La Guardia Civil toma declaración como investigado a un tercer alto mando por el amaño de obras en cuarteles

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha tomado declaración como investigados dentro del caso Cuarteles, en el que se investiga el supuesto amaño de contratos de obras en 13 comandancias, a decenas de agentes del instituto armado, entre ellos un teniente coronel que estaba destinado en Alicante, según se recoge en un reciente auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS y confirman fuentes del instituto armado. Fuentes judiciales detallan que, pese a ello, la jueza de Madrid que instruye la causa no tiene previsto imputarlo ni a él ni a ningún otro agente interrogado por ...

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha tomado declaración como investigados dentro del caso Cuarteles, en el que se investiga el supuesto amaño de contratos de obras en 13 comandancias, a decenas de agentes del instituto armado, entre ellos un teniente coronel que estaba destinado en Alicante, según se recoge en un reciente auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS y confirman fuentes del instituto armado. Fuentes judiciales detallan que, pese a ello, la jueza de Madrid que instruye la causa no tiene previsto imputarlo ni a él ni a ningún otro agente interrogado por Asuntos Internos, a la espera de recibir el informe pericial que ha encargado para determinar el alcance de las supuestas irregularidades detectadas. En la investigación judicial únicamente están encausadas en la actualidad cuatro personas. Dos son altos mandos del instituto armado. Los otros dos, empresarios, según confirman estas mismas fuentes.

Los dos guardias civiles ya imputados son el teniente general Pedro Vázquez Jarava, señalado como supuesto cabecilla de la trama, y el teniente coronel Carlos Alonso. El primero fue hasta su jubilación en enero de 2018 el responsable de la Subdirección General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución. Vázquez Jarava está acusado de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación. El teniente coronel Alonso era, cuando ocurrieron los hechos, el jefe de la Comandancia de Ávila, donde se inició la investigación. Destinado actualmente en Madrid, se le atribuyen supuestos delitos de falsedad documental y malversación.

También están imputados dos empresarios. Uno es el constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, tres de cuyas empresas resultaron adjudicatarias de los contratos bajo sospecha. Se da la circunstancia de que este empresario también aparece citado en el sumario del caso Mediador por su participación en una reunión de varios de los implicados de esta otra trama de corrupción en la que aparece otro general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, y el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Fuentes de la investigación descartan por ahora una conexión entre ambas causas. El segundo empresario señalado en el caso Cuarteles es S. G., cuyos datos utilizó Tejera de León para hacer facturas supuestamente falsas. Un cuarto mando del instituto armado, el coronel José María Tienda, fue cesado el miércoles por el Ministerio del Interior como jefe de la Guardia Civil en Tenerife también por estos hechos, aunque hasta ahora no ha sido imputado.

Las pesquisas que han destapado el supuesto fraude se iniciaron en mayo de 2018, después de que el Ministerio del Interior recibiera un escrito anónimo en el que se denunciaban irregularidades en los contratos de obras de la Comandancia de Ávila. Desde entonces, la investigación se ha extendido a otras 12 provincias y afecta ya a 193 contratos con un valor estimado de 3,3 millones de euros. Una de ellas es la de Alicante, donde estaba destinado el teniente coronel al que la Guardia Civil ha interrogado como investigado. Según un documento judicial, Asuntos Internos de la Guardia Civil ha interrogado a varios altos mandos de las comandancias afectadas y, al menos, cinco de ellos coincidieron en señalar que supuestamente recibieron instrucciones directas del general Vázquez Jarava para que contrataran obras de mejoras en los acuartelamientos ―principalmente de pintura e impermeabilización― con el empresario canario.