones y recursos judiciales contra el Gobierno central. “Y si hiciese falta más dinero”, añadió, “se pondría”. El PP aclaró posteriormente que no iría a financiar ese tipo de manifestaciones.

En Baleares, donde los populares gobiernan en solitario, pero con el apoyo externo de Vox tras pactar 110 medidas en común, ha sido eliminadas las subvenciones a sindicatos y patronal, mientras se destinan 200.000 euros al refuerzo de la plantilla de inspectores educativos para “asegurar la ausencia de intromisiones ideológicas y adoctrinamiento en las aulas”; otros cinco millones de euros para combatir la eutanasia y un millón de euros para la creación de una oficina antiokupación. En esta comunidad, PP y Vox acaban de aprobar la Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos, que incluye la supresión de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, calificada por el partido ultra como “chiringuito”. El organismo permitía registrar denuncias anónimas sobre irregularidades administrativas que se investigaban posteriormente. El Gobierno central tiene pendiente, desde hace un año, la creación de una oficina similar y medita trasladarla fuera de Madrid.

El PP nacional no ha puesto pega alguna a estos pactos. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, por ejemplo, bendijo el acuerdo para eliminar las subvenciones a los sindicatos en Baleares, que atribuyó a la “absoluta normalidad democrática” y el intento de “dar estabilidad” a los gobiernos autonómicos. La presidenta popular extremeña, María Guardiola, quien se resistió, al principio, a incluir a Vox en su Gobierno por “negar la violencia machista, deshumanizar a los inmigrantes y tirar a la papelera la bandera LGTBi”, los define ahora como “un socio fiable”.

Inmigración

El programa electoral de Mazón para presidir la Generalitat prometía impulsar “líneas estratégicas para mejorar la inclusión y convivencia de los migrantes, que permitan coordinar las políticas sociales de empleo con las destinadas a su inclusión social”. “Apoyaremos”, añadían, “los proyectos que atiendan las necesidades de migrantes y ONGs para mejorar su participación en la sociedad, así como su integración cultural y laboral. Desarrollaremos campañas de concienciación, sensibilización y prevención contra los delitos de odio o discriminación”. El pacto del PP con Vox para gobernar juntos la comunidad dice: “La Generalitat Valenciana, dentro del ejercicio de sus competencias, pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias. Eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”. En el de Baleares se asegura: “Exigiremos en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento. Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos”. En Andalucía, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, los populares acaban de votar en contra de una proposición no de ley presentada por Vox que asociaba inmigración ilegal y delincuencia y que instaba a “eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten, de cualquier forma, la inmigración ilegal y el tráfico de personas”, es decir, lo mismo que han pactado en las comunidades autónomas donde sí necesitan sus votos.

Vox también ha marcado su impronta en el lenguaje y el discurso del PP. Ha arrastrado a los populares a cuestionar la legitimidad del Gobierno o a plantear la ilegalización de los partidos independentistas, algo de lo que finalmente se retractaron. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntó el 8-M: “¿Cuándo es el día del hombre?”; Feijóo, que en sus campañas electorales a la presidencia de la Xunta prometía “Primero Galicia, después el partido”, se ha burlado del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, incluido el gallego, llamándolo “karaoke”. Tanto el líder del PP como el de Vox, Santiago Abascal, usan la expresión “dogmatismo ambiental” y “dictadura activista” para desdeñar las políticas de lucha contra el cambio climático y tratar de capitalizar las protestas de los agricultores.