ERC y Bildu tumban por insuficiente la reforma de la ‘ley mordaza’ entre reproches por el fracaso

La Comisión de Interior ha certificado este martes la defunción del proyecto que iba a reformar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza. El anunciado voto en contra de ERC y EH Bildu al proyecto si no se recogía en el articulado varios cambios que consideraban imprescindibles, entre ellos la ...

La Comisión de Interior ha certificado este martes la defunción del proyecto que iba a reformar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza. El anunciado voto en contra de ERC y EH Bildu al proyecto si no se recogía en el articulado varios cambios que consideraban imprescindibles, entre ellos la prohibición expresa del uso de las pelotas de goma por parte de la policía para hacer frente a altercados callejeros, se ha mantenido y, con ello, el texto ha decaído y no llegará finalmente al pleno de la Cámara baja. De nada ha servido el intercambio de textos alternativos que se ha producido durante las tres horas que ha durado la sesión entre los seis grupos partidarios de la reforma. Tampoco los corrillos que han intentado in extremis conseguir que ambos partidos nacionalistas al menos se abstuvieran para que la norma superase este trámite parlamentario y poder seguir negociando dos semanas más, hasta que se debatiera en pleno, para intentar llegar a un acuerdo.

Los dos partidos, que ya habían difundido este martes a primera hora un vídeo en el que se reafirmaban en su negativa a apoyar el proyecto, han votado finalmente no al texto “en los términos” en los que lo presentaban PSOE, Unidas Podemos y PNV. Su apoyo o al menos su abstención era imprescindible y ninguno de los dos se ha producido. El proyecto de reforma de la ley mordaza es ya pasado por 19 votos en contra (además de los de estos dos partidos, los de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y Grupo Mixto) y 18 a favor (los de los dos partidos del Gobierno y el PNV). La ley de seguridad ciudadana que aprobó el PP con su mayoría absoluta en 2015 seguirá en vigor.

Los principales sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil, que han salido varias veces a la calle para protestar contra los cambios, han mostrado rápidamente su satisfacción por el fracaso de la reforma. El PP, también, con aplausos al final de la comisión. Enfrente, los partidos que la apoyaban y que han comenzado un cruce de acusaciones sobre de quién era la responsabilidad última del fiasco. ONG, como Amnistía Internacional, Greenpeace o No Somos Delito, lanzaban poco después un comunicado en el que tildaban de “noticia pésima” que la reforma no continuara su trámite parlamentario. “Esta norma ha impactado de forma muy negativa en el derecho a la protesta, a la libertad de expresión y en los derechos de las personas migrantes y refugiadas, durante los casi ocho años que lleva en vigor”, recordaban.

Pese a que el fiasco de la negociación estaba anunciado desde este lunes, cuando ERC hizo público que votaría en contra, los contactos entre los seis partidos se han mantenido incluso cuando sus portavoces en la Comisión de Interior intervenían en el debate previo a las votaciones. El intercambio de documentos entre los diputados, las conversaciones cruzadas y, finalmente, los corrillos intentaban desbloquear la situación y conseguir que el proyecto superase el trámite de la comisión. Los primeros en mover ficha han sido ERC y Bildu, que han presentado por sorpresa enmiendas a los cuatro puntos que han frustrado el acuerdo: el uso de material antidisturbios, la desobediencia a la policía, las faltas de respeto a los agentes y las devoluciones en caliente. Planteaban que si las apoyaban el resto de grupos favorables a la reforma, votarían a favor y la reforma seguiría adelante. En los nuevos textos se recogía, por ejemplo, que quedaría “prohibido expresamente el uso de los proyectiles cinéticos conocidos como balas de goma” o que solo serían sancionables las faltas de respeto cuando estas fueran “insultos o injurias”. Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada de plano por el resto de los grupos.

El último conato de acuerdo se ha producido instantes antes de la votación de las enmiendas y del texto de la ponencia. En esos minutos se han congregado en la zona que ocupaba el grupo socialista los diputados de los seis partidos que defendían la reforma para intentar in extremis salvar la situación. PSOE, Unidas Podemos y PNV han planteado a los representantes de ERC y EH Bildu que, dada la similitud entre las enmiendas que habían presentados y las que ellos habían planteado la semana pasada, que apoyasen que la norma siguiera el trámite parlamentario. La respuesta de los dos partidos ha sido que si consideraban que eran muy parecidas, que votasen las suyas si querían al menos, su abstención. No ha habido acuerdo e, incluso, se han vivido momentos de tensión entre el representante de Unidas Podemos, Enrique Santiago, y la diputada de ERC, María Carvalho, según detallan fuentes presentes en la conversación. Minutos después, la votación confirmaba el fracaso.

La negociación de esta reforma no la ha llevado directamente Podemos, sino Santiago, líder del PCE y coportavoz de UP. “Enrique Santiago ha hecho un trabajo excepcional en la negociación de esta ley y se lo quiero reconocer. La cantidad de avances son muy importantes, nosotros vamos a votar a favor del dictamen”, reconocía Echenique después de que su partido hubiera tachado de “demandas perfectamente legítimas” las de ERC y EH Bildu. “El tema es que entre el PSOE y UP no tenemos mayoría absoluta (…) hay que convencer a otras fuerzas que pueden tener otros planteamientos, y hay que respetarlos”, incidió. Santiago ha respondido al exdirigente de Unidas Podemos Pablo Iglesias asegurando que el texto original de la ley mordaza no mencionaba ni “una sola vez” las pelotas de goma. Iglesias ha dado la razón “a ERC, Bildu y Podemos” por exigir que la reforma legal acabara “de una vez” con las pelotas de foam.

Las intervenciones previas a la votación ya apuntaban en ese sentido. “No nos hacemos ni cómplices ni responsables de una nueva ley que permita sancionar a un agente a su libre albedrío, no elimine las pelotas de goma y mantenga las devoluciones en caliente”, había recalcado Iñarritu. Por su parte, Carvalho acusaba al PSOE de “defraudar” a su electorado al permitir que siga en vigor una ley que, en su opinión, “algunos agentes han utilizado para multar sin límite y sin control”. “ERC no puede asumir una reforma de la ley mordaza que se quede corta. Es más, cortísima”, recalcaba.

“Electoralismo”

Enfrente, Unidas Podemos llamaba a ambas formaciones a cambiar su posición inicial. “Sería un drama dejar caer hoy [por este martes] la reforma habiendo tiempo”, se lamentaba Santiago, quien alertaba que el fracaso de la reforma supondría “cinco años más con la ley mordaza de Rajoy”. Por el PSOE, su portavoz en la comisión, David Serrada, insistía en la necesidad de seguir negociando e insistía en que este proyecto era, tras más de un año de reuniones, “la ley más trabajada de la legislatura”. Serrada ha aprovechado su intervención para tachar la postura de ERC y EH Bildu de “electoralismo”. El PNV, impulsor de la reforma, también se lamentaba y recordaba que la cercanía del fin de la legislatura hacía ya imposible retomar la reforma hasta después de las próximas elecciones generales.

Mientras, los tres partidos de la derecha no ocultaban su alegría por el fracaso de la negociación de los socios de investidura. Ana Vázquez, del PP, tildaba de “chapuza” el proyecto de reforma y, de nuevo, cargaba contra algunos de los cambios que los seis partidos ya habían acordado incluir, como la reducción de la cuantía de las multas o que estas se modulen en función de los ingresos del infractor. Vázquez reclamaba incluso endurecer el actual texto de la ley mordaza. En la misma línea se manifestaron los portavoces de Vox, que incluso aprovechó su intervención para lanzar un discurso xenófobo.

En el camino quedan los acuerdos que habían alcanzado los seis partidos favorables a la reforma para modificar 36 artículos del medio centenar que tiene la ley. Entre ellos, el que iba a rebajar las sanciones en un 50% si el infractor ganaba menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI, fijado en la actualidad en 14 pagas de 1.000 euros) o el que permitía la celebración de protestas sin comunicación previa “ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata”. Los acuerdos alcanzados también contemplaban suprimir la advertencia legal y posible sanción por desobediencia a los trabajadores sexuales que ejercen en la vía pública, y dejaba de sancionar la ocupación de la vía pública para la venta ambulante, el conocido como top manta.