La Fiscalía pide 22 años de cárcel para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por sus vínculos con el narcotráfico

Antidroga implica por blanqueo de capitales al fallecido marido de la regidora del PP, que fue procesado antes de morir el pasado año

Entrada de la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, en una imagen de archivo.GUSTAVO VALIENTE (EUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES)

La Fiscalía Antidroga pide 22 años de cárcel para Joakim Peter Broberg, el hijastro de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (Malaga) por el PP. El ministerio público lo sitúa en la cúspide de una de las facciones que componían una compleja “organización criminal” dedicada al tráfico de marihuana y hachís, investigada por la Audiencia Nacional y en la que también se implicó por operaciones de...

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La Fiscalía Antidroga pide 22 años de cárcel para Joakim Peter Broberg, el hijastro de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella (Malaga) por el PP. El ministerio público lo sitúa en la cúspide de una de las facciones que componían una compleja “organización criminal” dedicada al tráfico de marihuana y hachís, investigada por la Audiencia Nacional y en la que también se implicó por operaciones de blanqueo a Lars Gunnar Sune Broberg, el fallecido marido de la regidora. “Joakim Peter Broberg ejerce de jefe y se ocupa de mantener los contactos con los proveedores y los clientes”, subraya la Fiscalía en su escrito de acusación, fechado el pasado 5 de octubre y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Antidroga describe una intrincada trama formada principalmente por ciudadanos suecos, con tentáculos en España y otros países. Y donde el hijastro jugó un papel destacado. Según apunta el ministerio público, Joakim Broberg participó en entregas de marihuana desde España a Francia, y contaba con un grupo de colaboradores para ejecutar sus planes fuera de la ley. “Joakim mantuvo contactos con distintos proveedores de sustancias —como el conocido con el alias de Canaryegg en [el sistema de mensajería encriptada] EncroChat—, en orden a abastecerse de sustancias procedentes de Marruecos y que llegarían en barco a España”. Antidroga apostilla que formó un auténtico “grupo criminal”, que tejió “contactos” con miembros de otras redes de narcos, y que contaba con un “gestor y financiador” (Marko Mikael Holmen) de las operaciones de tráfico de drogas.

“Holmen custodia el dinero de Joakim Broberg, quien le pide efectivo cuando lo necesita. Incluso para pagar el colegio de sus hijos”, apunta el escrito de acusación, que insiste en que su padre —el fallecido marido de la alcaldesa— participaba en las complejas operaciones de blanqueo urdidas presuntamente para lavar el dinero procedente del crimen. El ministerio público, que revela una trama societaria con compañías en paraísos fiscales, también pone bajo sospecha diversas compraventas de inmuebles, y una transacción de 20 kilos de oro que Joakim Broberg recibió en 2019 como “pago de una deuda procedente de África”.

De izquierda a derecha, las fotografías de Andres Nilsson, Ivan Cicak y Joakim Broberg, investigados también en esta causa de la Audiencia Nacional por narcotráfico.

Por todo ello, la Fiscalía atribuye al hijastro de la alcaldesa un delito de narcotráfico “cometido en el seno de una organización y ostentando la jefatura de la misma”, así como uno de blanqueo y otro de cohecho. Pide que se le condene a 22 años de cárcel y se le imponga una multa de más de 30 millones de euros.

Además, el ministerio público acusa a otras 28 personas. Entre ellos, a Rafael Gallego, un funcionario de la Policía Local de Marbella. Antidroga mantiene que este se había conchabado con el hijastro para filtrarle datos a cambio de dinero, por lo que también le atribuye un delito de cohecho —aunque pide que esta parte se envíe a la Audiencia de Málaga para que se enjuicie allí por un jurado—. “Durante el tiempo que Joakim Broberg desarrolla las actividades descritas, mantiene contactos con Gallego, que le facilita información restringida de uso exclusivamente policial, a cambio de dinero en efectivo, no pudiendo determinarse la cantidad efectivamente obtenida, dinero e información que se intercambian en encuentros personales para no dejar rastro”, dice el escrito de acusación.

Antidroga inflige así un duro golpe a Joakim Peter Broberg, nacido en Gotemburgo (Suecia) hace 51 años. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya confirmó su procesamiento en enero de 2023, cuando concluyó que existen suficientes indicios para sentarlo en el banquillo —aunque el juicio aún no tiene fecha prevista para celebrarse —, además de señalar a su padre por tres operaciones de blanqueo valoradas en 6,3 millones de euros. En ese momento, la Fiscalía ya había renunciado a presentar acusación contra el marido de la alcaldesa debido a que se encontraba muy delicado de salud. De hecho, Lars Gunnar Sune Broberg falleció finalmente en marzo de 2023, a los 79 años.

En este sumario, el ministerio público basa sus imputaciones en la larga investigación impulsada en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón. En sus resoluciones, el juez describe también la trama internacional de venta de drogas y de blanqueo de dinero a través de sociedades pantalla y operaciones inmobiliarias gestadas desde la ciudad de la Costa del Sol. Esta red criminal se encontraba supuestamente formada por “distintas ramas”. Y, según las pesquisas, Joakim Peter Broberg era el “jefe” de una de ellas; y su padre, marido de la alcaldesa de Marbella, le ayudaba a blanquear el dinero procedente de la droga. Según fuentes jurídicas, los acusados han tenido hasta este martes para presentar sus escritos de defensa.

“En la primera quincena de septiembre de 2019, [Joakim y Lars] se ponen de acuerdo [con uno de sus socios, Marko Mikael Holmen] para constituir una sociedad para poder facturar e introducir así los fondos ilícitos en el circuito lícito”, destacó García-Castellón al describir una de las operaciones de blanqueo bajo sospecha, según consta en el auto de procesamiento dictado contra ambos”. “La figura de Joakim representa un valor en los negocios para Holmen, por su conocimiento del negocio inmobiliario en la zona, y sus influencias en la ciudad de Marbella”, añadía el magistrado. Sobre ello, incidió también la Sala de lo Penal, que afirmó que el hijo mantenía contactos “fluidos” con otros presuntos traficantes.

Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella y exsenadora del PP, en diciembre de 2022 en la Cámara Alta. Kiko Huesca (EFE)

Macrooperación contra el narcotráfico

Los Broberg fueron detenidos en 2021 en el marco de una macrooperación contra el tráfico de marihuana y hachís, que se saldó con 71 arrestados. Cuando fueron capturados, Ángeles Muñoz defendió la “honorabilidad” y “trayectoria profesional” de su marido, un empresario dedicado al sector inmobiliario. Por su parte, el hijastro de la alcaldesa ha calificado de “infundadas” y “gratuitas” todas esas acusaciones. Su defensa, dirigida por la abogada Sylvia Córdoba en colaboración con el letrado Sergio Nuño Díez de la Lastra, ha reiterado su inocencia este martes en conversación con EL PAÍS: “No se ha acreditado el blanqueo, y mucho menos el narcotráfico”, insiste Córdoba.

El PSOE ha tratado de utilizar la causa de los Broberg contra Ángeles Muñoz. Un concejal socialista del Ayuntamiento malagueño intentó, incluso, personarse como acusación en la Audiencia Nacional, pero García-Castellón lo rechazó al no encontrar ningún indicio contra la regidora: “En los hechos, no se menciona a ningún cargo público que por acción u omisión pudiera tener relación con los delitos mencionados, ni se menciona tampoco la existencia de ningún destino irregular de fondos públicos. Tampoco se afirma en dichos hechos que el Ayuntamiento de Marbella haya sido utilizado para la realización de un posible blanqueo de capitales”, expuso el magistrado.

Antes de que Muñoz dejase el Senado, los socialistas pidieron igualmente a la Cámara alta que abriese un expediente a la popular para investigar su patrimonio, argumentando que había “ocultado información sumamente relevante” a las Cortes Generales y había incumplido varios principios de su Código de Conducta. Le acusaban de “falsear” datos con el objetivo, “más que probable”, de “encubrir las presuntas actividades delictivas de su entorno más cercano y ocultar el enriquecimiento ilícito fruto de dichas actividades”. Pese a todo, el PP andaluz le mostró su apoyó y repitió como candidata en las últimas elecciones municipales, cuando revalidó el cargo con mayoría absoluta.

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