Quienes ya dieron el paso de Vinicius: “Hay que denunciar y poner freno al racismo”

Cuando Alexander Betancourt decidió en 2019 montar su escuela de boxeo en el bajo de un edificio de Cáceres no se imaginaba que los ataques racistas de una vecina le obligarían a cerrar y mudarse a otro local. Este cubano, llegado a España en 2008, sufrió una campaña de hostigamiento que duró más de un año por parte de Yolanda G. V., una mujer que vivía en el mismo edificio. “Empezó tirándome basura por el patio interior”, recuerda Betancourt. “Después, al pasar por la puerta, me insultaba”. Y fue a más. Como mínimo, una vez a la semana, se presentaba en la escuela y le increpaba en presencia ...

Cuando Alexander Betancourt decidió en 2019 montar su escuela de boxeo en el bajo de un edificio de Cáceres no se imaginaba que los ataques racistas de una vecina le obligarían a cerrar y mudarse a otro local. Este cubano, llegado a España en 2008, sufrió una campaña de hostigamiento que duró más de un año por parte de Yolanda G. V., una mujer que vivía en el mismo edificio. “Empezó tirándome basura por el patio interior”, recuerda Betancourt. “Después, al pasar por la puerta, me insultaba”. Y fue a más. Como mínimo, una vez a la semana, se presentaba en la escuela y le increpaba en presencia de sus alumnos (muchos, niños) y sus padres. “¡Negro de mierda!”, “¡Negro guarro y asqueroso!”, “¡Te voy a cerrar el local!”, le gritaba, según dictaminó la justicia, que condenó a la vecina en 2022 a un año y seis meses de prisión por un delito de odio.

Betancourt decidió denunciar. Una iniciativa poco habitual en España. Según el informe sobre delitos de odio del Ministerio del Interior, cerca del 90% de víctimas de delitos de odio no denuncia —una gran parte, relativas a agresiones racistas— .

La Fiscalía General del Estado señala que el 38,5% de los 1.824 procedimientos judiciales abiertos en 2021 por delitos de odio se correspondieron con incidentes de racismo y xenofobia. Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos son invisibles en las estadísticas, coinciden el ministerio público, Interior, la Unión Europea y las organizaciones sociales. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE recalca en un informe que “la razón más común para no informar del incidente” es que los afectados creen que “nada va a suceder o cambiar”. “Al menos, un tercio de los encuestados piensa esto”, señala el documento, que incide en que “se debe aflorar esta problemática, al objeto de intentar reducir la cifra de infradenuncia existente”.

Úrsula Ruiz, abogada de SOS Racisme Catalunya, expresa su preocupación: “La mayoría de personas que acuden a nosotras, al entrevistarlas, nos cuentan que han sufrido episodios de racismo antes, pero que no lo denunciaron”. Las razones, añade, son múltiples: porque en el momento de padecerlos tenían preocupaciones mayores y no se veían con fuerzas para emprender otra lucha más; porque, cuando ocurrieron, no los detectaron como racismo; por el miedo a ser revictimizadas —al futbolista Vinicius Jr. se le ha escrutado tras denunciar el pasado domingo que sufrió insultos racistas durante el partido del Real Madrid contra el Valencia en el campo de Mestalla—; el temor a la respuesta que le den las propias instituciones “burocratizadas”; o porque se encuentran en situación irregular...

Casi una veintena de sentencias analizadas por EL PAÍS revelan parte de las dinámicas racistas que llegan a los tribunales. Agresiones físicas y verbales, referencias al color de la piel, gritos ordenando que los denunciantes se marchen a su supuesto país de origen. Aunque no todas acaban en condena.

Elena (nombre ficticio) trabajaba como cajera en una gran superficie de Alcalá de Henares (Madrid) y en junio de 2019 un cliente de unos 45 años se le acercó para que le cobrara. “En el momento en el que la empleada le devolvió el cambio y le entregó el tique de la compra, este salió volando impulsado por el viento, obligando [al cliente] a correr tras él para recuperarlo. Al regresar a la ventanilla de caja, visiblemente enfadado y con la finalidad de ofenderla, le dirigió expresiones como ‘negra de mierda’, ‘vete a tu país’, ‘puta negra’ e ‘hija de puta”, según ha considerado probada la justicia.

El tribunal, sin embargo, absolvió al hombre este pasado 21 de marzo. La Audiencia de Madrid descartó el delito de odio con estas palabras: “El incidente tuvo una duración mínima, de menos de 10 segundos. Fue un incidente aislado, no dirigido a que fuera presenciado por terceros, ni a incitar al odio o a la violencia, ni a ofender al grupo étnico al que pertenece la denunciante. El acusado actuó en un rapto de cólera [...] Nos hallamos ante una respuesta iracunda e injustificada de un cliente que reacciona grosera y ofensivamente contra un empleado concreto, no por pertenecer a una raza, sino por el trato recibido del mismo, sin que la conducta llevada a cabo presente diferencias perceptibles con lo que hasta su despenalización veníamos calificando de injurias leves”.

La abogada de Elena, que incide en que la sentencia ya se ha recurrido, explica la “frustración” que genera este tipo de respuestas de la justicia, mientras el miedo aún persiste en la víctima por cruzarse (en la calle o en su trabajo) con el hombre. La Fiscalía pedía una condena de ocho meses de prisión.

Úrsula Ruiz, de SOS Racisme Catalunya, añade que el estándar en España para condenar por delito de odio es “bastante elevado”, lo que se suma a que el trato que se le da a la víctima resulta algunas veces “brusco”, “frío” y “burocrático”, desalentando aún más a los denunciantes. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, solo hubo 91 condenas por este tipo de conductas en 2021: una tercera parte por racismo y xenofobia. El ministerio público añade en su memoria que, en dicho año, se dictaron en primera instancia un total de 25 sentencias absolutorias.

En 2021, la Audiencia de Madrid tampoco vio delito de odio en una campaña de Vox contra los menores migrantes, que incluyó mensajes contra ellos en su página web, perfiles de redes sociales y en carteles colocados en estaciones de Cercanías. La Fiscalía consideraba que se ponía en riesgo a este colectivo vulnerable, al que se vinculaba con la delincuencia. Pero el tribunal, entre sus argumentos, dijo: “[El tema se encuadra] en la legítima lucha ideológica-partidista en el marco de una contienda electoral, donde constituye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos [...] El cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los ‘menas”.

Betancourt, que pasó un año y medio esperando la condena, anima a denunciar. No era la primera vez que sufría racismo —“cuando llegué a España y trabajé en bares y discotecas, el insulto básico era ‘negro de mierda”—, pero en este caso se decidió porque la situación estaba afectando a su trabajo y a su integridad física, recuerda. “Está bien que sé de voz al caso de Vinicius para que estas cosas no sucedan, no solo en el mundo del deporte. Hay que denunciar y ponerle freno”, afirma.