Ninguna comunidad, salvo el País Vasco, pide las competencias de migración que Junts ha acordado con el Gobierno para Cataluña

El acuerdo para que la Generalitat reciba las competencias en política migratoria alcanzado in extremis este miércoles entre el Gobierno y Junts a cambio de la abstención de los nacionalistas catalanes en el superpleno del Congreso para convalidar tres decretos leyes ha suscitado el rechazo casi unánime del resto de comunidades autónomas, que descartan solicitar la misma competencia. Tan solo el Pa...

El acuerdo para que la Generalitat reciba las competencias en política migratoria alcanzado in extremis este miércoles entre el Gobierno y Junts a cambio de la abstención de los nacionalistas catalanes en el superpleno del Congreso para convalidar tres decretos leyes ha suscitado el rechazo casi unánime del resto de comunidades autónomas, que descartan solicitar la misma competencia. Tan solo el País Vasco, gobernado por el PNV, exige el traspaso —aún pendiente de conocerse los detalles— de esa materia en la misma medida en que se le conceda a Cataluña. Estas son las reacciones y la postura de los distintos territorios al anuncio de la transferencia.

Andalucía. La Junta de Andalucía (PP) nunca se ha planteado pedir la cesión de la política migratoria al Gobierno y tampoco prevé solicitarla. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno considera que las competencias deben permanecer en manos del Gobierno central. “Es un asunto de seguridad cuyas competencias son estatales y deben seguir siéndolas. No queremos una policía de frontera en cada territorio”, zanjan al respecto fuentes de la Junta andaluza. Andalucía gestiona la tramitación de autorizaciones iniciales de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en su territorio, una prerrogativa autonómica que también opera en Cataluña. El Estatuto de autonomía señala que la comunidad participará en las decisiones del Estado sobre la fijación del contingente de trabajadores extranjeros, informa Javier Martín-Arroyo.

Aragón. El presidente de la comunidad aragonesa, el popular Jorge Azcón, ha calificado este jueves de “extorsión del Gobierno de Sánchez” el acuerdo del Ejecutivo con Junts y ha anunciado “una batería de recursos para defender jurídicamente los intereses de Aragón”. Azcón se ha expresado especialmente molesto por la transferencia en materia de inmigración. “Tenemos que saber si ahora es Cataluña quien va a decidir unilateralmente si acoge inmigrantes o si tenemos que asumir nosotros los inmigrantes que les puedan corresponder a otras comunidades como a Cataluña”. En este asunto, en Aragón, comunidad fronteriza con Cataluña, llueve sobre mojado, ya que el Gobierno de PP y Vox ya expresó su disgusto por la forma en la que el Ejecutivo central transfirió a la comunidad 650 migrantes de los llegados a Canarias desde el pasado mes de noviembre. El Ejecutivo aragonés criticó entonces la falta de información y de financiación del ministerio en esta materia, especialmente cuando parte de este contingente, 84, se autodeclararon menores de edad, lo que supone un mayor coste para la comunidad por ser competente entonces en su acogida y educación.

Las competencias de Aragón en materia de inmigración son reducidas. El Estatuto de Autonomía solo recoge, a través de Ley Orgánica (5/2007) la obligación de promover políticas para la integración socioeconómica de las personas de origen extranjero, la efectividad de sus derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y la participación en la vida pública. A través del empadronamiento, los extranjeros no comunitarios también pueden acceder a la atención sanitaria de la comunidad autónoma, pero el resto depende del Estado a través de la Delegación del Gobierno. Solo los menores extranjeros no acompañados son competencia directa de Aragón, que, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, se encarga de su tutela hasta que cumplen 21 años, informa Eva Pérez Sorribes.

Asturias. El Gobierno asturiano no se ha pronunciado al respecto este jueves, informa Juan Navarro.

Baleares. El Ejecutivo balear quiere que la competencia siga en manos del Estado. “Pensamos que la gestión migratoria requiere una coordinación y un volumen de recursos, que lo más adecuado es que sea una competencia del Estado, sin perjuicio de que las decisiones deban buscar el máximo consenso y participación de las comunidades autónomas, además de coordinación con la Unión Europea”, señala a EL PAÍS la presidenta de Baleares, la popular Marga Prohens, que se opone a la cesión y alude a la gestión de las fronteras. “Pensamos que no es de recibo trocear la gestión de nuestras fronteras y menos aún que haya comunidades que puedan decidir cuestiones que tengan repercusiones en el resto de comunidades autónomas en esta materia”, lamenta la jefa del Ejecutivo, informa José M. Abad.

Canarias. La comunidad insular reclama una “reunión urgente” de la comisión sectorial de la inmigración para poder “abordar la letra pequeña” del pacto acordado, según ha reclamado este jueves el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, en declaraciones ante los medios tras el Consejo de Gobierno. “Como comprenderán, en una comunidad autónoma donde este tema es más importante que en ningún otro punto del territorio español, y probablemente más importante que en ningún otro punto del territorio europeo, es fundamental que sepamos qué tipos de acuerdo se están adoptando”. Cabello ha explicado que el Gobierno autonómico (formado por una alianza entre Coalición Canaria y Partido Popular) ha asistido “con cierto grado de preocupación lo acontecido” el miércoles en el Senado. “Este no es el contexto donde se debe de abordar este tipo de acuerdos”.

Respecto a la posibilidad de reclamar para Canarias lo acordado con Junts en Catalunya, Cabello ha eludido dar una respuesta hasta no conocer al detalle el contenido. “Parece ser, se está hablando, hemos oído en los medios… No tenemos información”, ha recalcado al respecto el portavoz.. Y concluyó: “Entendemos que un acuerdo bilateral entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez no puede condenar la situación de la inmigración en Canarias y que la respuesta ha de ser unitaria en el Estado y en La Unión Europea”.

Canarias cerró 2023 con aproximadamente 40.000 personas llegadas a sus costas, lo que lo hace el año más activo en esta ruta desde que se abrió en 1994. “Siete de cada diez inmigrantes que llegaron a territorio español lo hicieron a esta comunidad autónoma”. Preocupa en el Ejecutivo, sobre todo, la situación de los aproximadamente 4.500 menores migrantes ni acompañados que tutela. En este sentido, el Gobierno de Canarias pretende enviar la próxima semana al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, una propuesta de modificación legislativa que persigue que esta tutela “pueda ser distribuida de una manera corresponsable por todo el territorio español”. Este es, de hecho, uno de los puntos que recoge el acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y Coalición Canaria. El portavoz ha añadido que la consejera de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, tiene previsto reunirse este viernes con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, tras varios intentos infructuosos con su predecesora, Ione Belarra, informa Guillermo Vega.

Cantabria. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP) ha rechazado cada una de las, a su juicio, “graves prebendas” concedidas por Pedro Sánchez a los independentistas catalanes, que suponen “trocear la competencia en inmigración en un país que es frontera de la Unión Europea, balanzas fiscales para intoxicar el debate de la financiación autonómica o agravios intolerables en transportes”, entre otras cuestiones, informa Juan Navarro.

Castilla-La Mancha. El presidente de la comunidad, el socialista Emiliano García-Page, se ha mostrado muy crítico con la el anuncio. “¿Cómo voy a estar yo tranquilo como español en que alguien como Puigdemont tenga las competencias en inmigración cuando él a mí me quiere considerar un extranjero?”, ha señalado este viernes. “Ningun Estado que se precie de serlo puede renunciar a la política de fronteras. La soberanía radica precisamente en eso”, ha destacado.

Castilla y León. Fuentes de la Junta de Castilla y León (gobernada por PP y Vox) destacan que la Junta “no lo ha pedido ni lo pedirá, porque es una competencia que tiene y debe tener el Estado”. Asimismo, añaden que “desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sí han mostrado su malestar cuando el Estado no ha comunicado la llegada de migrantes a la Comunidad, ya que es necesario coordinar su atención por ejemplo a nivel sanitario o social si fuera necesario”, informa Juan Navarro.

Extremadura. El Gobierno de Extremadura, presidido por el PP con apoyo de Vox, “no ha pedido ni va a pedir” la competencia de migración, ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista. El Ejecutivo entiende que “la política de inmigración no se puede trocear, no es una cuestión de gestión, es un concepto de política de Estado”. “Los flujos migratorios tienen que ver con terceros países y la política exterior es y debe seguir siendo competencia del Gobierno nacional, sin posibilidad de delegación”, señala a EL PAÍS el consejero, que considera que la cesión a una comunidad “supone ir hacia otra configuración del Estado” y “es un paso hacia esa plurinacionalidad que el propio Sánchez ha venido defendiendo, y eso es un avance decidido en el cambio de modelo de nuestro país”. Bautista entiende que el Gobierno de la Generalitat está trabajando “en demostrar al exterior que quiere ser independiente, puede ser independiente y le dejan ser cada vez más independiente, pero todo ello sin contar con el resto de España”. El consejero lamenta que “nadie” le ha preguntado a las comunidades autónomas: “Tenemos mucho que decir sobre esa postura”. Informa José M. Abad.

Galicia. El Departamento de Política Social del Ejecutivo gallego no se ha pronunciado al respecto tras ser consultado por EL PAÍS.

La Rioja. El Gobierno autonómico riojano prefiere “no pronunciarse” sobre esta cuestión. Fuentes del ejecutivo regional no han aclarado si está previsto reivindicar la delegación de esta competencia, siguiendo la senda de Cataluña, o permanecer como hasta la fecha, cuando impera la colaboración con el Ministerio de Migraciones. La comunidad menos poblada en España (323.377 habitantes) es una de las regiones con mayor peso del colectivo inmigrante, con 57.325 personas, lo que supone el 17,7% de la población. El nuevo Ejecutivo del PP ha frenado la construcción de un centro para refugiados previsto en Logroño tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, informa Víctor Espuelas.

Comunidad de Madrid. Fuentes del Ejecutivo autonómico señalan que no es posible “hablar en serio” sobre la cuestión de la competencia hasta que no se sepa el contenido del compromiso alcanzado con más exactitud. Este jueves, la presidenta de la comunidad, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de que se fabrique “de facto (...) una nación” porque eso “es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración”. Lo considera una “quimera” que se pagará “con el dinero de todos los españoles”. Ayuso cree que las cesiones a Cataluña dan una imagen de país “extorsionado” y se ha preguntado si se van a ceder también las competencias en fronteras.

Murcia. El Gobierno de la Región de Murcia considera que “la inmigración es una competencia estatal y así debe seguir siéndolo” por lo que, según insisten fuentes del Ejecutivo, están “absolutamente en contra de la cesión de unas competencias que deben seguir en mano del Estado y coordinadas por el Gobierno de España”. El Gobierno del popular Fernando López Miras ha exigido que se reúna la Conferencia Sectorial de Inmigración “con carácter de urgencia” para que el Ejecutivo central “explique el alcance de la cesión de esta competencia” y las consecuencias que va a tener respecto al resto de las comunidades autónomas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proceso de acogida de los inmigrantes llegados a Canarias, informa Virginia Vadillo.

Navarra. El departamento de Políticas Migratorias de Navarra no había planteado nunca esta cuestión y tampoco la tenía en agenda. Tras el acuerdo con Junts, no han decidido qué pasos dar a partir de ahora. Por el momento se van a limitar a informarse sobre el contenido del pacto. Lo que sí habían planteado era la transferencia de la gestión de los programas de asilo y refugio, pero es un ámbito que “de momento, es competencia exclusiva del Estado”, informa Amaia Otazu.

País Vasco. Euskadi es la única autonomía que ha reivindicado competencias en materia migratoria. Actualmente, el PNV negocia con el Gobierno el traspaso de la competencia de la última fase de acogida de los solicitantes de asilo. En esta etapa, los refugiados viven de forma más o menos independiente en viviendas y se preparan para una autonomía total. Se trata de una cesión modesta, pero tras conocer el acuerdo con Junts, fuentes del Gobierno Vasco han asegurado que si el Gobierno de Pedro Sánchez concediese una transferencia “total” en materia de inmigración a Cataluña, “Euskadi también la reclamaría de forma inmediata”. Preguntado por el tema, el lehendakari Iñigo Urkullu ha urgido este jueves al Gobierno a que cumpla su promesa. “Estamos en un periodo precisamente en el que ha de plasmarse ya uno de los compromisos por parte del PSOE”, ha dicho, informa María Martín. El PNV viene pidiendo la transferencia de la competencia de Inmigración desde la anterior legislatura. Los nacionalistas pidieron las funciones y servicios de acogida, la atención sociosanitaria y orientación de los inmigrantes y la política de integración social, económica, lingüística y cultural. Además, solicitan la ejecución de la legislación laboral en materia de autorizaciones de trabajo, incluida la inspección y sanción, informa José M. Abad.

Comunidad Valenciana. El Gobierno valenciano, que preside el popular Carlos Mazón con apoyo de Vox, entiende que las competencias sobre inmigración no pueden trocearse. De momento, lo que exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez es que explique el alcance de la decisión de trasladarlas a Cataluña. “La política migratoria es una cuestión de Estado y debe ser tratada como tal y no estar al albur de las decisiones caprichosas del Gobierno de Sánchez. La política migratoria no puede ser moneda de cambio por los intereses del Gobierno”, señalan fuentes del Ejecutivo valenciano, informa Cristina Vázquez.