Dos de cada tres españoles abogan por introducir cambios en la Constitución

En su 45º aniversario, y a pesar de todos los avatares de los últimos años, la Constitución todavía goza de un alto aprecio entre los españoles. Más de dos de cada tres se muestran satisfechos de cómo ha contribuido a organizar la vida pública en el país. Eso no impide que un porcentaje muy similar abogue por introducir algunas reformas en la Ley Fundamental, empezando por suprimir la preferencia del varón en la línea sucesoria de la Jefatura del Estado. O incluso, aunque en cifras sensiblemente me...

En su 45º aniversario, y a pesar de todos los avatares de los últimos años, la Constitución todavía goza de un alto aprecio entre los españoles. Más de dos de cada tres se muestran satisfechos de cómo ha contribuido a organizar la vida pública en el país. Eso no impide que un porcentaje muy similar abogue por introducir algunas reformas en la Ley Fundamental, empezando por suprimir la preferencia del varón en la línea sucesoria de la Jefatura del Estado. O incluso, aunque en cifras sensiblemente menores, para reconocer la “plurinacionalidad” de España. Son algunos de los aspectos más llamativos de la encuesta sobre la vigencia de la Constitución incluida en el barómetro de diciembre de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, cuyos datos internos pueden consultarse en abierto aquí.

Las buenas valoraciones de la Constitución superan a las negativas en todas las comunidades autónomas, a pesar de que los índices se reducen en los territorios con fuerte sentimiento nacionalista. El porcentaje de satisfacción se sitúa en torno al 75% de los encuestados por 40dB., con ligeras oscilaciones arriba o abajo, en Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Comunidad Valenciana. En el País Vasco desciende hasta un 55% y en Cataluña hasta un 48%. Aun así, los catalanes que valoran las aportaciones a la democracia de la Ley Fundamental superan muy ampliamente a los que las reprueban —cerca del 18%—, mientras que un 28% afirma que su legado no es “ni positivo ni negativo”.

Desde hace tiempo, los partidos de la derecha se han erigido en baluartes del “constitucionalismo” y acusan a la izquierda de abandonar la defensa del marco legal vigente por sus pactos con los nacionalistas periféricos. Esa división que trazan PP y Vox no se corresponde en absoluto con las opiniones expresadas por los votantes. Si se segmentan las respuestas de los 2.000 encuestados por 40dB. según simpatías partidistas, se advierte que, más allá de algunas diferencias, el aprecio por lo que ha supuesto la Constitución también es transversal visto desde esta perspectiva. La aprobación de lo que ha supuesto el marco legal inaugurado en 1978 alcanza al 85% de los votantes del PP, el 78% de los del PSOE, el 67% de Sumar y el 64% de Vox. Solo los simpatizantes de las formaciones nacionalistas periféricas se separan de la línea general, aunque siguen ganando las impresiones favorables, con un 37% de apoyo, mientras casi un 30% dice que el balance no ha sido ni positivo ni negativo y casi un 28% emite una opinión contraria.

Todo esto no impide que sean también mayoría los españoles que abogan por introducir cambios en la Ley Fundamental sin entrar en modificaciones drásticas. Solo un 20% apuesta por el inmovilismo total, frente a un 41% partidario de “reformarla ligeramente”, un 22% “profundamente” y un 8% que desearía elaborar de cero un nuevo marco constitucional. En este punto sí que se observan más diferencias entre los electorados. Los del PP y Vox están divididos ante la hipótesis de dejar todo como está o hacer retoques. Los del PSOE se manifiestan muy mayoritariamente por la reforma “ligera” (el 56%) y los de Sumar por la “profunda” (43%)

Los porcentajes de los partidarios de las modificaciones se disparan entre los votantes nacionalistas. Uno de cada cuatro propugna confeccionar una nueva Constitución. En coherencia con esto, las opiniones reformistas e incluso rupturistas se multiplican entre los entrevistados en Cataluña y el País Vasco.

Los investigadores de 40dB. ofrecieron a los encuestados un menú de cinco posibles reformas de la Constitución. Las que suscitan un mayor apoyo son la que suprimiría la preferencia masculina en la línea sucesoria de la Corona (casi un 60%) y la que convertiría el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial (la mitad). Aunque el mayor número de partidarios se concentra entre los votantes de la izquierda, las opiniones favorables sobre ambas cuestiones superan a las contrarias entre los electorados de todos los partidos. Hasta los de Vox, partidarios de suprimir el Estado de las autonomías, se decantan levemente a favor del carácter territorial del Senado.

Más divididos se muestran los encuestados ante otras dos posibles reformas. Los partidarios de “profundizar el carácter federal del Estado reconociendo su plurinacionalidad” ganan a los opuestos a tal medida, 46,7% a 38,1%. Otra propuesta planteada, la de “abrir la posibilidad de una consulta sobre la pertenencia a España de las distintas comunidades autónomas”, cosecha por una pequeña diferencia más negativas que aprobaciones: 46,2% contra 43,1%. En ambos casos existe una diferencia muy marcada entre los votantes de la izquierda, a favor de esas reformas, y los de la derecha, claramente contrarios. También hay diferencias apreciables por territorios: Madrid rechaza la plurinacionalidad, mientras las consultas autonómicas solo reciben respaldo mayoritario en Cataluña y País Vasco.

La última de las propuestas sugeridas por los encuestadores es la de suprimir las autonomías y obtiene un resultado rotundo: la rechazan dos de cada tres entrevistados. Ninguno de los electorados de los partidos, salvo el de Vox, ni de las comunidades autónomas se suma a la idea.

La satisfacción general con lo que han supuesto estos 45 años de régimen constitucional no impide que la encuesta haga aflorar algunas opiniones críticas. Por ejemplo, los entrevistados (58,5%) muestran su desagrado con que la norma fundamental sea “rígida y difícil de reformar”, un aspecto que, sin embargo, complace a una mayoría de votantes de los dos partidos de la derecha. Los encuestadores preguntan además por el cumplimiento de tres de los objetivos que figuraban en la génesis de la Constitución: la protección de los derechos de los ciudadanos, la regulación del funcionamiento de la democracia y la organización territorial. Y solo en el primero los aprobados superan el 50%. En los otros dos, la suma de los que creen que esas cuestiones se han resuelto “regular”, “mal” o “muy mal” supera a las valoraciones favorables.

En este punto las diferencias según simpatías políticas no se producen tanto entre derecha e izquierda como entre el viejo bipartidismo y las nuevas formaciones. Los encuestados que consideran cumplidos los objetivos reseñados son en una amplia mayoría votantes del PP y del PSOE, con escasas diferencias entre ellos. Por territorios, se confirma lo previsible. La actual organización territorial del Estado, por ejemplo, recibe el apoyo de casi la mitad de los madrileños frente al 38% de los vascos y al 30% de los catalanes.

Diversos datos de la encuesta ofrecen un cuadro de descontento con el sistema territorial, en el que se mezclan las opiniones de quienes lo consideran insuficiente y quienes creen que ha ido demasiado lejos. Así, cuando se pregunta por el grado de acuerdo con el Estado descentralizado que consagra la Constitución, las opiniones están casi empatadas: 44,4% a favor y 43,3% en contra. Dos de cada tres comparten que la Ley Fundamental consagre la cooficialidad de las lenguas autonómicas y un 57% que España sea un Estado aconfesional. Sobre estas dos últimas cuestiones, solo los votantes de Vox se manifiestan contrarios.