Una reunión en Suiza encarriló el pacto que lanza la legislatura

Por encima de la negociación jurídica sobre la ley de amnistía, que fue muy complicada de cerrar, había una decisión política de fondo. Junts debía aclarar si quería reventar la legislatura forzando la máquina con la ley más allá de donde el PSOE podía llegar. Los socialistas habían puesto una última línea roja, después de traspasar otras: bajo ningún concepto...

Por encima de la negociación jurídica sobre la ley de amnistía, que fue muy complicada de cerrar, había una decisión política de fondo. Junts debía aclarar si quería reventar la legislatura forzando la máquina con la ley más allá de donde el PSOE podía llegar. Los socialistas habían puesto una última línea roja, después de traspasar otras: bajo ningún concepto podían aceptar que la amnistía incluyera todos los tipos y grados de terrorismo, porque eso, según su interpretación jurídica, podía llevar a que la justicia europea tumbara la norma. Con esa pregunta en el aire, y en pleno escándalo del caso Koldo, el viernes 23 de febrero, dos días después de la detención del excolaborador del exministro José Luis Ábalos, se reunieron en Ginebra (Suiza) los principales negociadores de Junts —Carles Puigdemont, Jordi Turull, Miriam Nogueras— y los representantes del PSOE —Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano y Eladio Garzón—. El verificador, Francisco Galindo, no acudió en esta ocasión porque estaba enfermo, aunque estaba previsto que fuera.

Esta vez la reunión no trascendió. El PSOE y Junts han cambiado la forma de negociar. Han decidido que harán las cosas con tiempo, para evitar la angustia que vivió el Gobierno al arrancar el año, con los primeros decretos, pactados literalmente en el último minuto antes de la votación. Y además han acordado que habrá discreción real, sin cámaras persiguiendo a los políticos en Ginebra. Las reuniones, que tienen que ser fuera de España porque Puigdemont no puede regresar sin arriesgarse a una detención inmediata, al menos hasta que no se apruebe la amnistía, se mantienen en su periodicidad prevista, una al mes, pero ya no se da cuenta de ellas.

Esta era particularmente importante. Las dos partes necesitaban saber hasta dónde podía llegar el otro. Junts quería saber si había espacio para alguna modificación de la ley, también en el delito de terrorismo, que sirviera como aterrizaje para un cambio de posición, del no al sí. Y el PSOE necesitaba estar seguro de que Junts iba en serio y no estaba dispuesto a reventar la legislatura forzando al límite con la posición imposible, que mantuvieron en enero, de que había que incluir todo tipo de terrorismo en la negociación.

La reunión tranquilizó a los dos sectores. Se habló de todo, no solo de amnistía, también de Presupuestos, pero en el nivel político, sin papeles. De allí salió un mensaje que las dos partes interpretaron de la misma manera: nadie quería romper, había voluntad de acuerdo, de sacar adelante la amnistía y después los Presupuestos. Junts no había hecho todo el camino de la investidura de Pedro Sánchez, que le costó mucho esfuerzo, para reventar la legislatura antes de empezar y quedarse sin ley de amnistía. Y el PSOE no había aceptado la amnistía, que también le costó mucho, para quedarse ahora a medio camino y vivir una legislatura infernal, con un Gobierno zombi sin mayoría. El caso Koldo, además, apretaba al Ejecutivo con la urgencia de dar un mensaje fuerte: consolidar la legislatura y despejar la sensación, que estaba tratando de instalar la oposición, de que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba al borde del colapso.

A partir de ahí empezó la negociación real, con Félix Bolaños y su equipo jurídico al frente para buscar una salida que pudiera servir de aterrizaje a Junts, pero que no pusiera en riesgo la constitucionalidad de la ley. Hubo videoconferencias entre el PSOE y Junts a diario, estuvieran donde estuvieran los interlocutores. Jordi Turull, que sufrió un infarto en plenas negociaciones, se reincorporó a los pocos días a esas videconferencias después de que le pusieran dos stents en dos arterias que tenía obstruidas. Se estaba jugando todo ahí, y este hombre clave de Junts no se lo perdió.

Bolaños mantuvo al tanto en todo momento a ERC, con Josep María Jové como su principal contacto. Los socialistas lograron que Junts y ERC, que ya habían estado juntos por primera vez en una videconferencia con Bolaños en enero, cuando se cerró la anterior modificación de la ley, hablaran al fin entre ellos y pactaran una posición común, pese a su enorme desconfianza mutua. Mientras la política española estaba pendiente del caso Koldo, el primer gran escándalo de presunta corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez, los negociadores no paraban de buscar una salida.

Cuando ya la tenían bastante avanzada, llegó una ayuda inesperada: la Comisión de Venecia, que el PP había convocado a Madrid para intentar que diera un revolcón a la ley de amnistía, ponía algunas pegas importantes —el procedimiento de urgencia, la falta de consenso— pero en general era muy positiva para los intereses del Gobierno y respaldaba algunos de sus argumentos jurídicos y políticos fundamentales: decía que se respetaba la división de poderes porque los jueces tienen la última palabra y que la búsqueda de la reconciliación —lo que alega el PSOE como justificación de la ley— es un objetivo legítimo de las amnistías. El PP, según la interpretación del Gobierno, perdía así una gran baza de argumentos jurídicos y políticos.

Bolaños enseguida esgrimió ese borrador de informe y lo usó a su favor en la negociación: se incorporaron a última hora algunas cuestiones, como remates en el delito de malversación para dejar fuera el enriquecimiento personal, y así la decisión del PP se convirtió en un bumerán. El propio Pedro Sánchez, de gira por Brasil y Chile, asumió que finalmente sí se hicieran cambios en el delito de terrorismo, al contrario de lo que habían dicho los socialistas, pero limitados: se eliminó la referencia al Código Penal para referirse solo a la directiva europea sobre el terrorismo, y además se incorporó a la amnistía el delito de traición siempre que no haya alzamiento armado; una salida ideal para Junts pero que no pone en riesgo la ley, según la interpretación socialista, ni ante la justicia europea ni ante el Tribunal Constitucional.

ERC avaló el acuerdo y todos en la mayoría, no solo en el Gobierno, respiraron tranquilos: la legislatura parece salvada, aunque estará sin duda llena de dificultades y se complicará mucho más cuando se acerquen las elecciones catalanas, previstas para febrero de 2025. El análisis que se ha extendido en el Gobierno es que la verdadera legislatura empieza ahora, y por eso Sánchez presumió desde Santiago de Chile: “Se le va a hacer muy largo a la oposición, pero, pese a quien pese, vamos a tener otros cuatro años de Gobierno progresista, porque eso es lo que votó la gente”.

Junts y ERC no dan ni mucho menos por hecho su apoyo a los Presupuestos. Ya ha habido muchas reuniones de tanteo sobre ellos, pero la verdadera negociación empieza ahora. Y Junts ya está hablando de pacto fiscal, un asunto muy delicado para el PSOE, que no podrá llegar tan lejos. Los de Puigdemont sobre todo dejan clara una idea: la amnistía era a cambio de la investidura, la negociación de Presupuestos empieza de cero. Esta semana será decisiva, señalan diversas fuentes, porque se hablará de tiempos y perímetro de la negociación de Presupuestos. No será fácil, nada lo será en esta legislatura, y la sombra del caso Koldo está lejos de desaparecer. Pero los socialistas creen que Junts y ERC han hecho una apuesta de fondo por la continuidad de la legislatura, y que sobre esa base política se puede negociar.

Mientras, desde Junts señalan que se podrá avanzar en la consolidación de la legislatura siempre que también se avance en lo que a ellos realmente les interesa: las dos mesas discretas que se han puesto en marcha en Suiza, una sobre cuestiones económicas y de transferencias y otra sobre la mucho más delicada cuestión territorial, con el referéndum de fondo. Los socialistas insisten en que no hay espacio para un referéndum de autodeterminación, ni siquiera no vinculante a través del artículo 92 de la Constitución, y así quedó escrito en el acuerdo del PSOE y Junts para la investidura, en noviembre, donde quedaron reflejadas esas posiciones alejadas. Esta cuestión pesa en todo momento sobre la legislatura como una espada de Damocles, y por eso nadie se llama a engaño; todos saben que estos cuatro años serán más complicados políticamente que los anteriores y siempre estará el riesgo de la ruptura de la mayoría.

Pero Sánchez, que insiste en que nada puede ser peor que lo que le pasó hace cuatro años, cuando en los primeros 100 días de la coalición tuvo la peor pandemia en un siglo y, cuando estaba empezando a remontarla, la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas, se muestra tranquilo. Se aferra no solo a su resistencia sino a los incentivos que tienen todos los socios de la mayoría para evitar la caída del Gobierno y la llegada del PP y Vox para convencerse de que está frente a una legislatura larga y podrá desarrollar el programa que pactó con Yolanda Díaz. De momento, ya tiene en la mano la clave de bóveda de la legislatura: la amnistía. Y en pocas semanas se sabrá si también tiene los Presupuestos. Una vez más, apostar a la caída inminente del líder del PSOE parece muy arriesgado. Él está convencido de que terminará su mandato de cuatro años.