Una denuncia del PP, origen de la investigación que cerca al asesor del exministro Ábalos por la trama de las mascarillas

La operación contra Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, tiene como punto de partida una denuncia presentada en 2022 en la Fiscalía Anticorrupción por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, donde señalaba presuntas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados con la covid y formalizados por la Administración General del Estado....

La operación contra Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, tiene como punto de partida una denuncia presentada en 2022 en la Fiscalía Anticorrupción por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, donde señalaba presuntas irregularidades en una docena de contratos de emergencia relacionados con la covid y formalizados por la Administración General del Estado. Según destacan fuentes jurídicas, tras recibir ese escrito y abrir diligencias, el ministerio público comenzó a indagar sobre todos esos expedientes y, según estas fuentes, archivó prácticamente todas las pesquisas iniciadas ante la ausencia de indicios de delito. Pero una de ellas prosperó: las relativas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas Sociedad Limitada.

Anticorrupción, que presentó la querella en septiembre de 2023 en los tribunales por estos hechos, situó así en el punto de mira a esta compañía. Según fuentes de la investigación, los contratos bajo sospecha superan los 50 millones de euros, y Koldo García habría utilizado a su favor las relaciones personales que había tejido con terceros para favorecer las adjudicaciones a dicha empresa, lo que le permitió cobrar supuestamente comisiones millonarias en plena pandemia de coronavirus. Además, hay en total una veintena de detenidos, según el ministerio público.

En la plataforma estatal de contratación, constan ocho operaciones de compraventa de mascarillas con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que le vendió al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), al Ministerio del Interior y a Puertos del Estado, entre otros organismos —también a entidades de Canarias y Baleares—.

En su denuncia, el PP ponía sobre la mesa distintos elementos sospechosos. Los populares incidían en que varios contratos se adjudicaron a dedo y sin publicidad. Además, recalcaban que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., con sede en Zaragoza, se dedicaba realmente a “servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales, principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas”. Y la compañía no tenía ninguna relación con China (gran suministrador de mascarillas en la época del covid), pues “operaba principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez”.

En esta línea, apostillaba el escrito enviado a Anticorrupción, la cifra de negocios de la empresa maña había sido de “cero euros en 2019”, frente a los 53,13 millones de euros que movió en 2020 “como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas con la covid”. “Resulta llamativo, al menos, que una pequeña empresa ajena a la actividad sanitaria, sin relaciones conocidas a priori en China y sin ingresos durante el ejercicio anterior”, resultase elegida primero por el Ministerio de Transportes y, posteriormente, fuese “beneficiaria de la adjudicación de cuatro contratos por parte del Servicio Canario de Salud y otros dos contratos por el Servicio de Salud Baleares, ambas instituciones bajo dirección [entonces] de gobiernos socialistas, sin relación conocida previa de la empresa como proveedor de tales servicios sanitarios”. “Cobra más fuerza la idea de la existencia de algún tipo de interés personal por parte de algún responsable del Ministerio de Transportes en promocionar las compras de material sanitario a la ya citada empresa”, remachaba la denuncia.

Fuentes jurídicas precisan que, después de que Anticorrupción presentase la denuncia en septiembre de 2023, el caso recayó en el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Ismael Moreno. Las pesquisas indagan en presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

El juzgado ha decretado el secreto del sumario sobre las actuaciones que afectan a Koldo García, al que Ábalos fichó como chófer aunque acabó como una especie de hombre para todo. Le llegó a nombrar consejero de Renfe Mercancías en su etapa al frente del ministerio (de junio de 2018 a julio de 2021). Entonces, Ábalos compaginó su cargo en el Ejecutivo con el de secretario de organización del PSOE. En 2020, a preguntas del PP, ya tuvo que dar explicaciones en el Congreso sobre el papel de su asesor Koldo García, en aquel caso, en lo relativo al encuentro en el aeropuerto Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.