Vox acentúa su radicalismo y vota contra la reforma constitucional

Lo que no se había logrado en cinco años quedó resuelto en menos de 48 horas, por el trámite de urgencia y el procedimiento sumarísimo de lectura única. “Es un gran día para nuestra democracia, saldamos una deuda moral con cuatro millones de conciudadanos”, proclamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cerrar el debate. El Congreso, instalado temporalmente en el Senado por obras en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, dio este jueves su aprobación definitiva ...

Lo que no se había logrado en cinco años quedó resuelto en menos de 48 horas, por el trámite de urgencia y el procedimiento sumarísimo de lectura única. “Es un gran día para nuestra democracia, saldamos una deuda moral con cuatro millones de conciudadanos”, proclamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cerrar el debate. El Congreso, instalado temporalmente en el Senado por obras en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, dio este jueves su aprobación definitiva a la tercera reforma de la Constitución de 1978, que retoca su artículo 49 para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Palabras como dignidad o justicia se escucharon en boca de los oradores más variopintos e irreconciliables, de los navarros de UPN a los abertzales de EH Bildu, de Esquerra Republicana al PP. Solo una fuerza política se mantuvo al margen: aquella que protesta airadamente cada vez que la califican de extrema derecha.

Vox, que ya el martes se había abstenido en la toma en consideración del proyecto, dio un paso más y acabó votando en contra, con ataques incluidos al PP, su socio en comunidades autónomas y ayuntamientos. La diputada ultra Lourdes Méndez Monasterio agitó la enmienda a la totalidad que los populares presentaron en septiembre de 2021, en el mandato de Pablo Casado, ante una iniciativa semejante del Gobierno. Entonces el PP se negaba en redondo al menor cambio en el texto constitucional. “Una prueba de su incoherencia y su vileza política”, atacó Méndez Monasterio.

La extrema derecha se declaró favorable al fondo de la reforma, la retirada del término disminuidos, pero se agarró a argumentos parecidos a los que habían esgrimido los populares hace dos años: “Si se abre el edificio constitucional a una reforma puntual, puede abocar a intentos de voladura de toda la arquitectura institucional”. Eso, y la voluntad de no llegar a ningún acuerdo que sirva para “blanquear” a Sánchez. Al final del pleno, en una declaración sin preguntas para glosar el acuerdo alcanzado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sin citar a Vox, se limitó a “lamentar” que algunos no comprendan su apuesta por “mejorar” las instituciones.

El Gobierno de Sánchez había emprendido en julio de 2018 los primeros pasos para una reforma que los colectivos de afectados —que de nuevo coparon con gestos de gran emoción la tribuna de invitados— llevaban dos décadas reclamando. Las reticencias del PP fueron retrasando la iniciativa, tanto que varios portavoces, incluido el propio Sánchez, pidieron disculpas porque este reconocimiento “llega tarde”. Después de esa larga espera, el proyecto ha acabado concretándose a la velocidad máxima que permite el trámite legislativo: el pleno lo tomó en consideración el martes, la Mesa rechazó al día siguiente las escasas enmiendas presentadas y este jueves el Congreso le dio el visto bueno definitivo con 312 votos a favor y 32 en contra, superando el requisito de los tres quintos de la Cámara que se exige para las reformas constitucionales. Ahora solo falta el sí del Senado para que la modificación constitucional quede consagrada.

El intento del PNV

Ese trámite exprés incomodó a algunos grupos, muy singularmente al PNV. Las demás formaciones nacionalistas aprovecharon el debate para reclamar reformas de mayor calado de la Constitución, pero ninguna presentó enmiendas con asuntos ajenos a lo que se proponía por “respeto” a los colectivos afectados, según resaltaron portavoces como Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, o Néstor Rego, del BNG. El PNV sí lo hizo. Sus 11 enmiendas planteaban cambios constitucionales de gran profundidad como el reconocimiento del “derecho a decidir” de los vascos o la derogación de la inviolabilidad del Rey. También Sumar, a iniciativa de Compromís, propuso otra cuestión al margen, el reconocimiento constitucional del derecho civil valenciano. Y, por petición de los baleares de Mès, que se otorgase a Formentera el derecho a elegir un senador. La Mesa, con los votos de PP y PSOE, ni siquiera consintió que las enmiendas se sometiesen a debate, alegando que no se atenían estrictamente al tema planteado.

Mikel Legarda, del PNV, dejó patente el fuerte malestar de su grupo al acusar a PP y PSOE de cometer un “atropello antidemocrático” y someter a las demás fuerzas políticas a un “contrato de adhesión”. Esa actitud le valió el reproche, aun en términos amables, de su gran competidor entre el nacionalismo vasco, EH Bildu. Mertxe Aizpurua defendió que esta reforma no era el marco adecuado para reivindicar el “reconocimiento nacional” de Euskadi y que cualquier iniciativa en ese sentido debería plantearse antes en las instituciones autonómicas.

Como ya sucedió el martes, en el debate intervinieron algunos diputados que se confesaron miembros del colectivo de personas discapacitadas. Fue el caso de Vicenç Vidal, de Sumar, quien concluyó así: “Han tenido que pasar 20 años para que la Constitución deje de insultarme y de decirme que soy menos válido que otras personas”.