El Constitucional aplaza un debate sobre el bloqueo del Poder Judicial para no interferir en la campaña del 23-J

El Tribunal Constitucional ha aplazado la tramitación de un recurso contra el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para no interferir en la campaña de las elecciones del próximo 23 de julio. La decisión se ha tomado este lunes en la Sala Primera del tribunal, que tenía previsto admitir a trámite la solicitud de amparo pero finalmente ha decidido posponerla. El recurso fue presentado por seis jueces que ya en 2021 acudieron al órgano de garantías para que impulsara dicha renovación, ...

El Tribunal Constitucional ha aplazado la tramitación de un recurso contra el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para no interferir en la campaña de las elecciones del próximo 23 de julio. La decisión se ha tomado este lunes en la Sala Primera del tribunal, que tenía previsto admitir a trámite la solicitud de amparo pero finalmente ha decidido posponerla. El recurso fue presentado por seis jueces que ya en 2021 acudieron al órgano de garantías para que impulsara dicha renovación, pendiente desde diciembre de 2018. En aquel momento, el Constitucional rechazó la petición alegando que se había presentado fuera de plazo. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el mes pasado a España por no haber admitido a trámite ese recurso, y ahora el Constitucional debe decidir qué hace. La decisión, no obstante, se producirá ya después del 23-J.

A la vista del fallo del Tribunal de Estrasburgo, el Constitucional tenía preparado un proyecto de resolución en el que volvía sobre sus pasos y admitía a trámite el recurso de los seis magistrados. Pero tres magistrados del sector conservador del tribunal —Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel— enviaron una carta al presidente, Cándido Conde-Pumpido, solicitando que el órgano de garantías se abstuviera de tomar cualquier decisión sobre el bloqueo del Poder Judicial durante el actual período electoral, al no existir, además, “razones de urgencia”.

A juicio de los citados magistrados, es mejor esperar por si el Estado español recurre la decisión del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos y la primera sentencia es revocada. De hecho, en la carta se preguntan “si no sería conveniente” que el propio Constitucional “solicitase al Ministerio de Justicia que instruyese oportunamente a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que interpusiese ante la Gran Sala el recurso”.

“Es igualmente notorio que es práctica consolidada de este tribunal no interferir en los procesos electorales en curso con la deliberación de asuntos que pudieran tener incidencia en tales procesos”, añadía la misiva, que remarcaba que “pocas dudas pueden caber de que este es precisamente uno de esos asuntos con incidencia más que evidente en la vida política, a la vista de las distintas posturas mantenidas reiteradamente por los partidos y los grupos con representación parlamentaria”.

En su reunión de este lunes, la Sala Primera ha dedicado más de una hora a esta cuestión, y finalmente se ha optado por posponer el debate sobre el recurso. Si se hubiera sometido a votación, lo previsible es que se hubiera producido un empate, ya que en este momento la Sala está compuesta por cinco magistrados y uno de ellos, el progresista Juan Carlos Campo, había anunciado que se abstendría de participar en el debate, dada su relación personal con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que es su pareja. El recurso aludía a la paralización de los trabajos de la Cámara baja para renovar el Poder Judicial.