Cruzada fiscal a ciegas contra la amnistía

Doce de los 15 fiscales de la sección Primera de lo Penal del Supremo echaron por tierra, sin ni siquiera examinarlo, cuatro años de trabajo de su compañero en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, un veterano de 59 años con casi dos decenios al servicio de la lucha contra el terrorismo. Carballo recurri...

Doce de los 15 fiscales de la sección Primera de lo Penal del Supremo echaron por tierra, sin ni siquiera examinarlo, cuatro años de trabajo de su compañero en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, un veterano de 59 años con casi dos decenios al servicio de la lucha contra el terrorismo. Carballo recurrió hace mes y medio la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de imputar a una docena de personas, entre ellas el expresidente catalán Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo relacionado con las protestas callejeras contra la sentencia del procés impulsadas entre septiembre y diciembre de 2019 por el movimiento Tsunami Democràtic. Los fiscales del Supremo solo analizaron la exposición razonada del juez para avalar su decisión: vieron terrorismo e indicios suficientes para considerar culpable de esas protestas a Puigdemont. Por el contrario, Carballo solo halló en los hechos analizados pruebas de un delito de desórdenes públicos agravados sin autores claros y sin rastro de culpa hacia el presidente catalán.

Los cuatro indicios que cita García-Castellón en su exposición razonada ―una reunión en Ginebra de la que ignora su contenido, dos conversaciones por WhatsApp donde se cita al expresidente y un intercambio de mensajes donde Puigdemont expresa su temor a que haya muertos en los disturbios― son calificados por Carballo como claramente insuficientes cuando no inverosímiles. Pero sus compañeros de la Fiscalía del Supremo no tuvieron en cuenta esos argumentos ni consideraron estudiar los escritos de Carballo incorporados a la causa.

Salvador Viada, uno de los 12 fiscales que votó contra el criterio de su compañero Carballo, aclaró a Carlos Alsina en Onda Cero lo ocurrido en la reunión de la Junta de Fiscales del Supremo: “Solo analizamos la exposición razonada que hace el juez. Ponemos los datos que ha obtenido el juez. Solo tenemos eso. Con eso el asunto no tiene mayor complejidad (...) Se comentó: ‘Que venga algún fiscal de la Audiencia Nacional a explicarnos el asunto’ y se rechazó ampliamente porque esta no es la idea (...)”.

Un fiscal que desempeñó altos cargos en el Tribunal Supremo considera “muy anómala” esta situación. “Recuerdo que, por ejemplo, en 2014 nos convocó el fiscal general Eduardo Torres Dulce a una junta de fiscales de sala para debatir sobre la querella que iba a presentar contra el entonces presidente de Cataluña, Artur Mas. Todos acudimos con un dosier que nos facilitaron donde estaba lo principal de la causa para que pudiéramos formarnos una opinión. Y no hace falta que lo pida nadie, lo tiene que adjuntar quien preside la junta de fiscales”. “Si cualquier alteración del orden público que tenga finalidad política es terrorismo, vamos a tener que construir bastantes cárceles en España”, añade. “Estamos sacando los pies del tiesto por razones políticas”.

El fiscal del Supremo encargado por reparto de informar sobre este asunto, Álvaro Redondo, perteneciente a la asociación conservadora de fiscales, no reclamó la documentación principal de la causa sobre la que tenía que pronunciarse, aunque se le ofreció, según explican a EL PAÍS fuentes fiscales. Se limitó a leer la exposición razonada de García-Castellón y escribir su veredicto. Primero lo hizo en un borrador, favorable a las tesis del juez instructor, que envió desde su ordenador personal a su jefe directo, Fidel Cadena. Este, a su vez, lo reenvió a tres de sus compañeros, los mismos que le acompañaron en el juicio del procés: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno.

Pero Álvaro Redondo cambió de opinión algunos días después tras, supuestamente, estudiar mejor la exposición razonada del juez y rechazó que el Supremo asumiera la competencia al entender que no había indicios suficientes de terrorismo ni tampoco contra Puigdemont. Redondo es articulista en La Razón. Sus últimas cuatro colaboraciones insistían en que la ley de amnistía que pretende aprobar la mayoría absoluta del Congreso es inconstitucional. Su cambio de criterio respecto al caso Tsunami fue interpretado por algunos compañeros en clave conspiranoica: “Redondo modificó el informe por las presiones del fiscal general, Álvaro García Ortiz”. Pero Redondo y García Ortiz lo han negado y los hechos corroborados por otros fiscales también sostienen la falsedad de esa acusación, colocada sin más contraste en diversos medios. Entonces se buscó otra explicación: “Cambió el informe porque quiere ascender a fiscal de Sala, la máxima categoría a la que se puede aspirar”, dijeron otros compañeros emboscados en el anonimato. Redondo, que está a punto de jubilarse, trasladó su indignación y negó estas insinuaciones.

A Miguel Ángel Carballo, sustituido hace muy pocos meses como teniente fiscal de la Audiencia Nacional, le llovieron acusaciones anónimas parecidas: “Lo hace porque quiere ser fiscal jefe de Ciudad Real”. Afiliado a la asociación conservadora de fiscales, Carballo es un especialista acreditado en casos de terrorismo: intervino como acusador en el juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y en otros casos vinculados a los asesinatos de ETA; desde 2006 se encarga en la Audiencia Nacional de asuntos relacionados con el fundamentalismo islámico; investigó una parte de los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid y de los de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Elegido en 2017 teniente fiscal de la Audiencia Nacional, se afanó desde entonces contra los culpables del ilegal proceso independentista en Cataluña. El 2 de noviembre de 2017 pidió a la juez Carmen Lamela que dictase la orden de busca y captura nacional e internacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus consejeros, todos ellos huidos de la justicia. También firmó ese mismo día la petición de cárcel para el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros siete miembros del Gobierno de Cataluña. Investigó después a la cúpula de los Mossos por su colaboración con el proceso independentista que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre y acusó de rebelión al mayor José Luis Trapero, absuelto finalmente en el juicio. Hace menos de tres meses, Carballo acusó y pidió entre 7 y 28 años de cárcel para 12 miembros de los comités de defensa de la república (CDR) por preparar atentados con explosivos para lograr la independencia de Cataluña. A la vez que firmaba ese escrito, redactaba un extenso recurso de 36 folios donde intentaba desmontar uno a uno los supuestos indicios que han llevado al juez Manuel García-Castellón a implicar a 12 personas, Puigdemont entre ellas, en un delito de terrorismo vinculado a las movilizaciones impulsadas por el movimiento Tsunami Democràtic entre septiembre y diciembre de 2019 para protestar contra la sentencia del procés.

Pese a esto, 12 fiscales de la sección Penal Primera votaron a favor de investigar en el Supremo a Puigdemont por un delito de terrorismo. “Lo ocurrido es una mezcla de afán de venganza de algunos porque no les han ascendido y quieren castigar al fiscal general; el sectarismo de otros y el deseo de muchos de cargarse la ley de amnistía”, explica un fiscal progresista con galones. “Para combatir el despropósito legislativo en el que se ha metido el Gobierno con una norma escandalosa y enmendada ya varias veces, que pretende amnistiar lo que no se puede amnistiar, se ha incurrido en el despropósito de tomar decisiones judiciales disparatadas en relación con los hechos que se juzgan y que afectarán, si se aprueba, a la aplicación de la futura ley de amnistía”, admite un magistrado.

Salvador Viada, uno de los 12 fiscales que apoyan investigar por terrorismo a Puigdemont, cree que en esa decisión mayoritaria no influye la política y a continuación explicó en Onda Cero su posición respecto a la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso: “Cuando desde el poder legislativo se producen conductas que confrontar de manera radical y sin precedentes con la interpretación de las reglas jurídicas, pues hay que decirlo, esto no es así, no se puede hacer, hay que decirlo. Se están produciendo cosas; no es que estemos en guerra, pero nos ponen en el disparadero. Plata o plomo. No puede ser”.