La Fiscalía archiva las diligencias penales que inició contra el alcalde y cinco concejales de Albolote
El ministerio público solo aprecia irregularidades administrativas en la adjudicación del servicio de limpieza del municipio a una empresa creada pocos días antes del contrato
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada ha archivado las diligencias que abrió en septiembre pasado contra el alcalde popular del Ayuntamiento granadino de Albolote (18.198 habitantes) y los cinco miembros de la Junta de Gobierno Local (tres del PP y dos de Cs), que en junio del año pasado votaron a favor de la contratación del servicio de limpieza viaria de la localidad a una empresa, Hufoca Multiservi...
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada ha archivado las diligencias que abrió en septiembre pasado contra el alcalde popular del Ayuntamiento granadino de Albolote (18.198 habitantes) y los cinco miembros de la Junta de Gobierno Local (tres del PP y dos de Cs), que en junio del año pasado votaron a favor de la contratación del servicio de limpieza viaria de la localidad a una empresa, Hufoca Multiservicios SLU, en un procedimiento especialmente rápido y con algunas deficiencias administrativas. Ese servicio lo venía cubriendo hasta entonces el propio consistorio con un grupo de 30 personas que se seleccionaban de una bolsa de empleo creada con ese propósito.
La denuncia original provenía del PSOE local, que entendía que se había cometido un supuesto delito que podría encuadrarse como de prevaricación o malversación. La denuncia se basaba en ciertas deficiencias detectadas en la tramitación del expediente, principalmente una rapidez inusitada en la adjudicación del servicio, ciertos detalles temporales en los documentos –algunos estaban datados antes que otros que debían ser anteriores–, así como un informe desfavorable de la Secretaría General, la Intervención General y la jefa del Servicio de Contratación, en el que se advertía de las responsabilidades penales de adoptar esa decisión. El alcalde, Salustiano Ureña García, obvió este informe y siguió adelante con el trámite que acabó finalmente otorgando a Hufoca Multiservicios SLU el contrato de limpieza de la localidad, por un valor de 340.000 euros por un año de servicio. La empresa había sido constituida pocos días antes de la firma del contrato y no constaba que sus responsables tuvieran experiencia previa en el sector.
La conclusión de la Fiscalía, que ordenó una investigación sobre el asunto a la Guardia Civil, es que “si bien es cierto que la Junta de Gobierno Local [el equipo de gobierno, dirigido por el alcalde] acordó finalmente la adjudicación y la contratación del servicio prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, es deber de todos los municipios el prestar el servicio de limpieza siendo éste un mínimo obligatorio que debe ser prestado por todas las entidades locales”.
Ureña explicó entonces que la entrada en vigor de la reforma laboral en marzo de 2022 le impedía mantener el servicio de limpieza con trabajadores de la bolsa de personal laboral temporal que tenía el Ayuntamiento en ese momento. Eso le obligó a buscar una alternativa privada ya que, dijo, no tenía otra opción. No había tiempo para funcionalizar a quienes limpiaban las calles entonces y se recurrió a Hufoca, que desde entonces realiza el servicio, tras una prórroga firmada en enero de este año.
Ahora, la Fiscalía admite irregularidades administrativas –e insta a los demandantes a acudir a la vía contencioso-administrativa si quieren seguir con el caso–, pero dado que en aquel momento no le resultaba posible al Ayuntamiento seguir haciéndose cargo de la limpieza de Albolote con sus propios trabajadores, considera necesarias las medidas que el consistorio tomó para asegurar la higiene de la localidad.
En conversación con EL PAÍS, Ureña se ha mostrado “satisfecho con la decisión de la Fiscalía porque no solo se limita a archivar las diligencias sino que reconoce que no existe ningún delito penal”. También, explica Ureña, “dice la fiscal que no había ningún interés personal ni nadie que se beneficie del contrato”. El decreto de archivo de la fiscal Emilia A. Rancaño indica que la reforma “hizo necesario externalizar el servicio o crear en la plantilla plazas estructurales adscritas” a este servicio y que nadie en el equipo de gobierno tuvo conciencia de que esa adjudicación fuera injusta, lo que elimina el posible delito de prevaricación.
El alcalde de Albolote ha explicado que en unas semanas concluirá el proceso que permitirá convertir en personal fijo del Ayuntamiento a 12 de los 30 trabajadores de aquella bolsa original de trabajo “y comenzarán a trabajar en el servicio de limpieza”. “La empresa se hará cargo del centro de la ciudad y nuestro personal de las urbanizaciones”, añade Ureña.