Un alto cargo no quiere declarar en el juicio de Camps y cuenta cómo lo utilizaron para defender al Govern del PP

El juicio contra Francisco Camps por su presunta implicación en el caso Gürtel, que se reanudará este martes tras dos meses de parón, ha deparado otra sorpresa. Un alto cargo de la Generalitat Valenciana de la época del exjefe del Ejecutivo regional, que dependía “orgánicamente” de la propia Presidencia, ha enviado un contundente escrito a la Audiencia Nacional donde describe cómo le utilizaron para elaborar un contrainforme que exonerara a l...

El juicio contra Francisco Camps por su presunta implicación en el caso Gürtel, que se reanudará este martes tras dos meses de parón, ha deparado otra sorpresa. Un alto cargo de la Generalitat Valenciana de la época del exjefe del Ejecutivo regional, que dependía “orgánicamente” de la propia Presidencia, ha enviado un contundente escrito a la Audiencia Nacional donde describe cómo le utilizaron para elaborar un contrainforme que exonerara a la Administración del PP de las irregularidades que le atribuían los investigadores, que acorralaban en 2010 al Govern por la adjudicación de contratos a la trama de Francisco Correa. En ese documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, el funcionario insiste en que no quiere declarar en la vista —varias defensas pretenden usar su testimonio a su favor— y admite que elaboró su análisis sin tener acceso a los “contratos” a los que se refería y sin saber que acabaría incluido en el sumario.

Jesús Emilio Torrejón Puchol, quien fuera director general de la Abogacía General de la Generalitat en la etapa de Camps, firma este escrito de cinco páginas, donde detalla la maniobra que activó el Gobierno del PP. El tribunal ha citado a Torrejón a declarar como perito el próximo 25 de septiembre, después de que los letrados de varios acusados hayan presentado como prueba exculpatoria el informe que él elaboró. Sin embargo, el funcionario insiste en que su análisis no debería tenerse en cuenta, “al menos como perito”, ya que su “inclusión o exhibición en este proceso busca de forma indirecta defender la posición jurídica de los investigados”. Incluso, el ex alto cargo pide a los magistrados que “se retire formalmente” del sumario este contrainforme que confeccionó a favor de la Administración valenciana.

En su escrito, Torrejón detalla al tribunal todo lo ocurrido en 2010 y pone en duda la “imparcialidad” del documento que él mismo elaboró. Según cuenta, los medios de comunicación publicaron en aquella época el contenido de un informe elaborado por los investigadores —“creo recordar que era de la UDEF [Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional]”, apunta el ex director general—, “que ponía en entredicho la celebración de una serie de contratos (bastantes de ellos, contratos menores celebrados por distintos departamentos)” entre el Gobierno autonómico y las empresas de la trama Gürtel. Él era entonces director general de la Abogacía de la Generalitat: “Y recuerdo que, desde el entorno de Presidencia, se pretendió dar una respuesta contundente al contenido de dicho informe, ya que del mismo se derivaba (según se me transmitió) una mala imagen de la institución que dañaba su reputación”.

Por ello, continúa Torrejón, el Ejecutivo de Camps “sustituyó” la tradicional rueda de prensa de los viernes del Consell por otra protagonizada por la “abogada general de la Generalitat (mi superior jerárquica) y el interventor general, en la que expusieron su malestar (hablaban en nombre de la institución) por el contenido de dicho informe (habló esencialmente, la abogada general)”. En una comparecencia celebrada el 30 de abril, estos calificaron de “tendencioso” el informe de los investigadores que había salido a la luz, firmado por la unidad de auxilio judicial. “Y se indicó que desde la Generalitat se daría una respuesta en favor de la legalidad de la actuación de la Administración”, puntualiza el ex director general, que cuenta cómo la abogada general le “citó en su despacho” de inmediato y le encargó que “realizara un informe para analizar” el otro, “y dar una respuesta jurídica a sus planteamientos, siempre que ello fuera posible”.

Torrejón añade que, entonces, se le facilitó solo “una copia” del documento que debía contradecir y, “durante el fin de semana”, confeccionó su contrainforme: “Evidentemente, este documento fue realizado desde una perspectiva de defensa de la actuación de la Administración. Y quiero señalar que, para su elaboración, no tuve acceso a la documentación de ninguno de los contratos o expedientes cuestionados”, incide el funcionario, que denuncia que sus superiores nunca le dijeron que su objetivo era “enviarlo a la Audiencia Nacional ni a ningún otro órgano jurisdiccional”: “Fue remitido al sumario en contra de mi voluntad y criterio”. “La única finalidad de su emisión fue exclusivamente proporcionar a la abogada general —y a la institución— una serie de argumentos jurídicos para dar una respuesta de esta naturaleza a las informaciones que [se publicaron]”, se defiende.

“No se trataba de un asesoramiento ordinario, ni tampoco de un informe a incorporar en un expediente administrativo común”, ahonda Torrejón en el escrito remitido ahora al tribunal, fechado este 12 de septiembre. Y remacha: “Parece evidente que mi presencia en este proceso, defendiendo el informe que realicé, pretende esencialmente colaborar en la defensa de la posición jurídica de las personas investigadas” —“[Y la ley] impide que los abogados de la Generalitat defendamos a autoridades investigadas por los delitos indicados”, arguye como excusa para anular su citación—. Como recuerda el ex director general, “durante la etapa en la que aparentemente se produjeron los hechos” ahora enjuiciados, él “tenía una adscripción orgánica directa con la Presidencia de la Generalitat”, encabezada por Camps desde 2003 a 2011.

Torrejón firmó un contrainforme el 3 de mayo de 2010, en el que acusaba a la unidad de auxilio judicial de “falta de rigor” y de un “alto grado de subjetividad”, que “resulta intolerable desde la seriedad con la que se supone debiera de abordarse una tarea tan delicada”. Este documento elaborado ad hoc por la entonces Abogacía de la Generalitat afirmaba igualmente que, entre otras cuestiones, los investigadores se basaban “en meras presunciones” sin “sustento documental”, y les atribuía una “obsesión con el fraccionamiento de contratos o la duplicidad de pagos que nunca ha quedado acreditada”. Solo dos días después (el 5 de mayo de 2010), la Administración valenciana le enviaba a la justicia este contradocumento, “donde se rebaten todas y cada una de las consideraciones empleadas por la precitada unidad”.

Nulo valor del contrainforme

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, tras recibir el escrito de Torrejón, al menos dos acusados se han opuesto a que el ex director general no comparezca finalmente como perito en el juicio: Manuel Cervera, exconsejero de Sanidad, y Rafael Peset, antiguo subsecretario del mismo departamento. Las acusaciones ya manifestaron en su día el nulo valor que tenía el contrainforme elaborado por el ex director general de la Abogacía General de la Generalitat.

La Audiencia Nacional contempla retomar este martes el juicio contra Camps y otras 25 personas. El tribunal ha previsto reanudar la vista con la declaración de nuevos testigos —ya han comparecido 109 en las 31 sesiones que acumula el proceso— y con los primeros interrogatorios a peritos y policías. Para esta semana se encuentran citados varios agentes: entre ellos, el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel. Y para la próxima semana, según el calendario de la Audiencia, el propio Torrejón Puchol y un perito de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado).